La Justicia ecuatoriana dicta prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, detenido por lavado de dinero

La decisión de congelar las cuentas bancarias de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, junto a las de otros diez detenidos, entre ellos familiares y altos funcionarios, marcó un nuevo desarrollo en la investigación por el caso conocido como 'Goleada'. Según informó la prensa colombiana, esta medida coincidió con la orden de prisión preventiva dictada contra Álvarez en la capital ecuatoriana, tras varias horas de debate en el Complejo Judicial del Norte de Quito. La causa involucra delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

De acuerdo con lo recogido por diversos medios internacionales, Álvarez fue arrestado en su domicilio ubicado en Samborondón, provincia de Guayas. La Fiscalía justificó su solicitud de prisión preventiva señalando que el alcalde fue localizado sin la tobillera electrónica que debía portar debido a una instrucción cautelar previa en un proceso diferente, denominado 'Triple A'. Este expediente está vinculado con acusaciones de irregularidades en el sector hidrocarburífero. Para los fiscales, el incumplimiento con la medida de vigilancia electrónica ofreció motivos para revocar la libertad condicional concedida previamente a Álvarez.

El proceso judicial también involucra a otras personas allegadas al círculo personal y político del alcalde. Según informó la justicia ecuatoriana, entre los detenidos se encuentran sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez, quienes desempeñan funciones destacadas en el principal club de fútbol de la ciudad, el Barcelona Sporting Club, ejerciendo los roles de presidente y directivo, respectivamente. Además, las investigaciones alcanzaron al gerente de la Terminal Terrestre de Guayaquil, Carlos Asanza, y al titular de la Autoridad Aeroportuaria, Pablo Pita. Todos ellos estarían relacionados con la trama investigada en el caso 'Goleada', lo que motivó la extensión de las acciones judiciales a su entorno financiero.

Tal como publicó la prensa regional, Álvarez llegó al cargo de alcalde de Guayaquil respaldado por la organización política Revolución Ciudadana, liderada por el expresidente Rafael Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017. El apoyo de este movimiento fue determinante para la victoria electoral de Álvarez y refuerza el interés político que despierta el proceso judicial en curso.

El medio colombiano señala que las autoridades decidieron aplicar la prisión preventiva y la inmovilización de fondos luego de un amplio intercambio de alegatos y presentaciones de pruebas por parte de la Fiscalía. La acusación sostiene que existen elementos suficientes para vincular a los detenidos con redes de lavado de activos y otros hechos considerados delictivos dentro de la estructura municipal y deportiva de Guayaquil. Los fiscales enfatizaron en audiencia la importancia de asegurar la presencia de Álvarez y los otros encausados en el proceso, dada la magnitud de las sospechas y el potencial riesgo de obstrucción.

La instrucción fiscal sobre el caso 'Triple A', en la que también figura una investigación paralela a Álvarez, aborda presuntas irregularidades en la administración y contratos del sector hidrocarburos. Este antecedente, sumado al incumplimiento de las restricciones impuestas y la gravedad de los cargos recientes, consolidó el argumento del Ministerio Público para solicitar la medida privativa de libertad y el congelamiento de activos.

Reportó la prensa que los acontecimientos recientes incrementaron la presión sobre la alcaldía de Guayaquil, una de las principales ciudades de Ecuador. La vinculación de directivos de instituciones clave de la ciudad, así como de figuras prominentes del sector deportivo local, amplió el alcance de las investigaciones. Las acciones de la justicia ecuatoriana pretenden garantizar la integridad del proceso y dificultar cualquier movimiento patrimonial que pudiera entorpecer el desarrollo de la causa.

El seguimiento del caso ha despertado atención tanto en medios nacionales como internacionales, dada la repercusión política y social de los implicados y la envergadura de los presuntos delitos. La investigación continuará mientras la Fiscalía y los organismos de control mantienen vigilancia sobre los movimientos financieros y las acciones de los acusados, quienes permanecen bajo custodia hasta que se dilucide su situación penal.