
El magistrado Juan Carlos Peinado considera que la negativa de Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, a entregar sus pasaportes obliga a recurrir a otras medidas para esclarecer los hechos, entre ellas solicitar al Ministerio del Interior información detallada sobre posibles desplazamientos internacionales. Según informó Europa Press, el juez ha requerido a la cartera liderada por Fernando Grande-Marlaska que, en un plazo máximo de diez días, remita todos los detalles relativos a los viajes que la esposa del presidente del Gobierno y su asistente hubieran realizado hacia la República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y Rusia.
De acuerdo con la resolución judicial recogida por Europa Press, la petición abarca todos los desplazamientos ocurridos desde el 16 de julio de 2018 hasta la fecha actual, e incluye a la Oficina Nacional de Información del Pasajero en el requerimiento de precisión sobre los trayectos en cuestión. El magistrado argumenta en su auto que esta diligencia se volvió necesaria porque ambas investigadas decidieron no entregar sus pasaportes al juzgado como medio de comprobación de sus viajes, amparándose en su derecho de defensa.
El auto señala, según detalló Europa Press, que este proceder se enmarca dentro de los derechos fundamentales de las investigadas. No obstante, el juez Peinado expresa que la escasa o casi nula colaboración con la justicia por parte de Gómez y Álvarez, salvo una comparecencia en la que la primera respondió únicamente a las preguntas de su abogado, ha dificultado el acceso a la información solicitada. El magistrado menciona de igual forma que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esposo de Gómez, también optó por no prestar declaración cuando se le dio la oportunidad en el marco de la causa, acogiendo su derecho a dispensa, en línea con la legalidad vigente.
En la misma resolución, el instructor solicita a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno que remita al juzgado, igualmente en un plazo de diez días, todos los correos electrónicos enviados y recibidos desde la cuenta oficial asignada a Begoña Gómez desde la fecha mencionada hasta hoy. Según Europa Press, el magistrado indica que será la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil la que analizará los mensajes e intercambios obtenidos, con el objetivo de obtener información relevante para la investigación.
El juez Peinado aclara que, aunque se podrían plantear otras vías de investigación, incluyendo registros domiciliarios en las residencias de las investigadas, considera que tales acciones serían desproporcionadas en este momento del proceso. Esta valoración forma parte del auto judicial recogido por Europa Press, donde el magistrado opta por priorizar la solicitud de datos de viajes y comunicaciones antes de medidas más intrusivas.
La investigación que dirige el titular del Juzgado contempla cinco presuntos delitos atribuidos a Begoña Gómez: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación. Estas pesquisas forman parte de una causa en la que el juez Peinado trata de delimitar la posible implicación de Gómez y su asistente en conductas delictivas relacionadas con el ejercicio de actividades públicas y privadas.
La decisión de acudir al Ministerio del Interior y a la Presidencia del Gobierno como fuentes de información alternativa surge, según reportó Europa Press, como respuesta directa al ejercicio por parte de las investigadas de sus derechos fundamentales a la no autoincriminación y a la dispensa de declarar contra sí mismas o sus familiares, comportamientos que el instructor califica como legítimos aunque considera que derivan en la necesidad de adoptar otras estrategias de investigación procesal.
En el análisis del auto judicial, se destaca la precisión con la que el magistrado motiva la idoneidad y necesidad de las diligencias acordadas, subrayando que la negativa a facilitar los pasaportes obliga a buscar los movimientos internacionales por vías administrativas y documentales. Europa Press subraya que la actuación judicial busca limitar procedimientos más invasivos salvo que resulten imprescindibles para el esclarecimiento de los hechos.
El procedimiento continúa a la espera de la respuesta de Interior y de la Secretaría General de Presidencia, mientras la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil prepara el eventual análisis de la información documental que pueda obtenerse tras las diligencias solicitadas por el magistrado Peinado.
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