La Casa Blanca apunta a que Irán ha suspendido 800 ejecuciones programadas para un día tras las amenazas de Trump

Según datos recogidos por la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Noruega, solo un 11% de las ejecuciones llevadas a cabo en Irán en lo que va de 2025 han sido comunicadas oficialmente por las autoridades, reflejando un entorno caracterizado por la opacidad y sólidas restricciones para el acceso a la información. En este contexto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció la suspensión de 800 ejecuciones que estaban previstas para el miércoles, tras advertencias expresas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigidas al gobierno iraní. Según consignó el medio, la Casa Blanca afirmó que dichas penas de muerte fueron aplazadas tras la presión impulsada desde Washington en respuesta a la represión ejercida por Teherán contra los manifestantes en medio de la ola de protestas.

Karoline Leavitt declaró que Estados Unidos mantiene un monitoreo constante de la situación en Irán y recalcó que “todas las opciones siguen sobre la mesa”, destacando que el equipo del presidente Trump notificó al régimen iraní sobre la posibilidad de consecuencias graves si las ejecuciones proseguían, incluida la intervención militar. Según informó el mismo medio, las autoridades estadounidenses enfatizaron la gravedad de cualquier acción que implique la continuación de las ejecuciones masivas, insistiendo en que la respuesta estadounidense podría implicar medidas significativas.

La organización Iran Human Rights (IHRNGO) detalló en su reporte que al menos 1.000 personas fueron ejecutadas en Irán entre el 1 de enero y el 23 de septiembre de 2025, aunque la cifra real podría aumentar debido a la falta de registros oficiales y restricciones impuestas a observadores internacionales. Según datos de la ONG, el 50% de las ejecuciones correspondió a condenas por delitos relacionados con las drogas, mientras que el 43% estuvo vinculado a cargos de asesinato. El informe subrayó además la escasa transparencia de las autoridades, que solo reconocieron públicamente una minoría de las ejecuciones ya consumadas.

El medio refirió que la administración Trump anunció un nuevo paquete de sanciones dirigido a varios altos funcionarios iraníes. Entre los afectados figura el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, a quien Washington responsabiliza junto a otros líderes iraníes por la represión desplegada durante las protestas y disturbios. Este anuncio se inscribe en el endurecimiento de la política estadounidense frente a Teherán, intensificando las medidas de presión internacional.

Las autoridades iraníes han acusado a Estados Unidos y a Israel de alentar las protestas dentro del país y de prestar apoyo a los manifestantes involucrados en los incidentes, según reportó el medio. Funcionarios de Teherán sostienen que las movilizaciones derivaron en actos violentos con el objetivo de ofrecer a la administración Trump una justificación para considerar la intervención militar en Irán. Esta tesis forma parte de la línea oficial iraní, orientada tanto al plano nacional como internacional para explicar la actualidad de los disturbios y la respuesta del Estado.

El contexto de las recientes protestas se relaciona con una serie de demandas sociales y políticas que, de acuerdo con información recopilada por la organización noruega y reportada por la Casa Blanca, han generado una respuesta represiva por parte de las autoridades iraníes. La suspensión de las ejecuciones este miércoles representa, según ambas fuentes, una concesión momentánea por parte del gobierno de Irán bajo presión internacional, aunque la situación permanece en estado crítico y su desarrollo sigue siendo examinado por organismos mundiales y actores políticos.

La administración estadounidense sostiene que, mientras el seguimiento continúe, no descarta incrementar la presión diplomática, financiera o militar si las autoridades de Irán reanudan las ejecuciones o intensifican las medidas contra la oposición y manifestantes. Por su parte, Irán rechaza categóricamente las acusaciones de Washington e insiste en que las protestas obedecen a planificaciones externas.

De acuerdo con cifras de Iran Human Rights (IHRNGO), la magnitud de la aplicación de la pena de muerte en Irán durante el año supera la registrada en décadas precedentes, con cientos de casos en los que los veredictos no han sido informados públicamente. La falta de transparencia complica la verificación independiente sobre el cumplimiento de normas internacionales de derechos humanos y el control sobre la actuación del poder judicial y las fuerzas de seguridad iraníes.

La gravedad del conflicto diplomático entre Estados Unidos e Irán se refleja en el intercambio de acusaciones y la multiplicación de sanciones, una dinámica que incide sobre la estabilidad interna iraní y las relaciones internacionales del país. La información divulgada por la Casa Blanca y la ONG noruega apunta hacia una escalada en las medidas de presión que, en el corto plazo, ha logrado la suspensión de ejecución de sentencias de muerte bajo una fuerte vigilancia internacional.