Amnistía denuncia que un joven de 19 años detenido durante las protestas será ejecutado este miércoles en Irán

La familia de Amirhosein Ghaderzadé, junto con defensores internacionales de derechos humanos, ha permanecido sin noticias concretas sobre su situación o paradero desde el momento en que fue arrestado, lo que incrementa la preocupación en torno a su integridad y destino. Amnistía Internacional ha expresado que las autoridades iraníes han informado a los allegados de Ghaderzadé que la ejecución está programada para el 21 de enero, después de que fuera condenado a muerte por el cargo de "traición" en una audiencia judicial celebrada el 17 de enero. Según detalló la organización y reportó el medio suministrador, la desaparición forzada de Ghaderzadé, sumada a las denuncias de tortura y tratos crueles durante su detención, ha activado una movilización internacional que exige el cese inmediato de cualquier plan para aplicar la pena capital contra el joven de 19 años.

De acuerdo con la información publicada por Amnistía Internacional y recogida en la plataforma noticiosa original, Ghaderzadé fue detenido el 9 de enero en su vivienda de Rasht, provincia de Guilán, al norte de Irán, en el contexto de manifestaciones contra el gobierno. Durante su arresto, agentes de seguridad lo desvistieron de manera forzada, lo mismo que a sus dos hermanas —una de ellas con solo 14 años— con el propósito de inspeccionar sus cuerpos en busca de perdigones metálicos que, según los funcionarios, asegurarían su participación en las protestas. El informe de la ONG sostiene que la familia y el propio Ghaderzadé fueron objeto de actos de violencia considerados por la entidad como degradantes y de carácter sexual, en presencia de otras personas.

El joven fue aprehendido después de que la policía encontrara heridas de perdigón en su cuerpo, evidencia que, según la narrativa de las autoridades, fundamentó su detención y posterior acusación de "traición". Tras ser procesado de manera expedita, un tribunal iraní lo sentenció a la horca en menos de diez días después de su arresto, informó Amnistía Internacional. La ONG subraya que, desde ese momento, las autoridades no han comunicado la ubicación ni la condición física de Ghaderzadé, impidiendo que la familia pueda visitarlo o constatar su bienestar.

En los comunicados emitidos a través de redes sociales y reproducidos por el medio contribuyente, Amnistía Internacional urgió a las autoridades iraníes a frenar "de inmediato" cualquier preparación vinculada a la ejecución de Ghaderzadé y a desistir de utilizar la pena de muerte como herramienta de intimidación o castigo contra quienes participan en manifestaciones políticas o sociales. El llamado extendido de la organización se dirige también a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, pidiéndoles ejercer presión diplomática sobre el gobierno de Teherán para detener las ejecuciones y cesar la represión violenta de las protestas.

Según Amnistía Internacional, la situación de Ghaderzadé se inscribe en un patrón más amplio de represión estatal, donde la magnitud real de la violencia permanece parcial o totalmente oculta debido al bloqueo de Internet y a la censura informativa dentro del país. La organización denunció que numerosos detenidos, en el marco de las protestas recientes, han enfrentado torturas, privación de acceso a recursos médicos y procesos judiciales que carecen de garantías fundamentales.

El medio fuente recoge además la postura oficial expresada por altos funcionarios del Estado iraní. El presidente Masud Pezeshkian, el titular del poder judicial de Irán, Gholamhosein Mohseni-Ejei, y el presidente del Parlamento, Mohamad Bagher Ghalibaf, hicieron un llamado público a que quienes no hayan tenido un papel relevante en los disturbios sean objeto de "compasión e indulgencia islámicas". Esta postura, matiza la nota original, no ha modificado hasta ahora las órdenes judiciales contra manifestantes considerados comprometidos en acciones graves, como en el caso de Ghaderzadé.

La solicitud de Amnistía Internacional para que se esclarezca tanto el destino como la situación legal y médica del joven incluye la exigencia de que reciba atención médica adecuada y esté protegido contra más torturas o malos tratos durante su detención. El medio que divulgó esta información dedica parte de su cobertura a las condiciones en que transcurren los arrestos de manifestantes en Irán y al contexto de creciente preocupación internacional por los métodos empleados por las fuerzas de seguridad.

La familia de Ghaderzadé, junto a activistas y organizaciones internacionales, reiteró las denuncias de desaparición forzada, ausencia de acceso a la defensa y violaciones sistemáticas de los derechos procesales, como relató Amnistía Internacional y difundió el canal noticioso. La ausencia de mecanismos independientes capaces de verificar la situación de los detenidos dificulta la tarea de organizaciones de derechos humanos y alimenta las sospechas sobre el uso de la tortura, así como sobre la falta de transparencia procesal en casos relacionados con protestas.

Varias entidades y defensores de derechos humanos han insistido en el carácter de urgencia de la intervención internacional para frenar la aplicación de la pena de muerte en estos contextos. La cobertura original destaca que la presión sobre las autoridades iraníes por parte de la sociedad civil y los diplomáticos extranjeros se considera una de las estrategias más efectivas para impedir ejecuciones bajo estas condiciones.

Amnistía Internacional concluyó sus intervenciones recogidas por el medio solicitando al gobierno iraní el cese de medidas de represión letal y el restablecimiento de las garantías fundamentales para todos los procesados en el contexto de las manifestaciones.