El Senado aprueba una moción de PP para descontaminar Palomares sin el apoyo de PSOE: "Es técnicamente posible"

La falta de consenso internacional y la ausencia de un acuerdo diplomático con Estados Unidos para la gestión de los residuos radiactivos provenientes del accidente de Palomares continúan condicionando la resolución de un problema que afecta a más de 1.300 habitantes en Almería tras seis décadas del incidente. Según detalló el medio Europa Press, la Comisión de Transición Ecológica del Senado aprobó una moción presentada por el Partido Popular (PP) que exige al Gobierno español iniciar la descontaminación de los terrenos afectados mediante una estrategia técnica revisada, así como garantizar la participación pública y asegurar respaldo financiero. La moción, que salió adelante sin el respaldo del PSOE y con apoyo del grupo Izquierda Confederal, plantea como urgente emprender acciones que permitan almacenar temporalmente la tierra contaminada mientras se avanza en su traslado definitivo a Estados Unidos.

El medio Europa Press informó que la moción contempla la actualización antes de fin de año del Plan de Rehabilitación de Palomares (PRP), elaborado por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) desde 2010. Además, insta a definir un plan de descontaminación técnico aplicable a partir de julio de 2027, que permitiría gestionar y almacenar provisionalmente los residuos radiactivos en el país, siempre sujeto a una modificación legislativa mínima para posibilitar este almacenamiento temporal. El senador del PP Jesús Caicedo sostuvo durante su intervención que la descontaminación de Palomares es posible técnicamente y jurídicamente viable con los ajustes necesarios, criticando que hasta ahora la falta de avances se ha debido, en gran parte, a la preferencia de España por “negociar sus vergüenzas antes que reparar sus deudas”.

Según consignó Europa Press, Caicedo también afirmó que la inacción incrementa el riesgo ambiental y deteriora la imagen internacional de España, enfatizando la necesidad de involucrar a la ciudadanía y las entidades afectadas a través de mecanismos de transparencia y consulta pública. En su intervención, el senador pidió el apoyo de todos los grupos parlamentarios para ejecutar de manera inmediata el plan de limpieza y recalcó la urgencia de actuar tras más de 60 años desde que el choque de dos aviones estadounidenses esparció aproximadamente nueve kilos de plutonio sobre 629 hectáreas en Palomares y la Sierra Almagrera. Recordó que el Ministerio para la Transición Ecológica posee la competencia para ordenar la ejecución del PRP, tal y como también demanda Ecologistas en Acción en una causa judicial actualmente pendiente de resolución en la Audiencia Nacional.

Por otro lado, el senador del PSOE José Antonio Valbuena expresó el rechazo al texto del PP, argumentando que la situación sobrepasa la mera actualización técnica y requiere un enfoque más estructurado en cuanto al tratamiento, categorización, transporte y disposición final de los residuos radiactivos. Según reportó Europa Press, Valbuena subrayó que el PRP es sólo un documento preliminar y carece de un sistema completo de gestión para los materiales contaminados, un elemento fundamental según su criterio que haría necesaria una serie de acuerdos internacionales con Estados Unidos. El senador socialista defendió la labor del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y los informes de vigilancia radiológica, asegurando que no existe “riesgo radiológico significativo” ni para los habitantes de Palomares ni para el entorno natural, por lo que evitó respaldar cualquier actuación unilateral.

Europa Press detalló que la moción aprobada, con 19 votos favorables, nueve en contra y dos abstenciones, pide la publicación proactiva en los portales de transparencia de toda la información relativa al PRP revisado y su ejecución. Asimismo, solicita la apertura de una consulta pública a través de la web de la Administración competente para recoger las opiniones de las organizaciones representativas y las personas potencialmente afectadas por los resultados del plan. Además, la propuesta urge al Gobierno a promover cambios legislativos antes de finalizar 2026 que habiliten las condiciones técnicas e instalaciones necesarias para el almacenamiento temporal de los residuos radiactivos, sin afectar las negociaciones diplomáticas que buscan el traslado definitivo de los residuos a territorio estadounidense.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la moción también pide al Ministerio para la Transición Ecológica declarar los terrenos afectados como “suelos contaminados por radiactividad” para atribuir las responsabilidades pertinentes bajo el principio de “quien contamina paga”. En este sentido, se postula reconocer a Estados Unidos, en su caso, como contaminador originario. Se solicita activar los mecanismos de ejecución forzosa contemplados en la legislación vigente, coordinando con el Ciemat y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) para implementar las medidas de descontaminación del PRP revisado una vez decidido el destino final de los residuos.

Otra medida relevante incluida en la moción plantea la habilitación de una partida presupuestaria plurianual que se implante desde el ejercicio presupuestario de 2027 y se prolongue, si es necesario, en 2028 y años sucesivos. De este modo, se pretende garantizar la financiación de las actuaciones propuestas en el plan técnico revisado. También se solicita al Ejecutivo que informe periódicamente, cada seis meses, a la Comisión de Transición Ecológica del Senado sobre los avances logrados frente a los compromisos planteados en la moción.

Según recopiló Europa Press, la controversia por la descontaminación de Palomares tiene origen en 1966 cuando ocurrió el accidente nuclear que dispersó material radiactivo, lo que desencadenó numerosas demandas sociales y políticas en busca de su rehabilitación. El PP reiteró la postura de que la prolongación del proceso ha impactado negativamente tanto en la confianza de los ciudadanos de Palomares y Cuevas del Almanzora como en la percepción internacional de los compromisos ambientales de España. La moción aprobada representa una nueva petición formal para que el Gobierno afronte tanto las necesarias actualizaciones técnicas como los requerimientos de transparencia, implicación ciudadana e impulso presupuestario y legislativo, mientras mantiene las negociaciones diplomáticas con Estados Unidos, responsable de la carga original de residuos radiactivos.