
El Ejecutivo central considera que la permanencia de Carles Puigdemont fuera del territorio español, residiendo en Bélgica desde hace más de ocho años, representa actualmente un obstáculo para cualquier diálogo político entre el Gobierno y Junts. Según publicó el medio de comunicación, esta situación podría experimentar un cambio relevante si el expresidente catalán regresa a España en primavera, siempre y cuando el Tribunal Constitucional falle a favor del recurso que presentó contra la decisión del Tribunal Supremo relacionada con el delito de malversación. Esta eventual vuelta podría suponer un punto de inflexión en las relaciones entre ambas partes, que hasta ahora se han caracterizado por el distanciamiento y la falta de interlocución.
De acuerdo con el mismo medio, la expectativa en Moncloa es que el regreso de Puigdemont, que depende de la resolución judicial pendiente, contribuya a restablecer los canales de diálogo con Junts, formación independentista catalana. Actualmente, la comunicación entre el Gobierno y Junts atraviesa su momento más bajo, sin conversaciones sustanciales y con la mayoría de los espacios de intercambio político cerrados. Fuentes del Ejecutivo reconocieron al medio que “no quieren hablar con nosotros”, en referencia a la postura de los representantes de Junts en los últimos tiempos.
El contexto de esta ruptura, reportó la publicación, se relaciona de forma directa con la percepción de Junts respecto al Estado, ya que consideran que su máximo responsable, Puigdemont, es un perseguido judicial y político. Desde el Ejecutivo se considera que la actual dinámica resulta insostenible para Junts, dado el aislamiento político al que, según su análisis, esta formación ha llegado tras distanciarse incluso de interlocuciones con el Gobierno que habían funcionado en etapas anteriores.
Según detalló el medio, el calendario que se maneja en la sede gubernamental sitúa el posible regreso de Puigdemont a España entre mayo y junio, alineado con la fecha esperada para la resolución del Tribunal Constitucional en torno a la amnistía y la suspensión de la orden de detención nacional vigente. Esta orden ha forzado la residencia de Puigdemont en Waterloo desde 2017, tras los hechos relacionados con la organización del proceso independentista en Cataluña, por los que enfrenta acusaciones y cargos judiciales graves.
El Gobierno vincula la recuperación del diálogo con Junts a la posibilidad de aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica, asunto clave para el reparto de recursos entre las comunidades autónomas. Según publicó el medio, Junts ha rechazado hasta el momento el esquema propuesto por el Ejecutivo, pese a que introduce una inyección de 4.700 millones de euros para Cataluña. Este incremento sitúa a la comunidad como una de las principales beneficiadas en el nuevo reparto. Sin embargo, Junts ha señalado que el modelo no responde a sus demandas, específicamente porque Cataluña seguiría dentro del régimen común, en lugar de gozar de un sistema similar al concierto y cupo que tienen Euskadi y Navarra.
En el Gobierno consideran, explicó la fuente periodística, que ya lograron sumar a ERC a este modelo, tras un proceso de negociación en el que los republicanos partían de posiciones distantes y también exigían un “concierto catalán”. Los socialistas esperan replicar este proceso con Junts, convencidos de que una resolución favorable a Puigdemont impulsaría un nuevo escenario político en el que Junts terminase participando en la votación y aprobación del nuevo sistema de financiación.
Desde los despachos de Moncloa se interpreta que un acuerdo con Junts para la reforma de la financiación autonómica supondría un avance decisivo tras trece años de vigencia de un modelo considerado superado. Según las fuentes consultadas por el medio, este acuerdo representaría además un logro relevante para la legislatura actual, abriendo la puerta a consensos en cuestiones claves para el equilibrio territorial y la estabilidad política del país.
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