
El mandatario estadounidense Donald Trump reiteró este miércoles su intención de detener de forma inmediata las transferencias de fondos federales a los estados que albergan las denominadas “ciudades santuario”, advirtiendo que aquellos territorios que deseen mantener dichas políticas deberán costearlas con sus propios recursos. Según divulgó el medio, Trump hizo este anuncio a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, en el cual estableció que “los pagos federales a los estados por sus llamadas ‘ciudades santuario’ se suspenderán el 1 de febrero”.
De acuerdo con la información recogida por el medio, el presidente criticó a las autoridades locales responsables de centros de protección para migrantes, calificándolas de “centros de protección criminal corruptos” y acusándolas de generar un aumento en el índice de crimen y violencia. En palabras de Trump: “El gobierno federal no realizará más pagos a los estados por sus centros de protección criminal corruptos, conocidos como ciudades santuario”, responsabilizando a estas jurisdicciones de “alimentar el crimen y la violencia”. El presidente también señaló, según la fuente, que “si los estados los quieren, tendrán que pagar por ellos”.
El medio añadió que Trump no precisó en su mensaje a qué fondos o estados afectaría en concreto la suspensión anunciada, ni especificó el alcance económico de la medida. Las llamadas “ciudades santuario” restringen la cooperación de las autoridades locales con el gobierno federal en la ejecución de las políticas migratorias impulsadas por la administración, especialmente en lo referido a la detención y deportación de migrantes. Estas ciudades suelen limitar la colaboración de sus fuerzas policiales con agentes federales de inmigración.
Asimismo, el reporte puntualizó que en agosto pasado, una iniciativa similar propuesta por la administración Trump enfrentó un revés judicial. Un tribunal bloqueó la ejecución de la disposición que buscaba frenar la distribución de fondos federales a un total de 30 jurisdicciones, entre las que se encontraban grandes urbes como Los Ángeles, Baltimore, Boston y Chicago. Dichas ciudades persistieron en su negativa a poner en marcha colaboraciones con las autoridades federales para facilitar deportaciones aceleradas.
Según detalló el mismo medio, las “ciudades santuario” surgieron como respuesta de varias comunidades y gobiernos locales que buscan proteger a los migrantes de la aplicación de leyes federales consideradas estrictas o perjudiciales para residentes indocumentados. Esto se traduce en políticas que impiden que las policías locales indaguen sobre el estatus migratorio de una persona detenida, o compartan esa información automáticamente con las agencias federales.
El conflicto entre la Casa Blanca y las ciudades santuario ya ha tenido múltiples episodios legales y políticos durante la presidencia de Trump, incluida la amenaza repetida de recortes presupuestarios como mecanismo de presión para modificar las políticas de acogida y protección promulgadas a nivel local o estatal. Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y algunas autoridades locales han argumentado en diversas ocasiones que retirar estos fondos impactaría negativamente en servicios públicos como la seguridad, la salud o la educación, aunque Trump ha sostenido que el objetivo es fortalecer la cooperación con las leyes migratorias nacionales.
El debate legal acerca de la potestad presidencial para condicionar los fondos federales a políticas migratorias locales continúa abierto en los tribunales, según informó la fuente. Mientras tanto, el anuncio de Trump amplió nuevamente la controversia entre el gobierno federal y las administraciones subnacionales sobre la gestión y los límites de la cooperación en materia migratoria en Estados Unidos.
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