Amnistía Internacional alerta de "amenazas" para derechos de las mujeres: leyes "represivas" o discursos de odio

El escenario internacional muestra un acceso al aborto cada vez más restringido debido a la acción de movimientos contrarios a los derechos de las mujeres, según alertó Amnistía Internacional en su análisis con motivo del Día Internacional de la Mujer. La organización precisó que en países como Afganistán, Argentina, Chile, Estados Unidos y Rusia se advierten políticas públicas que obstaculizan la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva y generan hostilidad hacia quienes defienden o facilitan este derecho. Este fenómeno representa, según consignó Amnistía Internacional, uno de los desafíos principales para las libertades y el bienestar de mujeres y niñas en el contexto actual.

De acuerdo con el informe difundido por el medio, Amnistía Internacional identificó cuatro áreas de alerta vinculadas al incremento de prácticas autoritarias: la aprobación de leyes represivas, la expansión de movimientos que rechazan el reconocimiento de los derechos de las mujeres, el aumento de discursos de odio e incitación a la violencia y el papel de la tecnología en la facilitación de estas amenazas. El organismo señaló que, aunque se focalizó en estas cuatro cuestiones, existen muchas situaciones adicionales que dejan ver una realidad compleja y diversa, tal como sostuvo Beatriz Martos, responsable de derechos de las mujeres en Amnistía Internacional España.

Amnistía Internacional hizo un llamado a los gobiernos de todo el mundo recordando su obligación internacional de combatir cada forma de discriminación y violencia por razones de género. El grupo enfatizó que entre las prácticas a erradicar se incluyen tanto los discursos de odio como la incitación a la violencia proveniente de lo que describió como “movimientos antiderechos”. La entidad subrayó que las tendencias autoritarias ya se manifiestan de forma tangible y que sus consecuencias son particularmente notorias en la vida de mujeres y niñas, mediante restricciones y retrocesos en derechos previamente adquiridos. Referenciando el ejemplo de Estados Unidos, Amnistía Internacional mencionó que la presidencia de Donald Trump produjo lo que denomina una “emergencia de derechos humanos” con efectos profundos para la población femenina.

El caso de Afganistán surge en el informe como de especial relevancia para ilustrar la aplicación de legislaciones restrictivas orientadas a controlar la vida de las mujeres. Según detalló Amnistía Internacional, en dicho país las mujeres enfrentan prohibiciones estrictas para salir de sus hogares sin acompañamiento, trabajar, recibir educación o participar en la esfera política, además de privaciones adicionales en materia de libertad de expresión. Desde el regreso al poder de los talibanes, se han profundizado las restricciones y la represión por motivos de género, con consecuencias directas para la integridad y oportunidades vitales de mujeres y niñas afganas.

Irán quedó señalado en el informe como otro contexto nacional donde las políticas autoritarias ejercen un impacto directo sobre los derechos femeninos. Amnistía Internacional lo caracterizó como un espacio donde la mujer se expone a limitaciones severas en su autonomía mediante regulaciones y dinámicas institucionalizadas que condicionan su participación en la sociedad.

Respecto a Cuba, Amnistía Internacional sostuvo que la represión estatal toma formas particulares cuando se dirige a mujeres. El informe recogió acciones como desnudos forzados, registros corporales invasivos, estigmatización fundamentada en género, edad u orientación sexual, y la utilización de la maternidad y responsabilidades de cuidado familiar como mecanismos de presión e intimidación. La organización consideró que tales acciones cumplen criterios de violencia de género ejercida desde el aparato estatal.

En el caso de Marruecos, la atención se dirigió hacia el procesamiento judicial por blasfemia a la activista Betty Lachgar, cofundadora del Movimiento Alternativo por las Libertades Individuales, después de calificar al islam de religión “fascista y misógina”. Según publicó Amnistía Internacional, episodios como este demuestran la existencia de medidas de censura y control que pueden dirigirse especialmente hacia mujeres líderes en movimientos sociales.

En relación con Arabia Saudí, Amnistía Internacional advirtió que la vigencia del sistema de tutela masculina, pese a las declaraciones de reformas, limita de modo considerable la autonomía personal de las mujeres y posibilita la reproducción de la discriminación. El sistema sido identificado por la organización como un factor decisivo que obstaculiza avances reales hacia la igualdad de género.

El reporte también destacó a Estados Unidos por su retroceso en materia de derechos relacionados con la identidad de género, expresión sexual y libertades reproductivas. El país, según indicó Amnistía Internacional, implementó políticas y discursos que “cuestionan y atacan” tanto a la población LGBTI como a los derechos sexuales y reproductivos, sumando un factor más de presión sobre los colectivos afectados.

La situación en Argentina fue definida como un retroceso, debido a la desaparición de organismos especializados en la prevención y atención de la violencia de género, por primera vez en casi cuarenta años. La organización detalló que el presupuesto para afrontar estas problemáticas se redujo en un 89% desde 2023, lo que compromete seriamente la capacidad estatal para responder a las demandas y necesidades de mujeres víctimas de violencia.

Según informó Amnistía Internacional, la expansión de discursos de odio y de incitación a la violencia constituye otra amenaza en ascenso, especialmente gracias a la proliferación de espacios digitales. La organización expresó su preocupación específica por el papel de la tecnología, al considerar que facilita la vigilancia sobre las mujeres y multiplica los riesgos asociados a la violencia de género a través de contenidos misóginos. Esta tendencia, explicó el grupo, afecta en particular a las mujeres con participación destacada en la vida pública, quienes se convierten en blanco de campañas coordinadas de acoso y amenazas, frecuentemente amplificadas en plataformas digitales.

Además, Amnistía Internacional criticó la responsabilidad que, a su juicio, tienen las empresas tecnológicas y las redes sociales. Según publicó el medio, la organización acusó a estas compañías de actuar con escasa regulación y de haber reducido las barreras de protección para sus usuarios más vulnerables. Afirmó también que las redes sociales priorizan un modelo de negocio enfocado en la viralización de contenido, lo que permite la circulación de mensajes violentos y discriminatorios, con graves consecuencias para quienes ocupan posiciones de marginalidad o corren mayor riesgo.

La entidad cerró su diagnóstico presentado por el medio con un llamado a la acción dirigido a gobiernos y empresas, instando a la toma de medidas firmes frente a lo que describe como una crisis global de derechos humanos que involucra al conjunto de la sociedad y requiere respuestas coordinadas ante los desafíos de leyes restrictivas, discursos de odio y prácticas discriminatorias, tanto en el espacio físico como en el digital.