Las consecuencias derivadas de los recientes conflictos en Ucrania, Gaza y Sudán han intensificado la vulnerabilidad de poblaciones refugiadas y desplazadas, lo que ha motivado una acción conjunta de organismos internacionales y administraciones autonómicas españolas para suplir necesidades urgentes en alimentación, educación y protección en diferentes regiones del mundo. Según consignó el medio de comunicación, Extremadura, junto a otras trece comunidades autónomas españolas, participará en un convenio de acción humanitaria coordinado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), destinado a canalizar recursos hacia los campamentos saharauis de Tinduf, Venezuela, Haití, Malí y Afganistán.
De acuerdo con lo publicado, el acuerdo contempla una inversión total de dos millones de euros, distribuidos en cinco proyectos, cada uno de los cuales recibirá 400.000 euros. Este convenio cuenta, además, con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias, así como la coordinación de representantes autonómicos que se reunieron en Santa Cruz de Tenerife, donde se definieron los detalles de las acciones y el reparto de fondos.
El medio detalló que, en el caso de los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ejecutará una intervención focalizada en la distribución de asistencia alimentaria. La acción atenderá a un total de 133.672 personas afectadas tanto por las condiciones crónicas de desplazamiento como por el impacto agravado de conflictos regionales y globales.
En el estado Delta Amacuro de Venezuela, la actuación se llevará adelante a través de UNICEF. En esta región, donde la desescolarización alcanza un 29,9%, la iniciativa beneficiará específicamente a 950 niñas, niños y adolescentes indígenas que actualmente no cuentan con acceso a la escuela. El objetivo se centra en garantizar ambientes de aprendizaje seguros y adaptados culturalmente, además de consolidar las escuelas como espacios esenciales de protección y desarrollo integral infantil, atendiendo los riesgos detectados de trabajo infantil, violencia, trata de personas y erosión de la identidad cultural, según afirmó el Principado a través de una nota de prensa difundida el jueves.
Respecto a Mali, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tiene previsto llevar adelante una intervención en las regiones de Gao, Tombuctú y Menaka, encaminada a fortalecer la inserción económica de personas desplazadas internas. El fin último es promover la cohesión social, la paz y la sostenibilidad ambiental. Los datos reportados indican que, desde la crisis del año 2012, el desplazamiento forzoso sigue en aumento: en septiembre de 2025, Mali registró un total de 402.000 personas desplazadas internas debido a conflictos armados y desastres naturales.
En el caso de Haití, la acción se canalizará mediante la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Esta intervención busca aliviar la crisis humanitaria alimentada por factores como la violencia armada, el colapso institucional, desplazamientos masivos, inseguridad alimentaria, bloqueo sanitario y alta vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos. El alcance estimado apunta a beneficiar a 6,4 millones de personas afectadas por dichas situaciones.
En Afganistán, la acción humanitaria se centrará en las mujeres, niñas y adolescentes, en respuesta a la limitación de sus derechos y libertades tras la prohibición del trabajo femenino en organizaciones no gubernamentales y la restricción de acceso a la educación secundaria y superior. Tal como reportó la fuente, el programa, gestionado por la Agencia de las Naciones Unidas para la Salud Sexual y Reproductiva, procurará dar respuesta a requerimientos de salud sexual y reproductiva, y protección frente a la violencia de género. Las beneficiarias directas llegarán a 5,8 millones de personas. Además, se alerta sobre el anuncio de un proyecto de Código Penal que habilitaría la violencia física contra mujeres y menores.
La composición de las comunidades participantes en el acuerdo incluye a Baleares, Asturias, Galicia, Andalucía, Cantabria, Canarias, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Madrid, Aragón y La Rioja. Todas se integran bajo el paraguas de la acción multilateral gestionada en coordinación con la AECID. Según informaron portavoces autonómicos, la programación y ejecución de cada intervención busca asegurar tanto el alcance directo sobre las poblaciones más vulnerables como el respeto a criterios de pertinencia cultural, integración y sostenibilidad en los contextos afectados.
El convenio y la distribución de recursos se discutieron en una reunión celebrada en Santa Cruz de Tenerife, a la que acudieron responsables de cooperación internacional de las comunidades involucradas. Beatriz Coto, directora de la Agencia Asturiana de Cooperación, participó en el encuentro donde se confirmó la alineación de las iniciativas con los objetivos de agencias especializadas de Naciones Unidas, como el PMA, UNICEF, ACNUR, OCHA y la Agencia para la Salud Sexual y Reproductiva. El medio registró que la selección de proyectos responde a la identificación de necesidades priorizadas desde los propios territorios destinatarios y busca optimizar los fondos disponibles para maximizar el impacto.
Adicionalmente, la Federación Española de Municipios y Provincias forma parte como entidad colaboradora, facilitando la articulación entre gobiernos locales y autonómicos en materia de cooperación internacional. Según información del Principado y de la AECID, el proceso prevé mecanismos de seguimiento y evaluación a través de informes técnicos y coordinaciones regulares entre las partes involucradas.
La actualización de las condiciones humanitarias en los países y contextos mencionados aparece permanentemente en la agenda de prioridades de las agencias de cooperación y las administraciones españolas, que buscan responder de manera ágil y eficiente a los escenarios de emergencia y vulnerabilidad social. La cooperación descentralizada, tal como consignó el medio, sigue representando un mecanismo clave para canalizar ayuda internacional que, en este caso, pretende aliviar situaciones extremas en África, América Latina y Asia con intervenciones focalizadas, recursos económicos y respaldo institucional.
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