
La decisión del Ministerio de Asuntos Exteriores de España incluyó también la salida de otro funcionario con estatus diplomático acreditado en la Embajada de Nicaragua, de acuerdo con lo reportado por fuentes diplomáticas citadas por El País. Esto ocurrió después de que la administración encabezada por Daniel Ortega resolviera rechazar la presencia del embajador español en Managua y de la segunda jefatura de la legación, lo que desencadenó una respuesta en reciprocidad por parte del gobierno español.
El Ministerio español comunicó que la expulsión del embajador nicaragüense, Mauricio Carlo Gelli, junto con otro diplomático de esa misión, se produjo "en estricta reciprocidad" tras la decisión previa del Ejecutivo de Ortega de expulsar a los representantes diplomáticos de España en Nicaragua. Según informó El País, la medida se adoptó el domingo y supuso el inicio de un nuevo episodio de tensión entre ambos países, cuyas relaciones diplomáticas datan de hace 175 años.
Por el momento, ni la Cancillería nicaragüense ha hecho pública la notificación oficial relacionada con la salida de los funcionarios españoles, ni el Ministerio de Asuntos Exteriores español ha difundido detalles sobre los motivos esgrimidos por el gobierno de Ortega para justificar la expulsión. El Gobierno español, según consignó El País, emitió un breve comunicado señalando: "El Gobierno de España seguirá trabajando por tener las mejores relaciones con el pueblo hermano de Nicaragua".
El embajador Sergio Farré Salvá, diplomático español que ingresó a la carrera en 2005 y fue designado por el Consejo de Ministros el 2 de diciembre, recibió la bienvenida formal en Managua el 13 de enero a través de las redes de la Embajada. Este año, se conmemoran 175 años desde el establecimiento formal de las relaciones diplomáticas entre España y Nicaragua.
El embajador expulsado por España, Mauricio Carlo Gelli, había presentado sus credenciales ante el rey Felipe VI en mayo de 2023. Gelli también participó en la tradicional recepción anual del cuerpo diplomático acreditado ante el monarca español, celebrada el viernes anterior al anuncio de su expulsión en el Palacio Real de Madrid, según detalló El País.
Este incidente no constituye el primer conflicto diplomático entre los dos países en los últimos años. En agosto de 2021, poco después de la llegada de José Manuel Albares a la cartera de Exteriores, España decidió llamar a consultas a su embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, tras la publicación de un comunicado por parte del gobierno nicaragüense en el que se acusaba de injerencia al ejecutivo español. En ese documento, la administración de Ortega hacía referencias a casos como los GAL y la situación en Cataluña para fundamentar sus críticas hacia España, según relató El País.
El retorno de Fernández-Palacios no se concretó debido a la negativa del gobierno de Ortega, por lo que la diplomática española no pudo regresar a Nicaragua tras una advertencia de reciprocidad por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Ante esta circunstancia, el régimen nicaragüense optó por retirar también a su embajador en Madrid.
Más tarde, en julio de 2022, España nombró a una nueva embajadora, Pilar María Terrén, quien pudo entregar finalmente sus cartas credenciales al presidente Ortega en febrero de 2023, lo que supuso entonces la superación provisional de la crisis diplomática, según señaló El País.
En el trasfondo de estas tensiones, persiste la postura del Gobierno español respecto a los últimos procesos electorales en Nicaragua, en concreto, la no aceptación de la reelección de Ortega en noviembre de 2021. Este aspecto ha sido un punto de fricción recurrente en las relaciones bilaterales, tal como explica El País.
El contexto de expulsiones y llamadas a consultas marca un patrón de respuestas diplomáticas enmarcadas en la estricta reciprocidad por parte de ambos gobiernos, interrumpiendo a lo largo de los últimos años la normalidad en la relación bilateral.
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