Podemos anuncia un pacto con el PSOE para que el Gobierno apruebe ya la regularización de migrantes irregulares

Irene Montero detalló que las personas migrantes que opten por la regularización administrativa deberán justificar una estancia mínima de cinco meses en territorio español, para lo cual podrán acreditar su situación mediante documentos como el certificado de empadronamiento, informes médicos o registros de envíos de dinero. Durante un acto celebrado en Madrid dedicado a la situación de los extranjeros en situación irregular, la eurodiputada informó que la solicitud de dicho procedimiento concederá una autorización provisional de residencia una vez presentada la documentación necesaria. Según publicó el medio, el proceso se aplicará a quienes demuestren su permanencia en España antes del 31 de diciembre de 2025.

El decreto fue anunciado después de que Podemos y el PSOE alcanzaran un acuerdo para que el Gobierno apruebe la medida de forma inminente, según informó el medio. Esta iniciativa plantea una regularización extraordinaria que permitirá a miles de personas migrantes sin papeles acceder a permisos de residencia, con la condición de que cumplan los criterios administrativos exigidos. De acuerdo con lo consignado por la fuente, al implementarse mediante un real decreto, la medida no requerirá convalidación parlamentaria, lo que facilitará su puesta en marcha de manera inmediata.

Montero afirmó que Podemos garantizará que el procedimiento se desarrolle de forma ordenada y eficiente, y destacó la importancia de proteger los derechos de los solicitantes frente a situaciones de discriminación, según citó el medio. También señaló que esta regularización se orienta a resolver situaciones de vulnerabilidad estructural en este colectivo, permitiendo a las personas regularizar su situación siempre que puedan aportar pruebas documentales de su residencia previa en España.

El plan presentado incluye la entrega de una autorización provisional de residencia desde el momento en que se formaliza la solicitud, explicó Podemos según detalló el medio. Además de los certificados de empadronamiento, la normativa contempla la aceptación de otros tipos de documentos, como informes médicos que registren atención en centros de salud o comprobantes de transferencias de dinero hacia el extranjero, como pruebas alternativas para justificar la permanencia en el país.

Según la explicación proporcionada por las fuentes de Podemos citadas por el medio, la decisión de activar la regularización a través de un real decreto responde a la necesidad de agilizar el procedimiento, evitando la tramitación legislativa habitual y el debate en el Congreso de los Diputados. De esta manera, se busca una rápida aplicación de la medida, eliminando trámites intermedios que podrían retrasar el acceso de las personas migrantes irregulares a la documentación de residencia.

La eurodiputada también insistió en que el objetivo de la medida es ofrecer una respuesta administrativa eficaz y garantizar la protección de los derechos fundamentales, además de velar por la integración de quienes se encuentren en situación administrativa irregular. Según el medio, el acuerdo alcanzado constituye un avance relevante en el contexto de la política migratoria, al facilitar un mecanismo que simplifica y acelera los procesos para el acceso al permiso de residencia extraordinario. El proceso involucra requisitos prácticos y administrativos definidos, así como procedimientos para que la entrega de permisos provisionales se gestione de manera inmediata.

Podemos enfatizó, de acuerdo con lo reportado, que seguirá supervisando la aplicación del decreto para evitar obstáculos o demoras innecesarias. Las condiciones específicas para la regularización seguirán los parámetros previamente consensuados, centrados en la documentación de la estancia previa a la fecha límite acordada y la presentación de los justificantes correspondientes.

A lo largo del acto celebrado en Madrid, Montero defendió la urgencia de esta medida y el papel de su formación política en la promoción de políticas orientadas a garantizar los derechos de los colectivos más vulnerables. Según precisó el medio, la expectativa es que la aprobación del decreto conduzca a un proceso masivo de regularización, facilitando la estabilidad legal de miles de residentes extranjeros que hasta ahora carecían de papeles en regla. Con este acuerdo, se prevé una transformación significativa en la situación administrativa de una parte importante de la población migrante, con implicaciones sociales y jurídicas inmediatas.