Italia vuelve a detener a un barco de salvamento de la ONG SOS Humanity tras un rescate en el Mediterráneo

Tras el último rescate realizado en el Mediterráneo, el gobierno italiano ordenó que el buque Humanity 1 permanezca inmovilizado durante dos meses en el puerto de Trapani, en Sicilia, luego de que la embarcación de la organización alemana SOS Humanity auxiliara a 33 personas y recuperara dos cuerpos sin vida tras un naufragio. La sanción, que incluye además una multa de 10.000 euros, se formalizó a partir de la aplicación de la actual legislación italiana sobre operaciones de rescate en alta mar. Según informó el medio, las autoridades italianas interceptaron al barco poco después del salvamento y procedieron a su detención.

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, defendió la acción gubernamental y expresó que la organización responsable del Humanity 1 actuó de forma contraria a lo que él denominó “comportamiento responsable”. De acuerdo con la explicación brindada por Piantedosi y recogida por el medio, las maniobras de la tripulación, según la versión del gobierno, pusieron en riesgo la vida de las personas rescatadas, motivo que justifica la retención administrativa del navío.

El medio detalló que SOS Humanity, por su parte, confirmó los hechos y señaló que su equipo no notificó al centro de coordinación de rescates marítimos de Libia durante la operación. La organización humanitaria justificó su accionar, argumentando que este tipo de coordinación suele implicar, según sus palabras, “graves violaciones de los Derechos Humanos contra quienes buscan protección”, tal como declaró la ONG, que sostuvo su negativa a involucrar al organismo libio durante el salvamento.

La legislación italiana establece que, tras una intervención en el mar sin seguir el protocolo estipulado y sin involucrar a los centros de coordinación asignados, las autoridades pueden imponer sanciones. La multa de 10.000 euros aplicada al Humanity 1 refleja la directriz vigente, cuyo objetivo declarado reside en regular la cooperación internacional en casos de rescate y, según el gobierno, facilitar la coordinación adecuada para evitar incidentes y garantizar la seguridad, tanto de migrantes como de las tripulaciones.

Según publicó el medio, la intervención sobre el Humanity 1 no constituye un hecho aislado. Este episodio se inscribe en una serie de medidas emprendidas por el ejecutivo italiano, liderado por la primera ministra Giorgia Meloni, quien comunicó el miércoles pasado un refuerzo de la política estatal frente al flujo migratorio. Entre los anuncios recientes figura la posibilidad de ordenar un bloqueo naval, instrumento diseñado para frenar la actividad de tráfico marítimo en la zona central del Mediterráneo si las circunstancias, según la versión oficial, lo requieren.

Las relaciones entre las agencias de salvamento internacionales y el gobierno italiano mantienen un punto de tensión recurrente por los procedimientos en torno a los rescates de migrantes en situación de riesgo. SOS Humanity, y otras organizaciones afines, suelen argumentar que las políticas restrictivas dificultan su labor, mientras los funcionarios italianos sostienen que muchas de estas ONG operan al margen de los requisitos legales, lo que, bajo su interpretación, representa un incentivo para los traficantes de personas que explotan la desesperación de quienes intentan cruzar el Mediterráneo.

El medio precisó que la interceptación del Humanity 1 se realizó poco después de completada la operación de rescate, ejecutada tras detectarse un naufragio en la región marítima central que conecta el norte de África con la costa sur de Europa. Las actividades de salvamento en esta ruta, catalogada como una de las más transitadas y peligrosas del mundo para migrantes, han aumentado de forma considerable durante los últimos años, impulsadas por conflictos, pobreza o represión en los países de origen de los migrantes, según diversos informes internacionales que han sido citados por múltiples medios.

En el contexto de la detención del barco, fuentes oficiales reiteraron que cualquier embarcación dedicada a la asistencia humanitaria debe respetar los protocolos específicos, sobre todo en lo relacionado con el aviso a los centros de coordinación de los estados ribereños correspondientes. El gobierno italiano remarcó que el incumplimiento de estas normas conlleva sanciones administrativas, además de eventuales consecuencias penales en casos agravados.

La postura de SOS Humanity, difundida por el medio, señala que la intervención estatal representa una respuesta excesiva ante una situación de emergencia humanitaria. La organización insistió en que recurrió a la omisión de las autoridades libias por considerar que la colaboración con ese país conlleva el riesgo de que las personas rescatadas sufran abusos graves o sean devueltas a condiciones inaceptables en centros de detención. La acusación de SOS Humanity sobre “violaciones graves de Derechos Humanos” por parte de las autoridades libias ha formado parte de informes previos publicados también por organismos internacionales y diversas organizaciones civiles.

La sanción administrativa impuesta al Humanity 1 y la amenaza de nuevas restricciones legales reflejan la dirección de la política migratoria del actual gobierno italiano, que, según publicó el medio, busca reducir el flujo de migrantes irregulares a través de controles más estrictos en el mar y con una normativa que limita la capacidad operativa de las ONG con presencia en el Mediterráneo. Mientras tanto, las organizaciones humanitarias han señalado que estas medidas incrementan los riesgos para las personas en tránsito y dificultan la atención rápida e integral a los náufragos.