La china CK Hutchison Ports inicia un arbitraje contra Panamá tras la anulación de su concesión en el canal

La evaluación de una compensación financiera, basada en datos contables, se ha convertido en la principal exigencia de Panama Ports Company (PPC) en medio del conflicto con el Estado panameño respecto a la concesión para operar dos terminales portuarias. Según reportó el medio de comunicación, la empresa solicita que la resolución del arbitraje sea expedita, argumentando que las medidas estatales derivaron en perjuicios significativos y daños adicionales.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, la filial de CK Hutchison Ports activó un mecanismo de arbitraje internacional en respuesta a la decisión de la Corte Suprema de Panamá que declaró inconstitucional el contrato-ley celebrado entre la compañía y el Estado para la administración de los puertos próximos al canal interoceánico. Esta concesión, otorgada en 1997 y renovada con posterioridad, había sido objeto de controversia y marcó casi treinta años de relación contractuaria entre la operadora de Hong Kong y el gobierno panameño.

Panama Ports Company afirmó en un comunicado que la acción legal se presentó después de lo que calificó como una campaña estatal dirigida específicamente contra la empresa y su contrato, lo que, según detalló la fuente, desembocó en una sucesión de decisiones estatales catalogadas por la firma como “abruptas”. PPC enfatizó que la postura oficial de Panamá habría dificultado la vía del diálogo, indicando que durante el último año sus esfuerzos por entablar consultas y evitar litigios no recibieron respuesta efectiva. La compañía resaltó que incluso hasta días recientes, consideró que el gobierno panameño continuó ignorando iniciativas de comunicación y solicitudes de clarificación sobre la situación contractual.

En medio de estas dinámicas, la empresa insistió en que, a pesar del desacuerdo evidente y el inicio del proceso arbitral, mantiene la disposición de dialogar, invitando al Estado panameño a establecer un marco de consultas para resolver el diferendo. Según consignó el medio de comunicación, este llamado a la negociación se reiteró en el comunicado oficial emitido por la operadora portuaria.

La sentencia dictada por el máximo órgano judicial panameño, la Corte Suprema, marcó el punto de inflexión en el conflicto legal y contractual. Declarada hace aproximadamente una semana, la resolución invalidó el acuerdo que permitía a PPC operar dos puertos estratégicamente ubicados en las cercanías del Canal de Panamá, estructura relevante para el comercio internacional. La decisión judicial amplificó el escenario de tensión entre las partes, según informó el medio citado.

La influencia de China en las infraestructuras portuarias panameñas había estado en el centro del debate internacional, con críticas previas del expresidente estadounidense Donald Trump dirigidas al grado de implicación china en el país centroamericano. Las repercusiones de la anulación contractual trascendieron la jurisdicción panameña y se proyectaron en el plano diplomático, tomando en cuenta el contexto geopolítico regional y las recientes manifestaciones de autoridades chinas.

Desde la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado chino, la revocación del contrato fue fuertemente criticada, calificándola como una decisión “jurídicamente absurda, lógicamente defectuosa y absolutamente ridícula". El organismo chino difundió este pronunciamiento a través de su cuenta oficial en WeChat, donde añadió que el precedente sentado por la sentencia panameña implica la potencial anulabilidad de otros contratos de concesión existentes en el país. Según publicó la fuente original, este argumento busca enfatizar el impacto sistémico de la resolución judicial sobre la estabilidad jurídica de las inversiones extranjeras en Panamá.

El Gobierno chino también manifestó su intención de defender activamente los intereses de sus empresas en el extranjero. “El gobierno está firmemente comprometido con la salvaguardia de los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas y nunca se quedará de brazos cruzados ante la intimidación hegemónica”, afirmaron las autoridades chinas, según declaró la fuente.

En el comunicado, PPC puso especial énfasis en los “esfuerzos extensivos” desplegados el año previo para obtener una solución consensuada. De acuerdo con el relato de la empresa resumido por el medio, los intentos de establecer diálogos habrían chocado con la desestimación recurrente por parte de las autoridades panameñas, quienes, según la narrativa de la firma, no habrían atendido solicitudes formales de comunicación ni ofrecido aclaraciones respecto al futuro de la relación contractual ni sobre el acceso a las operaciones portuarias.

La anulación de la concesión de casi tres décadas y el inicio del arbitraje internacional subrayan el nivel de conflicto alcanzado entre la operadora portuaria asiática y el Estado panameño, mientras la controversia adquiere una dimensión internacional debido a las implicaciones diplomáticas señaladas por los órganos oficiales chinos. El caso pone de relieve la intersección entre marcos legales nacionales, acuerdos bilaterales de inversión y la estabilidad de las inversiones estratégicas en infraestructuras críticas para el comercio global, todo esto bajo el escrutinio de actores estatales de Estados Unidos y China.