Las recientes muertes de Mpho Mafole y Marius Van Der Merwe, víctimas de ataques tras exponer irregularidades y corrupción, han puesto en primer plano la falta de protección efectiva para quienes denuncian actos ilícitos en Sudáfrica. Según consignó el medio Human Rights Watch (HRW), este contexto refleja importantes deficiencias en los mecanismos legales y estatales para salvaguardar a quienes se atreven a revelar crímenes y malas prácticas dentro del gobierno y empresas estatales. La organización ha solicitado la aplicación urgente de medidas concretas para asegurar la seguridad de estas personas y exigir justicia para sus familias.
De acuerdo con informes de HRW, la frecuencia con la que los denunciantes sufren ataques y asesinatos evidencia un problema persistente en la sociedad sudafricana posterior al apartheid. La investigadora de HRW para Sudáfrica, Nomathamsanqa Masiko-Mpaka, expresó que “la magnitud y frecuencia con la que los denunciantes son atacados y asesinados por exponer organizaciones criminales y la corrupción es alarmante y plantea serias preocupaciones sobre su seguridad y protección en Sudáfrica”. La organización destaca la urgencia de modificar y reforzar el marco de seguridad para quienes presentan denuncias, dado que la legislación actual presenta limitaciones importantes.
Human Rights Watch también se refirió a los casos recientes durante 2025, incluyendo el asesinato de Mpho Mafole, un auditor forense municipal de 47 años que perdió la vida solo cuatro días después de difundir datos sobre irregularidades en una licitación de baños químicos móviles por 1.800 millones de rands. El asesinato de Marius Van Der Merwe, exagente de la policía y testigo ante la Comisión Judicial de Investigación sobre Criminalidad, Injerencia Política y Corrupción, también ha resaltado la gravedad de la situación. HRW subrayó que estos casos ejemplifican el riesgo mortal al que se enfrentan quienes deciden denunciar hechos irregulares.
La abogada Nkululeko Conco, de la organización sudafricana Corruption Watch, indicó a HRW que la denuncia de irregularidades continúa siendo una herramienta imprescindible para combatir la corrupción y promover la transparencia, aunque en demasiados casos termina en consecuencias fatales para quienes la ejercen. Conco manifestó que el país necesita una reforma legislativa que consolide el actualmente fragmentado sistema legal en torno a la denuncia de irregularidades, que hoy depende de múltiples leyes sin integración efectiva.
El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, se refirió al desafío durante su discurso sobre el Estado de la nación el 12 de febrero de este año, reafirmando su promesa de presentar ante el Parlamento un nuevo proyecto de Ley de Protección de Denunciantes. Ramaphosa señaló: "No podemos aceptar que quienes denuncian la corrupción sean víctimas y se conviertan en blanco de ataques". A pesar de esta declaración, según publicó Human Rights Watch, el proyecto legislativo aún no se ha convertido en realidad.
En su análisis, Human Rights Watch remarcó que el gobierno sudafricano precisa transformar su compromiso en hechos palpables, por medio de la implementación real de salvaguardias para los denunciantes y la rápida aprobación del proyecto de ley mencionado. “Las autoridades sudafricanas no pueden permitirse el lujo de reciclar promesas vacías porque la vida de los denunciantes está en riesgo”, puntualizó Nomathamsanqa Masiko-Mpaka a HRW. Agregó que quienes denuncian no requieren declaraciones retóricas, sino políticas concretas, medibles y específicas que permitan reducir el riesgo de represalias y violencia.
Según difundió HRW, los asesinatos selectivos de denunciantes continúan mostrando una tendencia preocupante en la Sudáfrica posterior al apartheid, donde exponer la criminalidad y los abusos puede implicar consecuencias letales. El organismo internacional renovó su demanda de acciones inmediatas y exhaustivas del gobierno sudafricano para que quienes informan sobre corrupción y delitos puedan hacerlo sin temor a perder la vida o sufrir represalias.
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