El conglomerado hongkonés CK Hutchison tenía previsto transferir la gestión de los puertos de Balboa y Cristóbal, ambos ubicados en el área del canal de Panamá, a un consorcio encabezado por la estadounidense BlackRock y la italiana Terminal Investment. Sin embargo, tras la decisión anunciada por el Tribunal Supremo de Canadá, esta operación enfrenta un escenario radicalmente distinto, ya que el máximo órgano judicial del país declaró inconstitucional el contrato de concesión que amparaba la explotación de estas terminales portuarias desde 1997. Según detalló el medio, la sentencia afecta de forma directa a los acuerdos y adendas que habían permitido la prórroga del contrato bajo gestión de la empresa Panama Ports Company, filial del conglomerado asiático.
El Tribunal Supremo informó a través de una publicación en redes sociales que, después de una “amplia deliberación y discusión” de las demandas de inconstitucionalidad interpuestas por la interventora general Anel Flores, tanto la ley original como los posteriores añadidos al acuerdo, junto a los actos de prórroga, resultaron incompatibles con la Constitución del país. Según publicó la fuente, el pronunciamiento ratifica que el contrato de concesión entre el Estado y Panama Ports Company “para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal” carece de validez constitucional.
El contrato, que estuvo vigente durante más de dos décadas tras su otorgamiento en 1997, había sido objeto de sucesivas extensiones y ampliaciones bajo la administración de compañías vinculadas a CK Hutchison. De acuerdo con el medio, en los últimos meses tanto la validez del acuerdo como su impacto en la economía panameña pasaron a formar parte del debate público internacional, especialmente después de las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien expresó preocupación por el nivel de influencia de empresas chinas en la estratégica vía marítima de Panamá. Trump advirtió sobre un posible incremento del control estadounidense sobre el canal, argumentando la necesidad de contrarrestar “la influencia china” en la región, lo que desencadenó un cruce de posiciones entre Washington y Pekín en torno al futuro de la infraestructura clave.
A su vez, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reafirmó en repetidas ocasiones la soberanía del país sobre la operación del canal, desmarcándose de las disputas geopolíticas y defendiendo que la administración y el control son enteramente panameños. Según informó la fuente, la acción legal que resultó decisiva ante la Corte Suprema fue presentada en 2025 por la interventora general, Anel Flores, quien argumentó que la última prórroga del contrato vinculada a Panama Ports Company ocasionó al Estado panameño una pérdida superior a 1.000 millones de dólares (equivalentes a 838 millones de euros) en concepto de ingresos fiscales no percibidos. Además, Flores denunció que la filial de CK Hutchison no obtuvo las autorizaciones requeridas para beneficiarse de la extensión contractual.
La sentencia del Supremo, descrita como inapelable por los especialistas consultados, deja a CK Hutchison con posibilidades limitadas para defender su posición. De acuerdo con el fallo, la empresa únicamente tendría margen para presentar una solicitud de aclaración ante el propio tribunal o, como alternativa, acudir a un arbitraje internacional. Según detalló la fuente, tanto la incertidumbre sobre la gestión futura de los puertos como el debate sobre la transparencia y el control de los ingresos públicos han incrementado las presiones políticas multilateralmente, a la par que acrecentaron la atención sobre las operaciones extranjeras en infraestructuras estratégicas.
El fondo de inversión estadounidense BlackRock y la italiana Terminal Investment, principales candidatos a liderar el nuevo consorcio a cargo de los puertos, ven ahora condicionados sus planes de expansión global en la región canalera. Tal como publicó el medio, el destino de los puertos de Balboa y Cristóbal adquiere así una dimensión internacional, ya que Washington vigila de cerca los desarrollos y Pekín mantiene un notable interés estratégico en el área, en un contexto donde las grandes potencias pretenden marcar presencia sobre las rutas marítimas más relevantes a nivel global.
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