CK Hutchison reclama 1.723 millones de euros a Panamá por "daños y perjuicios" en disputa por los dos puertos

CK Hutchison sostuvo en un comunicado que continuará con el reclamo internacional y no aceptará una solución simbólica ante la intervención de las autoridades panameñas en los puertos de Balboa y Cristóbal, al tiempo que exige la devolución de activos y documentos incautados tras lo que consideran una incautación ilegal por parte del Estado. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la empresa de Hong Kong presentó una demanda arbitral internacional en la que exige al menos 2.000 millones de dólares (1.723 millones de euros) en concepto de daños y perjuicios derivados de lo que define como la "adquisición ilegal" de estas terminales portuarias, ubicadas en el Canal de Panamá.

Según detalló Europa Press, la solicitud de CK Hutchison se formalizó ante la Cámara de Comercio Internacional, donde el grupo portuario expuso que las autoridades panameñas realizaron declaraciones públicas en las que, a su juicio, se malinterpretaron o distorsionaron los montos implicados en la disputa. La compañía expresó que, además de la demanda arbitral, presentó una notificación complementaria de controversia amparada en un tratado bilateral de inversión, señalando la ausencia de procesos claros de consulta y transparencia previos a la toma de control de sus activos.

El conflicto entre CK Hutchison, a través de su filial Panama Ports Company (PPC), y el Estado panameño se intensificó tras la decisión de la Autoridad Marítima de Panamá de tomar posesión de los puertos de Balboa y Cristóbal. Según consignó Europa Press, esta acción se produjo luego de que la Corte Suprema de Panamá anulase la concesión de PPC, habilitando así la intervención estatal de las instalaciones portuarias estratégicas del canal. Desde entonces, las operaciones han permanecido bajo administración transitoria de Maersk y MSC, que lideran la gestión durante un período de transición de hasta 18 meses.

Europa Press reportó que CK Hutchison y PPC sostienen que la aplicación del decreto que permitió la incautación de sus activos carecía de base legal conforme a los términos del contrato de concesión y tratados internacionales. El grupo solicitó formalmente que el gobierno panameño devuelva materiales y documentación que consideran de su propiedad y que, a su entender, fueron tomados sin fundamento jurídico válido.

La disputa judicial se enmarca en años de desacuerdos respecto al cumplimiento de las condiciones de la concesión original otorgada a Panama Ports Company. CK Hutchison, según el comunicado reproducido por Europa Press, acusa al Estado panameño de llevar a cabo una política "antiinversora" y de incurrir en violaciones sustanciales de los compromisos previamente adquiridos, lo que a su juicio explicita el reclamo por daños económicos y financieros.

PPC y CK Hutchison enfatizaron que buscarán la reparación integral y no desistirán ante la magnitud del perjuicio que, según alegan, les ha causado la intervención estatal. La empresa se basa no solo en la presunta ilegalidad del procedimiento, sino también en aspectos que califican como falta de protección de sus inversiones, falta de consulta y negación de procesos adecuados antes de la asunción del control por parte del Estado.

Europa Press reseñó que el control temporal por parte de Maersk y MSC responde a la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios y el funcionamiento logístico del canal, mientras se resuelve la administración definitiva de ambos puertos. Esta medida apunta a evitar interrupciones en el tráfico marítimo internacional que transita por el Canal de Panamá, ruta de relevancia global.

La controversia abierta y el reclamo financiero presentado por CK Hutchison ante la Cámara de Comercio Internacional agregan presión en el plano internacional sobre el gobierno panameño. Según destacó Europa Press, la estrategia de la empresa asiática incluye recursos legales en diversas instancias y la intensificación del litigio arbitral, con la intención de obtener una compensación proporcional al presunto impacto económico de la decisión estatal.

Mientras continúan desarrollándose los procedimientos ante los distintos tribunales y foros internacionales, la situación en los puertos de Balboa y Cristóbal permanece bajo la observación de la comunidad portuaria e inversores internacionales, atentos al desenlace de una disputa que involucra montos multimillonarios y la soberanía sobre infraestructuras clave en la región.