Laporta niega la estafa a una inversora en 2016 y dice que fue un "incumplimiento contractual"

El abogado de la querellante reconoció ante el tribunal que la inversora ya ha recuperado 35.000 de los 50.000 euros invertidos en la sociedad española Core Store; mientras tanto, el letrado de Joan Laporta sostiene que se han abonado todos los intereses y se ha reembolsado hasta tres cuartas partes del capital principal, lo que, para la defensa del presidente del FC Barcelona, evidencia que el proceso corresponde a un asunto civil y no a una causa penal. Según detalló Europa Press, Laporta declaró este viernes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona por una presunta estafa de 91.500 euros perpetrada en 2016 contra una inversora particular.

Durante su comparecencia, Laporta señaló que, de haber existido algún problema, se trataría exclusivamente de un "incumplimiento contractual", eliminando así cualquier referencia a la existencia de un engaño o estafa, como afirmó su abogado Jordi Pujante tras la audiencia. El presidente del Barcelona declaró que nunca participó en la negociación ni en la firma de contratos vinculados a las inversiones cuestionadas, información que también sostuvo su defensa ante la jueza. Según publicó Europa Press, la defensa de Laporta argumentó que la reclamación debe tratarse en la jurisdicción civil, y no por la vía penal.

De acuerdo con la resolución judicial mencionada por el medio, la querellante tuvo conocimiento, en 2016, de dos propuestas de inversión presentadas a través de un agente de banca privada. La primera consistió en un préstamo de 50.000 euros a Core Store, una empresa española que prometía una rentabilidad del 6 %. Esta inversión tenía como destino financiar la promoción del Club de Futbol Reus Deportiu para ascender de la segunda división B a la categoría superior. La segunda opción planteaba la adquisición de acciones por valor de 54.000 euros en CSSB Limited, una sociedad registrada en Hong Kong, destinada al desarrollo en China de una academia de fútbol inspirada en el modelo de La Masía del FC Barcelona.

La denunciante sostiene que destinó 104.000 euros en total entre ambas sociedades, de los que solamente había logrado recuperar 12.500 euros en 2024, según consignó Europa Press. Sin embargo, la defensa de Laporta aseguró que entre 2023 y 2024 se devolvieron íntegramente los intereses correspondientes a la inversión en Core Store y que, entre 2024 y 2025, se reembolsó aproximadamente el 75 % del monto principal invertido en esa compañía. Estas cifras fueron confirmadas parcialmente por el abogado de la inversora, Pepe Oriola.

Por parte de la defensa, Pujante reiteró que Laporta ocupó el cargo de administrador solidario de Core Store hasta el año 2019, pero subrayó de forma enfática que nunca mantuvo vínculos con CSSB Limited, ni su imagen fue utilizada para atraer inversores. El representante legal del dirigente apuntó que Laporta no firmó contratos relacionados con las inversiones ni participó en la gestión de los proyectos investigados. El letrado insistió en que los hechos expuestos no configuran delito y solicitó su tratamiento por la vía civil.

Sobre el punto relativo a la ausencia de información proporcionada a la inversora respecto a las pérdidas económicas y situación de impago en que se hallaba el Club de Futbol Reus Deportiu en el momento de captar la inversión, el abogado de Laporta aclaró que su cliente desconocía tales detalles, dado que no estaba implicado en la gestión directa del proyecto. Según publicó Europa Press, la defensa manifestó confianza en la resolución favorable y la pronta finalización de la investigación.

De los otros tres investigados —el vicepresidente barcelonista Rafael Yuste, el economista Xavier Sala i Martín y el exdirector general Joan Oliver—, ninguno compareció en esta sesión. Según fuentes judiciales citadas por la agencia, la causa se debió a la falta de notificación a tiempo, por lo que las fechas de sus futuras declaraciones permanecen indeterminadas.

Tras la salida del juzgado, Laporta respondió brevemente a los medios confirmando que “ha ido bien”, sin agregar más comentarios sobre el contenido de su declaración. La instrucción del caso continúa a la espera de que se determine si existen responsabilidades penales o si, como sostienen la defensa y la parte querellada, se trata de un litigio de naturaleza contractual que corresponde dirimirse en sede civil, informó Europa Press.