Las pesquisas judiciales han puesto especial atención en los pagos realizados para costear viajes de la esposa de Datuk Mohd Razali, incluyendo trayectos de ida y vuelta a Málaga, en el sur de España, que alcanzaron un monto calculado de 64.600 ringit malasios, es decir, más de 13.500 euros. Estos beneficios, junto con sobornos evaluados en 20.000 dólares (unos 16.700 euros), forman parte de las imputaciones que enfrenta el antiguo director general de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Malasia. Según detalló la agencia estatal Bernama, la primera comparecencia judicial se celebró este jueves en Kuala Lumpur, donde el acusado se declaró no culpable de los cargos y solicitó llevar el proceso a juicio.
De acuerdo con la información publicada por Bernama, el caso se centra en un presunto soborno recibido a cambio de facilitar la aprobación de un certificado vinculado a la adquisición de servicios de mantenimiento y apoyo destinados al Centro de Operaciones de Ciberdefensa malasio. Este delito podría conllevar una condena máxima de hasta 20 años de prisión para Mohd Razali. En total, el exjefe militar enfrenta tres cargos, dos de ellos relacionados con los mencionados viajes.
La formalización de cargos ante el tribunal precisó que los viajes cuya financiación se investiga no solo incluyeron destinos internacionales sino que también se considera su posible vínculo con favores otorgados debido a la posición jerárquica del acusado en el estamento militar. El medio Bernama indicó que tras la presentación de las acusaciones, Razali respondió al juez: “Entiendo los cargos, me declaro no culpable y pido ser juzgado”. Acto seguido, la jueza ordenó su puesta en libertad bajo fianza.
Tal como consignó Bernama, la cantidad fijada para la fianza ascendió a 50.000 ringit malasios, unos 10.600 euros. No obstante, la propuesta inicial impulsada por la fiscalía sugería un importe mucho mayor, de 200.000 ringit (más de 42.500 euros), motivada por la naturaleza del caso, la gravedad de los presuntos delitos y el relevante cargo alcanzado dentro de las Fuerzas Armadas. La jueza también determinó que durante la instrucción del proceso judicial, Razali deberá entregar su pasaporte, anulando su posibilidad de abandonar Malasia.
El inicio del juicio quedó programado para el 16 de marzo. Hasta entonces, el acusado tendrá que acogerse a las restricciones establecidas por el tribunal. Según publicó Bernama, las autoridades consideran que el caso presenta "seriedad, naturaleza y sensibilidad" notorias, circunstancias citadas por el fiscal adjunto al argumentar en favor de una fianza más elevada. Estos factores se atribuyen tanto a los hechos que se investigan como a la posición de influencia que Razali ostentaba en el aparato de Defensa malasio.
La investigación y posterior imputación a Datuk Mohd Razali constituye uno de los procesos más recientes en el contexto de señalamiento de prácticas de corrupción en la administración pública y el sector militar del país. Bernama también subrayó que la acusación se refiere a prácticas supuestamente llevadas a cabo a cambio de beneficios personales y familiares directos, a través de acuerdos y tratos relacionados con la gestión de recursos y servicios estratégicos para la defensa nacional.
El avance del proceso judicial mantiene a Mohd Razali sujeto a vigilancia y supervisión, de acuerdo con las disposiciones adoptadas por la magistrada en la última audiencia. La obligación de entregar el pasaporte y la determinación de una fecha de juicio buscan restringir cualquier intento de eludir la acción de la justicia, detalló Bernama en su reporte. La evolución del caso será seguida de cerca, dadas las implicancias tanto en términos legales como para los procedimientos internos de las Fuerzas Armadas de Malasia.
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