Según información consignada por Europa Press, la instrucción judicial iniciada en Madrid examina el papel de Cloudflare y de su consejero delegado, Matthew Prince, en la presunta facilitación de actividades de piratería vinculadas a la transmisión de eventos deportivos en España, con un impacto económico anual estimado en 859 millones de euros. El Juzgado de Instrucción número 50 de la capital ha citado al directivo estadounidense a declarar como investigado el próximo 7 de abril por supuestos delitos contra la propiedad intelectual, amenazas o coacciones y obstrucción a la justicia, en el marco de una querella presentada por LaLiga y Movistar Plus+ (Telefónica Audiovisual Digital).
El procedimiento, aceptado a trámite según reportó Europa Press, atribuye a Matthew Prince y a la empresa estadounidense Cloudflare Inc. una operativa dirigida a dificultar la ejecución de una sentencia dictada en diciembre de 2024 por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona. Esa resolución facultaba a las operadoras audiovisuales a notificar a los proveedores de acceso a Internet las direcciones IP asociadas a transmisiones ilícitas de fútbol. Se incluyeron direcciones IP relacionadas con los servicios que facilita Cloudflare, figura también querellada como persona jurídica, junto a la filial europea Cloudflare Portugal Unipessoal Lda.
La investigación penal constituye la primera citación de estas características en España contra una compañía tecnológica estadounidense por hechos relacionados con la propiedad intelectual. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la querella, presentada por LaLiga y Movistar Plus+, imputa tanto al CEO como a la matriz de Cloudflare el haber implementado mecanismos tecnológicos que impiden la eficaz identificación y bloqueo de plataformas dedicadas a la distribución ilícita de contenidos de fútbol. En concreto, se señala que aproximadamente el 38 por ciento de todos los portales, servidores, reproductores y plataformas ilegales de transmisión en España utilizarían infraestructura y servicios proporcionados por Cloudflare.
El texto de la querella describe el funcionamiento de la red de distribución de contenidos (CDN) y el sistema ‘reverse proxy’ de Cloudflare como herramientas centrales en la ocultación de la ubicación real de las plataformas piratas. La demanda sostiene que estos mecanismos no solo hacen posible el ocultamiento de las direcciones IP auténticas de los servidores involucrados, sino que brindan alojamiento temporal, transporte y almacenamiento en caché de las transmisiones ilícitas, lo que coloca a Cloudflare como una pieza imprescindible en la cadena de la piratería audiovisual, según los querellantes.
Los documentos judiciales citados por Europa Press detallan que Cloudflare habría recibido más de 114 notificaciones formales, remitidas casi diariamente durante jornadas de competición, con información precisa sobre servicios ilícitos presuntamente protegidos por su red. Pese a esa cantidad de alertas, las acusaciones apuntan a que la empresa no adoptó acciones eficaces para finalizar la actividad ni bloqueó de inmediato el acceso a las plataformas señaladas, a pesar de contar con los recursos técnicos necesarios para aplicar esas restricciones, indica Europa Press.
El avance de la causa incluye la recopilación de pruebas y actuaciones de investigación sobre la participación tanto de la matriz estadounidense de Cloudflare como de su estructura corporativa en la Unión Europea. Entre los elementos de valoración, la querella incorpora declaraciones públicas efectuadas por Matthew Prince ante distintos foros internacionales, donde expresó posturas críticas frente a la aplicación de medidas de bloqueo ordenadas por autoridades judiciales de países europeos. Europa Press relata que Prince ha manifestado en diversas ocasiones que los fallos judiciales emitidos fuera de Estados Unidos no resultan obligatorios para Cloudflare, y sugirió en declaraciones públicas que eventuales requerimientos legales en la Unión Europea podrían ocasionar el corte de servicios, incluidos aquellos vinculados a la seguridad y emergencias.
En enero de 2026, después de que Cloudflare recibiera en Italia una sanción administrativa de 17 millones de dólares (14,6 millones de euros) por incumplimiento de órdenes de bloqueo de piratería, Prince señaló en la red social X que la compañía barajaba la posibilidad de retirar sus servidores del país y discontinuar servicios de ciberseguridad, incluso los gratuitos. Europa Press agrega que en 2025, durante una conferencia en el 'Council on Foreign Relations', Prince opinó sobre fallos franceses que imponían el bloqueo de emisiones ilícitas de fútbol, y reveló gestiones junto a otras grandes tecnológicas para presionar a las autoridades, planteando la eventual suspensión de servicios en Francia si no existía acuerdo.
Estas expresiones figuran en la querella como indicios de supuesta intención deliberada para obstaculizar la operatividad de resoluciones judiciales europeas y dificultar la actividad persecutoria de LaLiga y Movistar Plus+ frente a plataformas de piratería, hechos vinculados al delito de obstrucción a la justicia, según la presentación. Europa Press señala que el órgano judicial mantiene la investigación en curso, analizando tanto la responsabilidad personal de Prince como la posible imputación de Cloudflare Inc. y su filial europea, con la participación de las partes querellantes y la intervención de la justicia española a la espera de las declaraciones previstas.
Finalmente, la acusación estima que las actividades que se le atribuyen a la compañía tecnológica habrían ocasionado pérdidas para LaLiga y Movistar Plus+ de hasta 859 millones de euros cada año. La querella sostiene también que Cloudflare habría recibido ingresos millonarios como consecuencia de su colaboración con plataformas ilícitas responsables de retransmisiones de fútbol sin autorización, consolidando, según los demandantes, un esquema que dificulta la protección de los derechos audiovisuales en España y el resto de Europa.
La instrucción judicial continúa abierta a nuevas diligencias, con la citación de Matthew Prince programada para el 7 de abril y con la vista puesta en la posible consolidación de una línea de actuación judicial sin precedentes en suelo español hacia intermediarios tecnológicos internacionales, reportó Europa Press.
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