La obligación de presentar una fianza de 15.000 dólares afecta ya a casi medio centenar de países, sumando a los 38 previos, a partir del 2 de abril, a otras doce naciones entre las que se encuentran Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez. Según consignó el medio, las autoridades estadounidenses prevén que este mecanismo incentive el cumplimiento de los plazos de estancia otorgados bajo los visados de turismo y negocios (categorías B1 y B2), permitiendo que el depósito sea devuelto a quienes respeten las condiciones del permiso o decidan no viajar, de acuerdo con lo publicado por el Departamento de Estado en un comunicado oficial.
Tal como informó la fuente, Estados Unidos ha decidido ampliar el programa de fianzas para visados con el objetivo de disuadir las estadías irregulares que superan el plazo autorizado. El Departamento de Estado ha señalado que este sistema busca reforzar los controles migratorios y reducir los costes que generan las deportaciones a cargo de fondos públicos estadounidenses. El propio Gobierno federal detalló que expulsar a una persona en situación irregular representa un desembolso promedio superior a los 18.000 dólares.
El medio añadió que la Administración estadounidense calcula que los contribuyentes podrían ahorrar hasta 800 millones de dólares (casi 698 millones de euros) anuales, recursos que de otro modo se asignarían a gestionar la salida forzosa de quienes sobrepasan la duración permitida por sus visados. Según el último balance dado a conocer por las autoridades federales, el programa ya se ha aplicado a cerca de 1.000 extranjeros desde su implantación. El 97% de ellos regresaron a sus países de origen de manera puntual tras visitar Estados Unidos bajo esta modalidad de visado. No obstante, durante el último año del Gobierno de Joe Biden, se identificó que 44.000 personas procedentes de los 50 países incluidos en la lista permanecieron en el territorio estadounidense más tiempo del autorizado.
El Departamento de Estado aclaró que esta política se extenderá a un total de 50 países, incorporando a los nuevos doce y manteniendo en vigor la obligación de la fianza en otras 38 naciones, como Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Benín, Bután, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, República Centroafricana, Costa de Marfil, Cuba, Yibuti, Dominica, Fiyi, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bisáu, Kirguistán, Malaui, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Tayikistán, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia y Zimbabue.
El comunicado oficial publicado por la Administración estadounidense insiste en que quienes cumplan con los requisitos del visado y retornen dentro de los plazos previstos recibirán el reembolso íntegro de la fianza depositada. También puntualiza que la medida estará vigente tanto para viajes de turismo como para asuntos empresariales bajo las categorías B1 y B2 de visados.
La ampliación del sistema de fianzas podría extenderse a más países en un futuro, advirtió el Departamento de Estado. El Ejecutivo defendió que medidas como esta permiten evitar cargas adicionales al presupuesto público derivadas de los costes que implica proceder a la expulsión de ciudadanos extranjeros que no respetan los plazos de sus permisos de estancia.
El mecanismo de fianzas para visados, según reportó el medio, está diseñado para reducir las oportunidades de fraude y mejorar la gestión de los flujos migratorios temporales hacia Estados Unidos, especialmente entre ciudadanos de países con elevados índices históricos de personas que han excedido el tiempo permitido de permanencia bajo permisos de entrada temporales.
El sistema de reembolso incluye también a quienes, aun tras obtener el visado y haber depositado la fianza, decidan no concretar su viaje a territorio estadounidense. Por otro lado, el Departamento de Estado aclaró que el monto de la fianza, equivalente a 13.000 euros, se fija con base en el coste estimado que generan los procedimientos de expulsión y actúa como incentivo financiero para el cumplimiento de los términos del visado.
El Gobierno estadounidense concluyó que este procedimiento administrativo busca equilibrar la apertura al turismo y los negocios con la necesidad de asegurar que las estancias sean temporales y ajustadas a los límites legales establecidos en la normativa migratoria vigente.
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