Hungría emprende acciones legales en el TJUE para anular la prohibición europea de importar gas ruso

Budapest presenta una denuncia ante la justicia europea argumentando que la normativa sobre energía viola el principio de seguridad y decisiones nacionales, mientras exige el respeto de la unanimidad en las sanciones y advierte sobre el impacto en los precios

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El gobierno de Hungría sostiene que la reciente normativa europea para frenar las importaciones energéticas rusas incrementará los costos y pone en riesgo el suministro energético del país. De acuerdo con Europa Press, la administración húngara se dirigió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para pedir la anulación del reglamento RePowerEU, recién aprobado por el bloque comunitario para eliminar gradualmente desde 2027 la compra de gas ruso, tanto por gasoducto como en su forma licuada.

El ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjarto, informó que la acción legal se fundamenta en la defensa de las competencias nacionales en la toma de decisiones relativas a los recursos energéticos y sus proveedores, atribuciones que, según sostuvo, corresponden exclusivamente a cada Estado miembro según el Tratado de la Unión Europea. Szijjarto declaró públicamente que “esta regulación se adoptó siguiendo el método de la política comercial”, en lugar de hacerlo por la vía de sanciones, las cuales exigirían unanimidad y no la mayoría necesaria para la aprobación de RePowerEU, tal como ha publicado Europa Press.

El reglamento en cuestión establece que el bloque dejará de importar gas natural licuado ruso a principios de 2027, y eliminará progresivamente desde el otoño de ese mismo año las compras de gas a través de gasoductos provenientes de Rusia. Según consignó Europa Press, la norma fue respaldada mediante mayoría cualificada, encontrando la oposición de Hungría y Eslovaquia, y el voto de abstención de Bulgaria. El esquema aprobado incluye la posibilidad de que los contratos actuales gocen de un periodo de transición diseñado para disminuir el efecto de la medida en los precios de la energía y en el mercado.

Además del argumento sobre las competencias energéticas nacionales y el procedimiento de aprobación, el gobierno húngaro subrayó el principio de solidaridad dentro de la Unión Europea, que obliga a garantizar la seguridad del suministro para todos los miembros. Desde la perspectiva del ministro Szijjarto, el reglamento vulnera este principio en el caso de Hungría, pues limita el acceso a fuentes energéticas consideradas más asequibles y confiables para el país. Szijjarto detalló que, en ausencia del gas y petróleo rusos, no solo se vería comprometida la seguridad energética nacional, sino también los costos energéticos que enfrentan las familias húngaras.

Según informó Europa Press, Hungría defiende que la única manera válida para restringir las importaciones energéticas de Rusia debería haberse articulado en forma de sanción, mecanismo que obliga a la unanimidad entre los veintisiete Estados miembro, un requisito que no se cumplió en esta ocasión. El país argumenta que las decisiones que afectan directamente al acceso y precio de la energía requieren consenso, especialmente en escenarios en los que existen grandes diferencias en la situación de cada Estado miembro respecto a la dependencia de fuentes externas.

Eslovaquia también ha anunciado su intención de presentar acciones ante la justicia europea. Según reportó Europa Press, el ministro de Exteriores de Eslovaquia, Juraj Blanar, señaló que ni las restricciones ni la planificación de la transición han considerado las circunstancias únicas de cada miembro de la Unión Europea. Blanar afirmó que el proceso no contempló “una transición justa, realista y socialmente sostenible para todos los Estados miembro”.

El medio Europa Press detalló que el reglamento RePowerEU constituye una de las principales respuestas comunitarias para disminuir la dependencia energética de Rusia después del inicio de la guerra en Ucrania. Busca limitar progresivamente los lazos energéticos del continente con Moscú, imponiendo calendario y nuevas obligaciones para todos los países miembros, aunque estas han resultado en diferencias de criterio y en resistencia por parte de quienes, como Hungría y Eslovaquia, tienen mayor dependencia de los suministros rusos.

Las autoridades húngaras afirman que el impacto de la nueva normativa irá más allá de un simple reajuste en la cadena de suministro, pues se traducirá en la búsqueda de fuentes alternativas de energía que consideran menos fiables y más costosas. Además, sostienen que sin el acceso al gas y petróleo rusos, no será factible mantener la seguridad energética ni asegurar precios bajos para los consumidores.

Según Europa Press, la Comisión Europea defendió la legalidad y el alcance del reglamento RePowerEU, argumentando que el periodo de transición y la flexibilidad en los contratos existentes darán margen a los Estados miembro para adaptarse. A pesar de esta posición, el paso adoptado por Hungría y la inminente acción legal eslovaca refuerzan la división dentro del bloque y el debate sobre hasta qué punto las decisiones energéticas deben centralizarse o preservarse como prerrogativa nacional en contextos de crisis o confrontación internacional.

Hungría y Eslovaquia presentan sus desafíos ante la justicia europea con la expectativa de detener unas normas que, según sus gobiernos, desconocen la necesidad de encontrar soluciones adaptadas a la realidad energética de cada país y amenazan con elevar el coste de vida para sus respectivas poblaciones. Europa Press señala que el recurso ya presentado, y los que puedan sumarse, mantendrán el enfoque internacional sobre la política energética europea y los mecanismos de toma de decisiones del bloque en un momento de profundas transformaciones en el mercado energético continental.