Interior registra 244 incidentes en operaciones contra el narcotráfico desde 2018 dentro del Plan del Campo de Gibraltar

Las actuaciones policiales en la lucha contra el narcotráfico en la costa andaluza han dado como resultado 244 incidentes desde 2018 en el marco del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, una cifra recogida en la respuesta parlamentaria del Gobierno a la que accedió Europa Press, en la que se aborda el aumento de ataques y reyertas violentas a agentes y la exigencia sindical de obtener una protección reforzada. El Ejecutivo detalló que, solo en la provincia de Sevilla, recientemente un agente resultó gravemente herido por disparos durante una intervención, lo que ha reavivado el debate sobre las condiciones de seguridad de los profesionales.

De acuerdo con Europa Press, el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, activo desde 2018 y recientemente renovado con un presupuesto adicional de 38,2 millones de euros, actúa sobre las seis provincias de la costa andaluza más Sevilla. Este plan ha supuesto la realización de más de 47.800 operativos, donde se han incautado 2,2 millones de kilos de droga, compuesto en un 85% por hachís. Además, durante estos despliegues, las fuerzas del orden han confiscado 3.100 armas de fuego, más de 2.000 embarcaciones y dos millones de litros de gasolina.

Europa Press informó que el Gobierno contestó a una consulta del Partido Popular sobre los mecanismos de protección y la cuantía de incidentes sufridos por agentes en la lucha contra el crimen organizado. En ese contexto, el Ejecutivo aclaró que los agentes de policía y guardias civiles cuentan con equipamientos adecuados, incluyendo chalecos balísticos y recursos específicos para operaciones marítimas, siguiendo protocolos dirigidos a minimizar riesgos durante sus labores. El cuerpo policial destinado a la tarea se reforzó en más de un 14%, situándose en 26.262 efectivos, sin contar aquellos que acuden de forma temporal bajo comisión de servicios.

Desde el inicio de este plan en 2018, la Secretaría de Estado de Seguridad ha invertido más de 75,5 millones de euros, según precisó el Ministerio del Interior en declaraciones recogidas por Europa Press. La lucha contra el crimen organizado figura, según el Ejecutivo, como una prioridad de política de seguridad pública, con una “muy considerable” ampliación de recursos y personal si se compara con el periodo 2012-2018.

Fuera del alcance directo de este plan, pero relacionado con el escenario de violencia creciente, los sindicatos policiales siguen planteando que se reconozca la profesión policial como de riesgo, dada la tendencia ascendente en el número de agresiones y delitos violentos contra agentes. La Confederación Española de Policía (CEP) emitió una nota de prensa que advierte de 2.115 reyertas más en 2025 respecto al año anterior, estadísticas vinculadas a lesiones graves y altercados tumultuarios, según datos del Ministerio del Interior recogidos por Europa Press. Este incremento deja un balance de 31.481 infracciones penales clasificadas en los artículos 147 a 152 y 154 del Código Penal, lo que representa la cifra más alta reportada en la última década.

El análisis de la CEP, citado por Europa Press, identificó que Andalucía lidera estos registros, acumulando el 18,6% de los casos en España, por delante de Cataluña (13,4%), la Comunidad Valenciana (12,6%) y la Comunidad de Madrid (12,1%). Estas cuatro comunidades concentran, juntas, casi el 57% de los delitos de violencia callejera del territorio nacional. La organización sindical advirtió que, desde la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior, las infracciones de este tipo se han incrementado un 72%.

La preocupación sindical apunta a los riesgos que asumen diariamente los policías y solicita medidas adicionales, entre ellas, la elaboración de un real decreto que regule el seguro de responsabilidad civil específico para el colectivo. El sindicato señaló que el fenómeno de la violencia en la calle y los ataques directos a los agentes representa una amenaza para la seguridad de los profesionales y subrayó la urgencia de abordar la situación con nuevas herramientas legales y recursos que garanticen su integridad durante el ejercicio de su labor.

En el contexto del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, Europa Press consignó que los incidentes reportados engloban ataques de diversa índole contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante su enfrentamiento con redes delictivas. Aunque el Gobierno no detalló la gravedad de los sucesos ni los discriminó por tipo, los datos reflejan el nivel de exposición de los agentes en operaciones contra organizaciones criminales dedicadas, especialmente, al tráfico de hachís y otros estupefacientes, así como al contrabando de combustibles y armas.

La cartera de Interior insistió, según Europa Press, en que los medios materiales adjudicados a las dotaciones policiales responden a los riesgos identificados y desarrollan protocolos de protección adaptados a la tipología de las amenazas. El refuerzo policial, la dotación de recursos y el volumen de operaciones ejecutadas forman parte de una estrategia integral para contener el avance del crimen organizado en el sur de la península, al tiempo que se responde a los desafíos de seguridad emergentes en la zona.

El balance provisional del plan hasta noviembre de 2025 incluye la intervención de grandes cantidades de sustancia ilícita, armas y embarcaciones empleadas por el crimen organizado, así como de combustible destinado a facilitar el transporte fuera de las vías legales. Las estadísticas, tanto de los operativos como de los incidentes con agentes, son utilizados por los sindicatos policiales y por partidos políticos en el debate sobre la necesidad de ajustar los criterios de protección profesional y el diseño de nuevas políticas de seguridad pública para afrontar el actual escenario delictivo en Andalucía y otras comunidades afectadas.