Diosdado Cabello eleva a más de 800 las excarcelaciones en Venezuela y carga contra las "mal llamadas" ONG

Diosdado Cabello, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro del Interior, aseguró que solicitará la intervención del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para auditar la lista oficial de excarcelaciones en Venezuela, una medida que busca validar las cifras presentadas por el Gobierno y restar legitimidad a los registros manejados por organizaciones no gubernamentales. El anuncio, hecho en rueda de prensa el lunes, se produce pese a que el propio Gobierno venezolano declaró persona “non grata” al titular de dicho organismo, Volker Türk, en julio del año pasado, en medio de tensiones tras un informe crítico sobre la situación de derechos humanos en el país. Según informó Europa Press, Cabello inscribió este pedido en un contexto de disputas con ONG y de señalamientos a la fiabilidad de sus datos, marcando distancia respecto a la información publicada por estos colectivos civiles.

A lo largo de su comparecencia, Cabello elevó la cifra de personas excarceladas desde finales de diciembre de 2025 a un total de 808, subrayando que la medida se mantiene vigente desde entonces. De acuerdo con Europa Press, el funcionario subrayó que tales liberaciones no responden a presiones externas ni a acuerdos con ONG, sino a decisiones del Ejecutivo. En sus declaraciones, el ministro arremetió contra las organizaciones no gubernamentales, a las que se refirió como “mafiosos” y “extorsionadores”, acusando a algunos de estos colectivos de cobrar a familiares de detenidos por su trabajo, al tiempo que cuestionó la veracidad de sus reportes sobre liberaciones de presos. “No nos reunimos con ninguna ONG para esto”, afirmó.

Cabello desestimó los datos manejados por entidades como Foro Penal, sosteniendo que “andan como locos” por intereses económicos y criticando que no se avengan a los listados oficiales. “Son unos mafiosos, unos extorsionadores”, afirmó según publicó Europa Press, señalando que el Gobierno apuesta por la reinserción de las personas excarceladas, al expresar: “apostamos por que vayan a trabajar, no que sigan (...) matando gente, quemando gente viva o promoviendo la intolerancia y esas cosas”. El ministro defendió que la revisión de los casos y liberaciones forma parte de un proceso que apunta a la estabilidad social y no, como han sugerido voces opositoras y organizaciones civiles, a concesiones políticas o negociaciones con terceros.

En una jornada marcada por la actualización de cifras oficiales, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, también aportó su balance. Tal como consignó Europa Press, Saab declaró que el número de excarcelados asciende a más de 600 en el marco del proceso iniciado en diciembre, contabilizando en ese total las 200 excarcelaciones ocurridas los días 24 y 31 de diciembre. Saab, en declaraciones a Caracol Radio de Colombia, indicó que los datos manejados por algunas ONG le resultan “erráticos” y consideró que estas organizaciones “confunden y hacen cosas que no son las pertinentes”.

En contraste, el Foro Penal —una de las ONG que publica monitoreos periódicos sobre detenciones y liberaciones— informó de 266 liberaciones desde el 8 de enero, reportó Europa Press. La discrepancia entre las cifras oficiales y las que circulan desde grupos de la sociedad civil agravó la controversia sobre la transparencia y la exactitud de los datos relativos a la población penitenciaria en Venezuela.

El proceso de liberaciones, según detalló Europa Press, se inició tras el anuncio de la Administración venezolana durante el mes de diciembre y contó con un antecedente relevante: la detención del presidente Nicolás Maduro en Estados Unidos el 3 de enero y el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Ante el escenario internacional, el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, expresó el lunes su reconocimiento a Caracas, considerándolo, según Europa Press, como un “potente gesto humanitario”.

Cabello insistió en que no existe nada que ocultar en la acción del Ejecutivo. Citó a Delcy Rodríguez al reiterar que la presencia del Alto Comisionado sería bienvenida porque, en sus palabras, “no tenemos nada que ocultar, al contrario”. El ministro también defendió la legitimidad de las revisiones de caso por parte de las autoridades, insistiendo en que existen personas que cometieron delitos y que los procesos de excarcelación pasan por una revisión detallada de cada situación individual.

En cuanto al futuro del proceso, Cabello anunció que las liberaciones continuarán y afirmó con énfasis: “pase lo que pase en cualquier circunstancia, nosotros venceremos”. Las diferencias en el número de personas liberadas entre los registros de las autoridades, por un lado, y los de las organizaciones civiles, por otro, mantienen abiertas tensiones en el país. Europa Press planteó que estas diferencias subrayan la ausencia de un consenso respecto a la cantidad exacta de excarcelaciones y la forma en que se elaboran dichos listados.

El cruce de versiones incluye acusaciones directas que han escalado el tono del debate público, con el Ejecutivo reiterando su rechazo a cualquier mediación o intermediación de ONG en el proceso, y subrayando que las únicas listas consideradas válidas son las oficiales. Por su parte, tanto el fiscal general como el ministro insisten en minimizar la relevancia de las cifras publicadas por diversas entidades, al acusarlas de manipulación y de actuar por intereses distintos a los humanitarios, según publicó Europa Press.

Dentro del contexto presentado, la intervención solicitada al Alto Comisionado de Derechos Humanos refleja tanto la intención del Gobierno de internacionalizar la controversia sobre las cifras de liberaciones como la posibilidad de abrir nuevos espacios para la validación de datos oficiales. Mientras tanto, familias y organizaciones involucradas continúan a la espera de una clarificación sobre el número exacto de personas que han recuperado la libertad desde el inicio del proceso.