Según explicó la diputada Dania Hernández ante la Asamblea Legislativa, la permanencia del artículo 10 de la Ley de Bancos desde 1999 representaba una barrera para el ingreso de nuevos actores financieros y para la integración de tecnologías innovadoras al sistema local. Hernández expresó que la derogación busca abrir el sector a nuevas oportunidades y facilitar la llegada de inversiones extranjeras, promoviendo mayores posibilidades para la población salvadoreña dentro del ámbito financiero.
La Asamblea Legislativa de El Salvador resolvió, con 56 votos a favor, eliminar el artículo 10 de la mencionada ley, eliminando así las restricciones existentes sobre la propiedad extranjera en bancos. Según detalló el medio, esta decisión revoca la regulación que establecía que el 51% de las acciones bancarias debía encontrarse en manos de accionistas naturales o jurídicos de El Salvador o Centroamérica. Esta normativa, vigente durante 27 años, limitaba la participación directa de capital internacional y restringía la composición accionaria de las entidades salvadoreñas.
De acuerdo con la información publicada, los parlamentarios defendieron la medida argumentando que permitirá el acceso de nuevos capitales e inversiones al país y fomentará una mayor competencia entre intermediarios financieros. Con la derogación, autoridades esperan atraer a inversionistas de otras regiones y facilitar el establecimiento de bancos con participación extranjera, lo que, según los diputados, podría traducirse en un sistema más robusto y diversificado.
El medio señaló que el debate en la Asamblea subrayó la importancia de ajustar el marco legal para adaptarse a dinámicas globales y a necesidades del mercado salvadoreño. Los impulsores del cambio sostienen que brindar libertad a la entrada de capital foráneo fortalecerá la estructura financiera y creará mejores condiciones para el acceso al crédito, la bancarización y la digitalización de servicios.
La eliminación de restricciones, según manifestaron los legisladores citados por la misma fuente, busca generar un entorno más competitivo y dinámico en la economía salvadoreña. Destacaron que la apertura permitiría no solo la llegada de nuevas inversiones, sino también la posibilidad de implementar avances tecnológicos en la industria bancaria, aspectos que consideran claves para el crecimiento económico y la generación de empleo en el país.
El Salvador, con esta medida, aspira a posicionarse como un destino atractivo para la inversión extranjera directa en el sector financiero, alentando a fondos e instituciones que antes encontraban trabas regulatorias. La Asamblea Legislativa argumentó que la existencia del artículo 10 ya no responde a las condiciones actuales del mercado ni a la visión de desarrollo económico planteada para los siguientes años.
Tal como publicó la fuente, la reforma impone la necesidad de actualizar otras normas relacionadas con la supervisión y el resguardo de la estabilidad financiera, aunque no se detallaron modificaciones específicas en otras regulaciones pendientes. Las autoridades legislativas señalaron su compromiso de continuar revisando el marco legal para mantener la confianza y la transparencia en el sector.
La derogación del artículo 10 marca un cambio relevante en la política financiera salvadoreña, concluyó la diputada Hernández durante su intervención, al reiterar que la modificación atiende a la demanda de nuevas condiciones para el crecimiento y la transformación de los servicios bancarios en el país.
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