
El Centro de Derechos Constitucionales (CCR), institución que lleva la representación legal de Mahmoud Khalil, informó que la reciente decisión del tribunal federal de apelaciones que revocó su liberación "no entra en vigor de inmediato," por lo que la Administración Trump no tiene autorización para proceder con una nueva detención del activista hasta que la orden se haga efectiva. Además, añadió que, pese a que este fallo podría facilitar una nueva privación de libertad en el futuro, la defensa mantiene su compromiso de continuar con las acciones legales para proteger los derechos de Khalil y de quienes se encuentran en situaciones similares. Según consignó el CCR en un comunicado difundido este jueves, la decisión judicial coincide con la postura del Gobierno estadounidense sobre las medidas a tomar frente a los activistas propalestinos en el actual contexto político.
La noticia principal radica en la postura adoptada por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Tercer Circuito, que resolvió revocar una decisión previa que permitía la liberación de Khalil, según publicó el medio. De acuerdo con la información difundida, la corte concluyó que el tribunal de distrito de Nueva Jersey "carece de jurisdicción" para seguir adelante con el recurso de "habeas corpus" presentado por la defensa del estudiante, bajo el argumento de que las leyes migratorias depositan la competencia de estos casos en los jueces de inmigración. Esta medida representa una victoria para la Administración Trump en su intento de expulsar a Khalil de territorio estadounidense.
Según publicó la fuente, la disputa judicial se originó en junio, cuando el juez federal Michael Farbiarz, de Nueva Jersey, concedió la solicitud de "habeas corpus" presentada por Khalil. Dicho fallo especificaba que la detención del activista se había realizado en virtud de una normativa infrecuente que otorga poderes extraordinarios al secretario de Estado, Marco Rubio, para arrestar a cualquier individuo considerado una amenaza para los intereses nacionales, aunque en este caso el juez consideró que Khalil no representaba riesgo alguno para la seguridad ni peligro de fuga y que se estaban vulnerando sus derechos de libertad de expresión.
La Administración Trump interpuso una apelación a dicha decisión, argumentando que la potestad para decidir sobre la situación migratoria de Khalil corresponde al sistema de justicia especializado en inmigración. Así, la resolución del tribunal federal representa un respaldo institucional al Ejecutivo estadounidense en sus acciones contra el activista, reportó la fuente. En paralelo, una jueza de inmigración en Luisiana, Jamee Comans, emitió una orden para deportar a Khalil a Siria o Argelia bajo el argumento de que el activista había omitido información relevante en su solicitud de residencia y permiso de trabajo permanente en Estados Unidos. Contra esta última resolución la defensa también interpuso un recurso, según reportó la fuente.
De acuerdo con la información difundida, Khalil es un estudiante graduado por la Universidad de Columbia, nacido en Siria y de padres palestinos, con estatus de residente permanente y una familia compuesta por esposa e hijos, todos de nacionalidad estadounidense. Su detención, que se prolongó por más de tres meses en un centro del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Luisiana, se produjo en marzo durante las protestas motivadas por la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza. Las autoridades estadounidenses le imputaron vínculos con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), debido a su participación en manifestaciones propalestinas, según detalló el medio.
El CCR subrayó en su comunicado que la puerta para una nueva detención de Khalil continúa abierta y que la defensa mantiene su determinación de continuar con la batalla judicial por la justicia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos de las personas afectadas por medidas migratorias de este tipo. En el comunicado oficial, el propio Khalil calificó como "decepcionante" la reciente resolución judicial y declaró que continuará luchando "por todas las vías legales" hasta que se vean respetados sus derechos y los de otros en circunstancias análogas.
El subdirector legal de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, Bobby Hodgson, también se pronunció sobre la decisión del tribunal federal, según publicó la fuente. Sostuvo que al no abordar en profundidad las eventuales violaciones a la Primera Enmienda de la Constitución, la corte resta eficacia al papel de los tribunales federales en la protección de derechos constitucionales. Afirmó: "El Gobierno de Trump violó la Constitución al atacar a Mahmoud Khalil, deteniéndole a miles de kilómetros de su hogar y tomando represalias por su discurso. La disidencia no justifica la detención ni la deportación, y seguiremos buscando todas las vías legales para garantizar que se respeten sus derechos", señaló Hodgson.
Según consignó el medio, mientras las apelaciones legales siguen su curso, Khalil permanece fuera de un centro de detención, tras recuperar la libertad en junio luego del fallo inicial favorable que ahora quedó anulado. El caso ha llamado la atención por emplear una normativa poco habitual, bajo la cual el secretario de Estado puede ordenar el arresto de personas percibidas como amenazas a los intereses de Estados Unidos, un supuesto que fue cuestionado por la defensa por no ajustarse al contexto del activista y por el impacto sobre los derechos fundamentales.
La controversia alrededor de la detención, juzgamiento y posible deportación de Mahmoud Khalil sigue generando reacciones de organizaciones de derechos civiles y de la defensa legal del propio afectado, que apunta a agotar todas las instancias legales disponibles. El caso permanece pendiente de una resolución definitiva sobre la aplicación de la jurisdicción y la validez de las decisiones adoptadas tanto en los tribunales federales como en la esfera migratoria.
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