Kiko Rivera e Irene Rosales, a juicio por la custodia de sus hijas. De la separación amistosa, al conflicto

El vínculo entre Kiko Rivera e Irene Rosales, tras su separación en agosto de 2025, experimentó un giro significativo cuando el dj decidió solicitar la custodia compartida de sus hijas Ana y Carlota a raíz de la incorporación de su pareja actual, Lola García, en la dinámica familiar. Según informó la revista Lecturas, la situación que en un inicio parecía resuelta de manera amistosa derivó en intensos desacuerdos, orientando a la expareja hacia una inminente disputa legal.

De acuerdo con la cobertura de Lecturas, la ruptura de Rivera y Rosales se presentó inicialmente bajo términos conciliadores después de once años de relación y la crianza conjunta de dos hijas: Ana, de diez años, y Carlota, de ocho. Sin embargo, la aparición de Lola García en la vida del artista y una petición concreta de Rivera para que su nueva pareja pudiera recoger a las niñas en el colegio reavivó las tensiones. El medio consignó que, al recibir una respuesta negativa por parte de Rosales, Rivera decidió recurrir a la vía judicial y peticionó la custodia compartida en enero.

Hasta ese momento, el acuerdo alcanzado entre Rivera y Rosales permitía que las niñas permanecieran en la vivienda de su madre, localizada en Castilleja de la Cuesta, con un régimen de visitas flexible que posibilitaba a Rivera compartir varios días con sus hijas durante la semana. Sin embargo, la solicitud formal de custodia compartida alteró la relación entre ambos padres y los llevó a iniciar procedimientos legales. Luis Pliego, director de Lecturas, explicó durante una intervención en el programa 'El tiempo justo' que la relación se tensó al punto de anticipar un escenario de divorcio contencioso. Pliego detalló: "No solo habría tensión entre ellos, sino que su acuerdo se ha empezado a convertir en una guerra. Todo apunta a que va a acabar en un divorcio contencioso porque Kiko ha pedido la custodia compartida de las personas que tienen en común. Esto fue en enero. Ellos tenían una especie de pacto de visitar que respetaban y él, en el momento que entra Lola en su vida, decide dinamitar ese acuerdo y pedir la custodia compartida de las niñas".

Lecturas reportó que, en respuesta al cambio en la dinámica familiar y ante la nueva exigencia de Rivera, Irene Rosales tomó la decisión de contratar un abogado particular. Previamente, ambos compartían el mismo representante legal, reflejando el talante conciliador con el que había surgido la separación. Con este cambio, la tramitación legal deja de lado el acuerdo amistoso para fijarse en los tribunales, bajo la supervisión de un juez, en lugar de resolver las condiciones de custodia de manera extrajudicial.

La revista Lecturas desarrolló que el detonante principal del litigio fue la solicitud de Rivera, enfocada en que su pareja actual tuviera un papel en la rutina diaria de las hijas, y la reacción de Rosales, que se opuso a modificar el sistema establecido de visitas y recogidas escolares. Este punto marcó el quiebre definitivo en una relación que, a ojos del público y según manifestaron ambos protagonistas en la primera etapa de la separación, se manejaba de manera cordial.

El caso, al pasar al ámbito judicial, redefine los términos del vínculo entre ambas partes y específica el rol de cada uno en la vida de las menores. El medio Lecturas puntualizó que la permanencia de Ana y Carlota en su domicilio habitual estaba regulada por una flexibilidad que hoy parece terminada, y que la nueva etapa contempla que la custodia de las niñas se delimite legalmente. Los próximos pasos en el proceso dependerán de la decisión judicial y del desarrollo de las respectivas posturas de Rivera y Rosales ante el tribunal.