Durante la presentación de datos recientes sobre criminalidad, el presidente de Perú, José Jerí, afirmó que las amenazas que ha recibido guardan relación directa con los operativos de seguridad implementados en los centros penitenciarios, una medida que, según él, afecta a intereses tanto internos como externos. La República consignó que Jerí vinculó la filtración de vídeos en los que aparece manteniendo encuentros reservados con empresarios investigados a una supuesta represalia de detenidos y sus allegados, quienes, según sus palabras, buscan frenar las requisas en las cárceles.
Según La República, el mandatario detalló que quienes se encuentran privados de la libertad, junto a conexiones fuera de los penales, estarían detrás de la publicación de material que revela sus reuniones con el empresario chino Zhihua Yang. Jerí declaró públicamente: “Tienen algún interés en que la autoridad no siga haciendo requisas en los penales”, enfatizando que “no son enemigos del Estado, son enemigos del presidente por las acciones que ha tomado”.
En el mismo acto, Jerí manifestó que los operativos dentro de las cárceles continuarán. Informó que existen “muchos más indicios” que apuntan hacia la existencia de una campaña en su contra orquestada por personas que actualmente cumplen condena, así como por individuos relacionados exteriormente a esos recintos, precisó La República. Añadió que se considera actualmente “un objetivo” de quienes buscan obstaculizar las acciones estatales en las prisiones. El mandatario subrayó que los internos cuentan con amistades fuera, lo que, en su opinión, refuerza la teoría sobre el origen de las filtraciones.
La situación estalló después de que salieran a la luz vídeos en los que el presidente Jerí aparece ingresando en secreto en un local de Lima, propiedad del empresario Zhihua Yang, pese a estar clausurado. En dichas imágenes, el mandatario porta gafas de sol y se cubre con una capucha. La República detalló que Jerí admitió haberse reunido con Yang en repetidas ocasiones, incluidas varias comidas. A estas citas asistieron otros investigados, entre ellos el ciudadano chino Ji Wu Xiaodong, actualmente bajo arresto domiciliario por tráfico ilegal de madera.
El escándalo se amplificó al conocerse que Zhihua Yang habría realizado distintas visitas al Palacio de Gobierno entre el 26 de diciembre y el 6 de enero, informó La República. Estas visitas, junto a las grabaciones en cuestión, han suscitado un intenso debate político. El medio precisó que, como consecuencia, el Congreso ha recibido hasta seis propuestas de moción de censura contra Jerí. No obstante, la dirección del Parlamento descartó convocar una sesión extraordinaria para analizarlas.
Mientras tanto, el principal aliado parlamentario del presidente, el grupo Fuerza Popular, comunicó que no apoyará ninguna de estas mociones, tal como reportó La República. Este respaldo político ha permitido al mandatario, por el momento, hacer frente a la crisis sin perder el aval de quienes sostienen su gobierno en el Congreso.
De acuerdo con La República, el mandatario reiteró su posición de que los operativos en prisiones continuarán sin interrupciones y aseguró que se tomarán nota de cualquier intento por interferir en estas medidas. Las autoridades investigan el origen de las grabaciones y los motivos detrás de su filtración. Jerí sostuvo que las intimidaciones recibidas surgen como respuesta a la política de mano dura que su administración impulsa en los centros penitenciarios, considerando que tanto internos como cómplices en el exterior buscan revertir o limitar este tipo de intervenciones, apuntó el medio.
Además de los aspectos relacionados con la seguridad carcelaria, el caso de las reuniones entre el mandatario y los empresarios chinos bajo investigación incrementó la presión sobre la gestión de Jerí. Las grabaciones y testimonios publicados por La República han situado la transparencia y la ética en la función pública en el centro del debate nacional, mientras los posicionamientos dentro del Congreso han marcado las posibilidades de avanzar en medidas de control político respecto a la situación del Ejecutivo.
El tema sigue en la agenda pública y se continúan presentando solicitudes para que se profundicen las indagaciones, tanto sobre el contenido de los encuentros como sobre la supuesta interferencia en las políticas penitenciarias, detalló el medio.
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