
La reciente constatación de deficiencias en los controles de Brasil, reconocidas por la propia Comisión Europea, y la imposibilidad de certificar que la carne exportada hacia Europa no proviene de animales tratados con hormonas prohibidas en la Unión Europea, ha generado inquietud en varios sectores. En este contexto, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos expresó su negativa ante el anuncio de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, de avanzar con la aplicación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque Mercosur. Según informó la organización en un comunicado citado por los medios, la decisión impulsa el acuerdo sin garantizar condiciones adecuadas para los productores europeos.
Tal como publicó la Unión de Uniones, se solicitó la dimisión de Von der Leyen, argumentando que la presidenta de la Comisión "se ha saltado las reglas y principios democráticos" y ha "vendido los intereses de los productores europeos". El comunicado difundido por la organización remarcó que ven en la medida una actuación "precipitada y lesiva" para el sector agrícola y ganadero de la Unión Europea y la consideran políticamente inadmisible en la coyuntura institucional actual. Según detalló el medio, la organización denuncia que el sector agrario queda relegado en la política comercial europea, al verse obligado a competir con productores del Mercosur que no cumplen los mismos estándares sanitarios, ambientales y sociales que los exigidos en Europa.
De acuerdo con la información difundida por la Unión de Uniones, la aplicación provisional del acuerdo deja en situación de vulnerabilidad a agricultores y ganaderos europeos. Critican, específicamente, que la cláusula de salvaguarda agraria, anunciada por la Comisión para tranquilizar al sector, no está incluida en el texto del acuerdo, lo que significa que no hay protección inmediata ni automática frente a posibles impactos negativos. El mecanismo que se plantea sería, según la organización, tardío y dependiente de criterios discrecionales, de modo que solo se activaría cuando el daño al sector ya sea constatable y los productores hayan experimentado pérdidas significativas.
A esto se suma la preocupación de la organización por la aceleración del proceso de apertura comercial en un contexto donde, según reportó la propia Comisión Europea, hay dudas sobre el control efectivo de la cadena alimentaria en países como Brasil, particularmente en el caso de la carne. Unión de Uniones remarcó que la prisa en liberalizar el comercio no puede justificarse con argumentos geoestratégicos y recalcó que la seguridad alimentaria debe ser prioritaria. “La seguridad alimentaria no puede sacrificarse en nombre de la geoestrategia”, se lee en el comunicado recogido por varios medios.
Respecto al ámbito institucional, Unión de Uniones sostiene que la Comisión Europea está forzando los procedimientos y desvirtuando el debate en los órganos representativos. Según informó la organización al medio de comunicación, la aplicación provisional representa un método para imponer decisiones sin que los parlamentos nacionales y europeos tengan margen real de actuación o posibilidad de ejercer un control democrático sobre un acuerdo con notables repercusiones económicas y políticas. El grupo recalca que se está soslayando el control democrático al disminuir las posibilidades de discusión y modificación por parte de los representantes de los ciudadanos de la Unión Europea.
El rechazo de Unión de Uniones se extiende a la forma en que se ha gestionado y comunicado el proceso por parte de la Comisión Europea. Denuncian, de acuerdo con lo recogido por el medio, una falta de transparencia que, a su juicio, contribuye a debilitar la confianza en las instituciones comunitarias. La organización reclama que el sector agrario necesita garantías y participación efectiva en decisiones de envergadura como la ratificación y aplicación de tratados comerciales que afectan directamente a su competitividad y a la seguridad alimentaria de la población europea.
En su posición, la organización agraria plantea la dimisión de Ursula von der Leyen como respuesta a lo que consideran actuaciones no alineadas con los procedimientos democráticos y de protección de los intereses comunitarios, según reiteró Unión de Uniones en el comunicado difundido tras el anuncio sobre el acuerdo UE-Mercosur.
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