El Parlament insta al Ministerio de Defensa a investigar "vulneraciones de derechos" en la 'mili'

Francesc Robelló, familiar de una de las personas afectadas por abusos durante el servicio militar obligatorio, sostiene que el silencio en torno a estos hechos constituye parte de lo que considera un crimen, según testimonios recogidos tras la emisión reciente del documental ‘Et faran un home. Morts silenciades’ por parte de 3Cat. En este contexto, el Parlament de Cataluña ha solicitado formalmente al Ministerio de Defensa que abra una investigación para esclarecer las presuntas violaciones de derechos humanos vinculadas con la prestación obligatoria de la mili en España, informó Europa Press.

El posicionamiento se plasmó en un documento firmado por representantes de Junts, ERC, Comuns y CUP, que se hizo público durante el pleno de la cámara catalana. Los parlamentarios de Vox optaron por abandonar la sala antes de la lectura oficial del texto, consignó Europa Press. La iniciativa demanda que, si las investigaciones confirman la existencia de vulneraciones, el Estado analice mecanismos de reparación integral para las víctimas y sus familias, conforme a estándares internacionales en materia de derechos humanos. Además, el texto expresa el rechazo categórico al restablecimiento del servicio militar obligatorio y ratifica el compromiso de la cámara en defensa de los derechos humanos, la verdad y la justicia.

Según publicó Europa Press, el documental emitido en el marco del programa ‘Sense Ficció’ saca a la luz presuntas muertes, malos tratos y abusos sucedidos en cuarteles y unidades del Ejército español bajo el régimen de la mili, incluso en periodos democráticos. Voces de familiares y víctimas participan en este relato, reclamando muchos de ellos una comisión de investigación en el Congreso para clarificar el alcance de estos acontecimientos y exigir responsabilidades institucionales.

Montse Armengou, directora del espacio audiovisual de 3Cat, explicó que el trabajo documental ha acreditado y visibilizado testimonios sobre abusos contra jóvenes que realizaban la mili en etapas recientes de la historia democrática de España. En la rueda de prensa celebrada en el Parlament, Armengou destacó la necesidad de investigar los hechos expuestos, tal como reseñó Europa Press.

Familiares como Cristina Aymerich manifestaron en la citada comparecencia que, a su juicio, el Estado tiene una responsabilidad directa, dado que no protegió adecuadamente a los jóvenes bajo su custodia. Aymerich exige la apertura de comisiones parlamentarias para desentrañar la verdad y subrayó que muchas familias siguen esperando respuestas claras acerca de lo sucedido.

El periodista Vicent Partal, quien vivió en primera persona el servicio militar en 1982 y aparece en el documental, declaró ante los medios que impacta la falta de respuestas del Estado y la ausencia de asunción de responsabilidades. “Es una crueldad que en un país democrático no se puede tolerar”, sostuvo Partal, según palabras recogidas por Europa Press.

Otro de los testigos, Nacho Galán, afectado por la mili de 1984, enfatizó en la necesidad de que el Estado reconozca los daños sufridos por las víctimas y estudie todas las vías posibles para habilitar medidas de reparación. Berta Gómez, familiar de otro afectado, recalcó que su demanda trasciende la confrontación entre partidos políticos y reclamó su centralidad en valores básicos de dignidad humana. Gómez afirmó que están dispuestos a llevar el caso a instancias europeas, si fuese necesario, para buscar justicia, según consignó Europa Press.

El documento presentado en el Parlament también señala las obligaciones de los Estados según las normas internacionales: investigar de forma independiente toda muerte o violación grave de derechos humanos bajo custodia militar o dentro de instituciones armadas, garantizar el esclarecimiento de los hechos e implementar las reparaciones institucionales que correspondan.

El medio Europa Press detalló que esta solicitud surge tras el impacto mediático y social generado por el documental, el cual recopila evidencias y relatos que apuntan a una posible existencia de un patrón sostenido de violaciones y encubrimientos en el seno de las fuerzas armadas, asuntos que han permanecido sin resolución judicial o administrativa en muchos casos.

Organizaciones en defensa de los derechos humanos han respaldado en el pasado iniciativas similares, poniendo el foco en la responsabilidad institucional y en la memoria histórica. El Parlament, con este paso, se alinea con esa perspectiva y demanda transparencia, esclarecimiento y justicia para los familiares y las presuntas víctimas de hechos ocurridos durante el periodo obligatorio de servicio militar en España, en el marco de los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, confirmó Europa Press.