La Junta ve "comprensible" las protestas por Mercosur y exige a Europa una aplicación que "proteja" al campo andaluz

Las asociaciones agrícolas de Andalucía sostienen que la desaparición progresiva de la arquitectura tradicional de la Política Agraria Común (PAC), junto a recortes en el Marco Financiero Plurianual propuesto a nivel europeo, podría acarrear un debilitamiento importante tanto para el sector agrario de la región como para el conjunto de la Unión Europea. Según informó Europa Press, la Junta de Andalucía reclamó este miércoles a la Comisión Europea garantías claras de protección para la agricultura andaluza ante la implementación provisional del acuerdo entre la UE y Mercosur, después de las manifestaciones convocadas por las principales organizaciones agrarias en rechazo al pacto.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, expuso en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que las movilizaciones previstas resultan comprensibles debido a los riesgos percibidos por el campo andaluz en el contexto del reciente acuerdo comercial con los países sudamericanos agrupados en Mercosur. El medio Europa Press detalló que Fernández-Pacheco subrayó con firmeza que la posición del ejecutivo regional es de oposición tajante al acuerdo, salvo que se establezcan mecanismos efectivos para salvaguardar a los productores europeos, recalcando la especial vulnerabilidad de Andalucía bajo las condiciones actuales.

Europa Press reportó también que el responsable andaluz de agricultura matizó que la Junta no rechaza el libre comercio como concepto general, pero exige igualdad en las condiciones de competencia. Fernández-Pacheco declaró que “las reglas del juego deben ser las mismas para todos los competidores” y reiteró la disposición del gobierno autonómico a mantener una defensa inflexible del sector primario, enfatizando la necesidad de implementar seis medidas esenciales para que la aplicación del acuerdo se realice con garantías suficientes.

Entre las reclamaciones a Bruselas, Fernández-Pacheco pidió la incorporación de cláusulas de salvaguarda operativas, con mecanismos automáticos que permitan reaccionar de manera inmediata ante distorsiones en el mercado. También solicitó condiciones de competencia equitativas, el refuerzo de los controles y medidas que incrementen la transparencia comercial. Además, el consejero instó a proporcionar apoyos económicos a los sectores afectados, así como la revisión de la PAC de manera que se garantice una dotación presupuestaria adecuada para enfrentar la nueva realidad impuesta por el acuerdo Mercosur.

En relación con la tramitación normativa de la ratificación del acuerdo, Europa Press consignó que el Parlamento Europeo decidió llevar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la revisión del tratado, ante sospechas de incompatibilidad con la legislación comunitaria. Este movimiento, que se ejecutó gracias a una diferencia de apenas diez votos —334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones—, supone la suspensión del proceso de ratificación, aunque deja en manos de la Comisión la decisión de activar la aplicación provisional del pacto.

Las organizaciones agrarias, citadas por Europa Press, han argumentado que el acuerdo con Mercosur adolece de reciprocidad y puede incidir en una competencia desleal que perjudica a los agricultores y ganaderos de Andalucía, además de representar un riesgo para los consumidores europeos. Han calificado el pacto de desequilibrado, señalando que compromete la viabilidad de sectores estratégicos como la producción de carne de vacuno, cítricos, arroz y aceituna de mesa.

Europa Press precisó que estas organizaciones acusan que las posibles ventajas para sectores aparentemente beneficiados, como el aceite de oliva y el vino, resultarían mínimas y retrasadas debido a los extensos plazos transitorios para la plena liberalización comercial. Cuestionan la eficacia de las cláusulas de salvaguardia incluidas en el acuerdo al considerar que no son suficientes y advierten de la dificultad e inviabilidad de su aplicación, pues la Unión Europea carece de un sistema de control fronterizo común y de controles en origen adecuados, obstáculos ratificados por representantes de Mercosur que habrían declarado anteriormente su falta de disposición para cumplir con tales anexos regulatorios.

Por otra parte, señalaron que el recorte presupuestario previsto en el nuevo Marco Financiero Plurianual y la posible desaparición de los elementos estructurales de la PAC dejarían aún más expuesto al sector agrario europeo, debilitando, con ello, las posiciones de los productores frente a la competencia internacional. Las dificultades económicas se ven agravadas, según recopila Europa Press, por el encarecimiento de los insumos, tales como fertilizantes y energía, factores que afectan la rentabilidad agrícola y han propiciado la movilización social. Además, identificaron la burocracia creciente como una traba adicional que, lejos de facilitar la labor diaria de agricultores y ganaderos, merma la competitividad del conjunto del sector.

Europa Press recordó que la Junta ha reiterado la imposibilidad de aceptar la puesta en marcha provisional del acuerdo UE-Mercosur sin la implementación previa de garantías claras y efectivas para proteger los intereses del campo andaluz y la producción europea.