Amnistía ve "sombría y vergonzosa" la cifra de 150 muertos en bombardeos de EEUU en el Caribe y el Pacífico

El inicio de los ataques aéreos estadounidenses en septiembre de 2025 ha provocado que diversas organizaciones humanitarias ingresen en la discusión pública, enfatizando que la campaña de bombardeos no solo ha cobrado la vida de ciudadanos de diferentes países del Caribe y el Pacífico, sino que también ha originado un pronunciamiento de Amnistía Internacional al calificar las acciones como “asesinatos” y “ejecuciones extrajudiciales”. Según reportó Europa Press, la organización sostiene que estas muertes, ya sumadas en 150, reflejan una práctica “con total impunidad”, por lo que reclama su inmediata suspensión y la exigencia de responsabilidades tanto a altos funcionarios estadounidenses como al Congreso.

De acuerdo con el comunicado emitido por Amnistía Internacional, la cifra de 150 muertes responde al saldo de una serie de bombardeos efectuados por las Fuerzas Armadas norteamericanas en aguas del mar Caribe y el océano Pacífico oriental, en el marco de la llamada ‘Operación Lanza del Sur’. Esta estrategia, detalló Europa Press, ha estado dirigida principalmente contra embarcaciones que el gobierno de Estados Unidos clasifica como vinculadas al tráfico de drogas, presentando a sus tripulantes como “narcoterroristas” sin que hasta la fecha se haya presentado evidencia concreta que respalde tales imputaciones. Las víctimas incluyen nacionales de Venezuela, Colombia y Trinidad y Tobago.

Amanda Klasing, directora nacional de relaciones gubernamentales de Amnistía Internacional en Estados Unidos, subrayó que “El Ejército estadounidense ha alcanzado un hito sombrío y vergonzoso al anunciar tres asesinatos más en el Caribe, lo que eleva el total de muertos a 150. Estas muertes son las últimas de lo que, según el Derecho nacional e Internacional, puede interpretarse lamentablemente como decenas de asesinatos cometidos en el mar con total impunidad”. Además, detalló que, a juicio de la organización, la naturaleza de estos operativos debe catalogarse como ejecuciones extrajudiciales, ya que los estándares internacionales reservan el uso letal de la fuerza únicamente cuando resulta absolutamente necesario y solo si existe una amenaza inminente a la vida que no puede neutralizarse por medios menos extremos, como la captura.

Tal como publicó Europa Press, Klasing señaló en su postura oficial que “Una operación contra supuestos barcos de drogas es tarea policial sujeta a normas derivadas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, citando que toda persona tiene derecho tanto a la vida como a un juicio justo. Si un Estado actúa fuera de estas condiciones, aseguró, incurre en ejecuciones extrajudiciales, independientemente de las acusaciones que pesen sobre las víctimas. Al respecto, puntualizó que “estos ataques deben cesar, y los perpetradores, incluidos altos funcionarios, deben rendir cuentas”.

En el contexto político, Amnistía Internacional dirige también críticas hacia el Congreso estadounidense, al considerar insuficientes los intentos de algunos legisladores por detener la campaña de bombardeos y denunciar la falta de control parlamentario sobre las acciones del Poder Ejecutivo. Según consignó Europa Press, la organización exhorta al Congreso a ejercer sus funciones de supervisión: “El Congreso debe trabajar unido para ejercer su función de supervisión y los senadores y representantes deben hacer todo lo posible para detener estos ataques aéreos y exigir responsabilidades por las políticas y acciones que han provocado estos asesinatos”.

La cronología de los ataques revela una cadena de polémicas. Europa Press mencionó el caso del primer bombardeo, en el que la Casa Blanca negó en un inicio haber actuado, pero finalmente, en diciembre de 2025, admitió y defendió el ataque contra dos supervivientes de una operación militar que dejó once muertos dentro de una embarcación. Una controversia particular giró en torno a quién autorizó un segundo bombardeo en ese mismo hecho: señalamientos apuntaron al entonces secretario de Defensa, Pete Hegseth, aunque la Administración Trump asignó la responsabilidad al almirante de la Marina Frank Bradley, bajo autorización del propio jefe del Pentágono.

A raíz de estos episodios, el Ejército de Estados Unidos comenzó a hacer públicos los nombres de los mandos responsables de cada operación militar. Según detalló Europa Press, las últimas acciones han sido ordenadas por el general Francis Donovan, mientras que Hegseth autorizó por última vez un ataque el 23 de enero, resultando en dos muertos y un superviviente, conforme a información del Comando Sur.

La serie de bombardeos y la ausencia de pruebas que demuestren la relación directa de las víctimas con actividades ilícitas forman parte del cuestionamiento central que presentan tanto Amnistía Internacional como otros sectores críticos. La falta de transparencia, sumada a la elevada cifra de fallecidos y el carácter internacional de las operaciones, mantiene abierta la demanda de una investigación independiente y de mayor supervisión por parte de los órganos legislativos estadounidenses, según reiteró Europa Press en la cobertura del caso. Las demandas también incluyen garantías judiciales para las personas interceptadas y la rendición de cuentas por parte de quienes diseñan y ejecutan estas políticas, bajo la premisa de los principios básicos de Derechos Humanos.