El Gobierno venezolano invita a Cruz Roja a acompañar el proceso de excarcelaciones de la Ley de Amnistía

La Cruz Roja Venezolana confirmó que ha sido invitada oficialmente por el gobierno para brindar atención médica y evaluaciones de salud primaria a las personas liberadas bajo la reciente Ley de Amnistía. Según informó la organización en un comunicado citado por medios internacionales, su papel consistirá en garantizar la integridad física y la salud de quienes recuperen la libertad en distintas regiones del país, tras la implementación de esta normativa aprobada por las autoridades venezolanas.

De acuerdo con la Cruz Roja Venezolana, esta asistencia se desarrollará bajo principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia, sin distinguir entre motivos políticos, creencias religiosas, condiciones sociales u otros factores. La entidad subrayó, a través de su declaración oficial, que su labor mantiene un propósito exclusivamente humanitario, orientado a la protección de la vida y la dignidad humana de todas las personas beneficiadas por el proceso de excarcelación.

Tal como publicó la Cruz Roja, la colaboración ocurre en el contexto de la puesta en marcha de la nueva Ley de Amnistía, cuya aprobación decretó el Ejecutivo venezolano el pasado viernes. De acuerdo con información del gobierno citada por medios como agencias internacionales, la legislación permite solicitar la liberación para quienes hayan cometido delitos desde 1999, siempre que estos se relacionen con trece episodios políticos destacados en el artículo 8 del texto legal. Dichos sucesos incluyen el golpe de Estado de abril de 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez, el paro petrolero de 2002-2003, el referéndum revocatorio de 2004, así como diversas protestas opositoras ocurridas los años 2007, 2013, 2017 y 2024.

El medio consignó que el gobierno ha recibido ya 1.557 solicitudes de amnistía en respuesta a la publicación de esta norma. Sin embargo, la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela (PUD), una de las principales fuerzas políticas opositoras, expresó preocupación en declaraciones recogidas por fuentes de prensa. Según la PUD, desde la promulgación de la ley solo 19 personas han salido en libertad de las cárceles venezolanas, cifra considerada insuficiente ante el universo de casos que podrían estar cubiertos por la normativa.

Algunas organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes de la sociedad civil han señalado objeciones a los alcances de la ley. El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, declaró mediante sus redes sociales y fue citado por medios como agencias internacionales, que la nueva Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática excluye explícitamente al personal militar de cualquier beneficio legal que derive de esta medida. Himiob recordó que el antecedente normativo de 2000, conocido como “Ley de Amnistía Política General”, durante el mandato de Hugo Chávez, abarcó también a militares inculpados por delitos ordinarios o militares: “Sí, los militares también. Nada más, sólo eso”, puntualizó el activista en su publicación.

La legislación vigente deja fuera de cualquier proceso de gracia delitos relacionados con corrupción, violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidios intencionales, lesiones gravísimas, tráfico de drogas y crímenes de guerra, según detalla el texto legal y recogieron informes de prensa. Desde la perspectiva de diversas ONG, esta exclusión representa una limitante en la cobertura del perdón general, ya que sectores afectados en protestas de distinta índole podrían quedar desprotegidos.

Foro Penal, organización reconocida por su labor en la defensa de presos políticos en Venezuela, informó que en los meses recientes, más de 440 personas han sido excarceladas en el contexto de un panorama internacional tenso. El medio destaca que estos procesos ocurrieron tras una ofensiva diplomática y judicial de Estados Unidos contra el país sudamericano, que incluyó la detención del presidente Nicolás Maduro, actualmente bajo custodia en territorio estadounidense, enfrentando un proceso judicial según reportó la propia organización y medios de comunicación internacionales.

La implementación de la Ley de Amnistía abre un panorama de incertidumbre, tanto por el ritmo de las excarcelaciones como por las restricciones establecidas en el texto normativo. Organizaciones como la Cruz Roja reiteran su disposición a brindar acompañamiento humanitario y garantizar la asistencia médica, subrayando que su intervención no implica posicionamiento político, sino una respuesta a necesidades urgentes en materia de salud y protección a la dignidad humana, de acuerdo con lo informado oficialmente.

En el escenario político, grupos como la Plataforma Unitaria Democrática reiteran su pedido de acelerar los procesos de liberación y ampliar los criterios de inclusión dentro del régimen de amnistía, mientras otros actores sociales cuestionan el alcance real de la medida. Medios internacionales documentan el incremento de solicitudes y expectativas en torno a la ley, mientras continúan las discusiones acerca del impacto social y político de las excarcelaciones y de la colaboración de entidades humanitarias como la Cruz Roja en el desarrollo de estas operaciones.