Congreso y Senado votan hoy recetas para ampliar gastos electorales, regular microcréditos o recortar el 'mailing'

La mayoría compuesta por el Partido Popular (PP) y Vox en la Comisión Mixta del Congreso y el Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas tendrá un peso decisivo en la votación de hoy sobre reformas vinculadas a la financiación y la propaganda durante los procesos electorales. Según informó Europa Press, la comisión abordará distintas propuestas que buscan modificar la normativa sobre los límites y categorías de gastos electorales, la utilización de microcréditos, y el sistema de distribución de material propagandístico a través del llamado ‘mailing’.

El medio Europa Press detalló que las formaciones han presentado propuestas de resolución relacionadas con los informes del Tribunal de Cuentas, que analizan las contabilidades electorales de las elecciones generales de 2023 y las europeas de 2024. El PP propone especificar nuevos conceptos incluidos en la lista de “gastos electorales” recogida en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Actualmente, esos gastos incluyen confección de sobres y papeletas, correspondencia y franqueo, propaganda en cualquier medio, alquiler de locales para actos de campaña, remuneración y gratificación de personal, desplazamientos y organización de los servicios electorales, así como los intereses de los créditos recibidos para la campaña.

En sus últimos informes, el Tribunal de Cuentas recomendó que se delimiten más claramente las categorías de gastos electorales, una sugerencia recogida por el PP en sus nuevas propuestas. Según publicó Europa Press, el PP pide añadir a la definición de gastos electorales la retransmisión de actos de campaña, traslados para estos eventos, organización de comidas y cenas para campañas, avituallamiento de interventores y apoderados, y el alquiler de espacios dedicados a su coordinación.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) aboga por una modificación en la LOREG para incluir una regulación más específica de los tipos de gastos, aunque no detalla medidas concretas. Sí anima, según consignó Europa Press, a que se aproveche la actual reforma tramitada en el Congreso para proponer ajustes que permitan evitar diferencias entre el límite de gasto permitido y las subvenciones electorales percibidas por las formaciones.

Por su parte, Vox solicita que el cálculo de los intereses sobre créditos recibidos por los partidos durante campañas y su clasificación como gasto reembolsable se mantenga vigente hasta que se pague la subvención desde las administraciones públicas. El medio reportó que Vox también pide al Tribunal de Cuentas unificar los criterios de fiscalización para todos los procesos electorales y tener terminados los informes sobre la contabilidad de las elecciones generales en un plazo de seis meses tras la votación.

Europa Press señaló que otra propuesta relevante es la de Sumar, centrada en la regulación de microcréditos empleados en campañas. Sumar recoge la recomendación del Tribunal de Cuentas y plantea que el monto máximo por prestamista no supere los 50.000 euros anuales, como establece actualmente la normativa sobre aportaciones privadas. Además, solicita que los microcréditos se ingresen en cuentas bancarias específicas para elecciones y que se devuelvan en menos de un año desde el día de la votación. En los casos en que el prestamista renuncie al reembolso, la renuncia deberá formalizarse preferiblemente de manera telemática y será considerada como una donación a todos los efectos.

Las propuestas de Sumar, PP y PSOE confluyen en la necesidad de regular de manera precisa los microcréditos y establecer que las donaciones privadas hechas en periodo electoral sean consideradas siempre como financiación de la campaña, deban abonarse en cuentas habilitadas para tal fin y queden sujetas a los requisitos de la Ley Electoral.

En relación al 'mailing' electoral, tanto Sumar como el PSOE han coincidido con el Tribunal de Cuentas en la necesidad de revisar la modalidad actual de envío postal personalizado de sobres, papeletas y propaganda, buscando una reducción de costes y de consumo de papel. Sumar recomienda evaluar la eficiencia material y económica del envío, recordando que el material de votación está disponible en los colegios electorales el día de las elecciones. Plantea la entrega directa de estos materiales en sedes de partidos o actos de campaña y sugiere que un procedimiento más acorde con los medios digitales actuales podría centralizar la compra de sobres y papeletas.

En los informes anteriores, el Tribunal de Cuentas subrayó que los partidos tienen la obligación de acreditar que han puesto a disposición de los electores los sobres y papeletas, aunque el método puede variar entre envío postal o entrega personal en sedes y actos de partido. De acuerdo con Europa Press, el PSOE se limita a sugerir que los grupos parlamentarios utilicen el debate de reforma de la LOREG para proponer mejoras en el proceso de envío, sin detallar métodos alternativos ni proponer la centralización de compras, y mantiene la fórmula del ‘mailing’ personalizado.

Dentro de este ámbito, el PSOE ha pedido que las Cortes insten al operador postal a implementar un sistema de preregistro telemático de las formaciones políticas que utilicen el envío postal de propaganda electoral. El objetivo es identificar con claridad cada envío que sea susceptible de recibir subvención. Otras demandas socialistas incluyen fomentar la tramitación electrónica de todo el procedimiento del depósito postal, desde el pago anticipado y la justificación hasta la facturación de los servicios a los partidos, según relató Europa Press.

El PP, por su lado, solicita al Gobierno asegurar el abastecimiento de sobres y papeletas para reforzar la cobertura en zonas donde Correos no logra distribuir correctamente el ‘mailing’. Además, pide que no se exija a los partidos una correspondencia exacta entre el número de sobres y papeletas confeccionados y el de envíos justificados con franqueo. El argumento es que, cuando se contrata la impresión, todavía no se conoce el censo definitivo, lo que impide anticipar exactamente cuántos envíos se deben depositar en Correos.

La sesión de este martes en la Comisión Mixta aparece marcada por la influencia de la mayoría de PP y Vox, que suman conjuntamente más votos que el resto de grupos. Según publicó Europa Press, las decisiones que adopte la comisión tendrán repercusión directa sobre futuras campañas electorales, en materias que van desde la transparencia y fiscalización de las finanzas partidarias hasta la racionalización del gasto y el impacto medioambiental del ‘mailing’ electoral.

El debate responde no solo a las verificaciones hechas previamente por el Tribunal de Cuentas, sino también a un proceso de revisión normativa más amplio, en el que se discuten reformas que podrían modificar aspectos centrales de la financiación electoral y la relación de las formaciones con los electores en periodos de campaña.