La Fiscalía ordena el arresto de los líderes de la Segunda Marquetalia por el asesinato del senador Uribe

Testimonios, registros telefónicos y análisis de ubicación comprometen a los máximos jefes de la disidencia de las FARC, quienes habrían planificado el crimen para afectar el sistema democrático, según la fiscal general Luz Adriana Camargo

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La inclusión de registros telefónicos, análisis detallados de ubicación de teléfonos móviles y conversaciones interceptadas permitió a la Fiscalía General de Colombia identificar a los máximos responsables del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Esta evidencia, sumada a los testimonios directos de los involucrados, condujo a que la Fiscalía emitiera órdenes de arresto contra los principales líderes de la disidencia armada Segunda Marquetalia, según informó la revista Semana.

La decisión judicial, comunicada tras una serie de investigaciones, se fundamentó especialmente en las declaraciones de Simeón Pérez Marroquín, alias "El Viejo", quien ya recibió una condena de 22 años de prisión por coordinar el crimen. Pérez Marroquín, a través de su testimonio, introdujo nuevos elementos que señalan al liderazgo de las FARC-EP Segunda Marquetalia como instigadores del asesinato, detalló la publicación Semana. Entre los señalados figura el líder del grupo, Luciano Marín Arango, conocido como "Iván Márquez", que actualmente, según la Fiscalía, reside en Caracas, la capital de Venezuela. La autoridad colombiana ofrece una recompensa de 5.000 millones de pesos colombianos (1,6 millones de euros) a quien aporte información que conduzca a su captura.

Según la información divulgada por Semana, las órdenes de arresto también alcanzan a Gener García, llamado "Jhon 40", y a José Sierra Sabogal, alias "Zarco Aldinever". La acusación sobre este último resulta relevante ya que, hasta ahora, había circulado la versión de que "Zarco Aldinever" había muerto en combate en la frontera entre Colombia y Venezuela durante agosto de 2025, enfrentamiento en el que habría participado la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La nueva orden de detención desmiente la versión difundida por las autoridades colombianas, estableciendo que el señalado sigue activo y relacionado con el asesinato.

La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, explicó en una rueda de prensa que las pruebas recabadas incluyen no sólo los interrogatorios a responsables directos del atentado, sino también un conjunto de registros de llamadas, geolocalizaciones y conversaciones interceptadas que ubican de manera precisa a los sospechosos en sitios y momentos determinantes para la organización y ejecución del crimen, reportó el medio Caracol Radio. La Fiscalía sostiene que el crimen se planificó con el objetivo de incidir sobre las instituciones democráticas y desestabilizar los procesos políticos en el país.

El hecho que motivó estas acciones judiciales fue el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido en agosto de 2025, como consecuencia de las heridas sufridas dos meses antes. Uribe recibió un disparo efectuado por un joven de 15 años y, tras permanecer hospitalizado, perdió la vida. Semana consignó que el país experimentó una profunda conmoción, pues el atentado recordaba momentos de alta violencia política vividos en las décadas de los 80 y 90, época caracterizada por ataques sistemáticos contra dirigentes y candidatos.

La condena a Simeón Pérez Marroquín se suma a las penas impuestas contra otros participantes del complot. Carlos Mora González y Katherine Martínez fueron sentenciados a 21 años de prisión debido a su implicación en el homicidio, según publicó la revista Semana. En las primeras etapas de la investigación, hasta nueve personas fueron detenidas por las autoridades, en relación con su participación en la planificación y ejecución del atentado.

Al exponer los motivos detrás del asesinato, la fiscal Luz Adriana Camargo reiteró que los implicados buscaron afectar el funcionamiento del sistema político del país y atentar contra la democracia mediante este magnicidio. La Fiscalía, con el soporte de testimonios, tecnología y el cruce de múltiples fuentes de información, avanza en la judicialización de los líderes de la Segunda Marquetalia, detalló Semana, mientras mantiene la recompensa para quienes faciliten la captura de los principales responsables.