
La administración federal propuso que, tras la conclusión de negociaciones comerciales en curso, se evaluará la posibilidad de ampliar los aranceles sobre los semiconductores, acompañando esta medida con incentivos para atraer inversiones en la producción nacional de chips electrónicos. Según consignó el medio original, el actual mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva que obliga, de forma inmediata, a la imposición de un arancel adicional del 25% a la entrada de determinados microprocesadores avanzados, siempre que estos no contribuyan al fortalecimiento de la cadena de suministro tecnológica de Estados Unidos ni a la mejora de su capacidad de manufactura interna.
De acuerdo con lo reportado por este medio, la disposición presidencial establece con precisión que el arancel ‘ad valorem’ del 25% aplica sobre microprocesadores y productos relacionados importados, excluyendo de la medida los componentes cuya finalidad sea investigación, desarrollo tecnológico, mantenimiento, sustitución en territorio estadounidense, o bien cuando se destinen a las actividades de empresas emergentes nacionales o a otros fines que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, pueda determinar como relevantes para la consolidación de la infraestructura tecnológica norteamericana. Esta diferenciación busca proteger ciertos sectores estratégicos y respaldar la innovación local, al tiempo que exime del gravamen a operaciones que se consideren prioritarias para la autosuficiencia tecnológica del país.
El presidente fundamentó la nueva política sobre la base de la alta demanda nacional de semiconductores, señalando que Estados Unidos consume cerca de una cuarta parte de la producción global de estos componentes esenciales, pero apenas cuenta con el 10% de la fabricación requerida a nivel interno. El medio detalló que, según la orden ejecutiva, esta brecha incrementa la vulnerabilidad de la nación frente a fluctuaciones externas, tanto en términos económicos como en lo referente a la seguridad nacional.
Trump comunicó mediante la orden su preocupación por la dependencia respecto a proveedores internacionales de semiconductores, calificando este fenómeno como un riesgo considerable en el contexto económico y estratégico estadounidense. Bajo ese argumento, instruyó tanto al secretario de Comercio como al Representante Comercial de los Estados Unidos para que intensifiquen o inicien negociaciones con jurisdicciones extranjeras pertinentes. El objetivo de estas conversaciones, remarcó el medio, sería establecer acuerdos que mitiguen el peligro para la seguridad nacional que representan ciertos flujos de importación de microprocesadores, con especial atención a países y circuitos globales dominantes en la producción de estos insumos.
El documento firmado señala que, en su segunda fase, los órganos federales implicados estudiarán la recomendación del Departamento de Comercio de ampliar la cobertura de los aranceles a diferentes tipos de semiconductores. Dicho plan incluiría, según la información publicada, tasas impositivas adicionales y la puesta en marcha de mecanismos de compensación o trato preferencial para empresas radicadas en Estados Unidos que decidan invertir en la manufactura nacional de chips, incluyendo segmentos estratégicos de la cadena de valor del sector.
La casa Blanca aclaró que la disposición establece un marco legal para que el país pueda aplicar aranceles no solo a las importaciones directas, sino también a la mercancía tecnológica avanzada operada por compañías multinacionales estadounidenses mediante acuerdos con proveedores ubicados, por ejemplo, en Taiwán. Estos chips pueden eventualmente reexportarse a otros mercados, como China, potenciando así las capacidades regulatorias estadounidenses sobre los circuitos globales de suministros tecnológicos, detalló el medio.
La firma de la medida responde tanto a inquietudes políticas y comerciales como a consideraciones de seguridad nacional, en opinión del gobierno. El propósito central, de acuerdo con lo señalado en la orden y recogido por el medio, es impulsar el desarrollo de una infraestructura tecnológica robusta dentro de Estados Unidos, reduciendo la vulnerabilidad ante presiones externas y fortaleciendo la autonomía del país en sectores considerados críticos para la economía y la defensa. La Casa Blanca insistió en la necesidad de equilibrar la apertura comercial con la protección de intereses estratégicos nacionales mediante una política aduanera especializada y focalizada en segmentos tecnológicos clave.
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