
La atención política en el Congreso peruano se ha concentrado en la decisión de no convocar un pleno extraordinario para debatir las seis mociones de censura presentadas contra el presidente encargado, José Jerí. Esta postura ha sido confirmada por el presidente del Congreso en funciones, Fernando Rospigliosi, quien argumentó que pese a la gravedad de los encuentros no oficiales de Jerí con empresarios chinos, estos no constituyen una causa suficiente para someterlo a una eventual destitución. De acuerdo con la información difundida por el medio, repitiendo una fórmula que también adopta Fuerza Popular, las autoridades legislativas han decidido priorizar la estabilidad mientras el país atraviesa una aguda crisis de seguridad y pobreza.
Según publicó el medio, el respaldo clave para Jerí proviene tanto de Fuerza Popular, partido liderado por Keiko Fujimori, como del propio Rospigliosi. Ambos actores han optado por desestimar las solicitudes de destitución presentadas por diversas bancadas, justificando su postura en la necesidad de mantener el orden en el país. En un reciente comunicado, Fuerza Popular expresó: “Se necesita orden, no más caos”, y reconoció que aunque las explicaciones del presidente “siguen generando dudas sobre lo que realmente ocurrió”, la prioridad es combatir la inseguridad y atender el avance de la pobreza. El texto añade que los ciudadanos exigen a los políticos dejar de lado disputas estériles y enfocarse en temas fundamentales, como restablecer el orden nacional.
El medio detalló que las mociones de censura surgieron a raíz de una serie de encuentros clandestinos entre José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang, quien mantiene antecedentes de contratos con entidades estatales. Bajo la legislación vigente, toda reunión sostenida por el presidente debe ser oficialmente registrada, requisito que no se cumplió en al menos una cita ocurrida en un local cerrado propiedad de Yang, donde además se hallaba otro ciudadano chino procesado por tráfico ilegal de madera. Las sospechas recaen sobre varias visitas de Yang a Palacio de Gobierno entre los días 26 de diciembre y 6 de enero, cuyos detalles no fueron consignados en la agenda presidencial.
Tal como consignó el medio, Rospigliosi hizo hincapié en que, si bien reconoce como “incorrecto” el accionar de Jerí al no registrar los encuentros, no existen motivos legales suficientemente contundentes para activar una destitución en este momento. Esta decisión se enmarca en el receso parlamentario que, según las disposiciones internas, se extenderá hasta marzo y durante el cual no está previsto convocar sesiones extraordinarias para abordar el tema.
El medio precisó que las seis mociones surgieron de distintos frentes; las dos más recientes fueron formuladas por Renovación Popular y Acción Popular, bloques tradicionalmente alineados con la legislatura. A estas se suman las cuatro mociones ya impulsadas por representantes de la oposición. Frente a este escenario, el presidente encargado negó categóricamente abusos o actos ilegales durante su comparecencia ante la comisión de fiscalización, defendiendo su gestión y rechazando la posibilidad de dimitir tras la polémica.
Fuerza Popular, en su declaración, atribuyó la insistencia en las mociones de censura a lo que denomina “cálculo electoral” de diversas bancadas. En palabras del propio partido, quienes persisten en el intento de destitución forman parte de “el coro desestabilizador de siempre”, donde ubican a comunistas, representantes de lo que consideran la “izquierda caviar” y también a los llamados “moralistas de derecha”.
En relación con las acusaciones y la investigación legislativa, el medio especificó que los hechos investigados datan principalmente de finales de diciembre de 2025, en contexto de reiteradas visitas –algunas sin registro– de Zhihua Yang a la sede del Ejecutivo. Uno de esos encuentros ocurrió en un establecimiento previamente clausurado y vinculado al empresario chino, agregando nuevos elementos a la controversia.
Mientras tanto, Fuerza Popular y la Mesa Directiva conducida por Rospigliosi insisten en que el panorama de inseguridad y el agravamiento de la pobreza hacen inviable abrir un proceso de destitución. Según la comunicación oficial, los esfuerzos deben dirigirse a atender la crisis y poner fin a “las peleas inútiles”, sin sumarse a nuevas confrontaciones parlamentarias calificadas como desestabilizadoras.
Ante este escenario, la continuidad de Jerí al frente de la presidencia encargada del país sólo parece garantizada por la solidez del respaldo recibido tanto de la mayoría parlamentaria como de la dirección del Congreso, que han postergado cualquier debate hasta la reanudación de actividades legislativas prevista para marzo, informó el medio.