Irán niega una revolución contra los ayatolás y dice que las protestas son menores que tras la muerte de Amini

Según publicó la agencia Europa Press, el Gobierno iraní sostiene que las actuales protestas responden a la influencia de potencias extranjeras, en particular Israel y Estados Unidos, quienes buscarían desestabilizar la República Islámica a través de apoyo directo a grupos internos descontentos con la crisis económica y la devaluación de la moneda. Las autoridades niegan que exista un ambiente revolucionario dentro del país y afirman que las manifestaciones actuales no alcanzan la magnitud de las ocurridas en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini cuando estaba bajo custodia policial. Al mismo tiempo, reconocen niveles de violencia inusuales y señalan la intervención de actores externos como un factor clave en la escalada.

De acuerdo con Europa Press, el régimen teocrático iraní descarta que se esté produciendo una revolución y califica los hechos como un intento de golpe orquestado desde el exterior. Fuentes oficiales aseguran que las protestas han sido avivadas por la retórica y el apoyo prometido del expresidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó recientemente que “la ayuda va en camino” sin especificar la naturaleza del respaldo. Esta intervención extranjera, según las autoridades, iría acompañada de la provisión de armamento a grupos internos para justificar una posible respuesta militar de Washington.

En el contexto de enfrentamientos recientes, Teherán argumenta que los disturbios son una prolongación de las tensiones tras los bombardeos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes en Isfahán, Natanz y Fordo que sucedieron a las ofensivas israelíes sobre infraestructuras nucleares, militares y zonas residenciales. De acuerdo con la versión oficial, la coyuntura actual responde a una estrategia que aprovecha elementos locales insatisfechos y explota la crisis económica para promover un cambio de régimen.

El Gobierno iraní rechaza el riesgo de desintegración interna atribuible a las protestas y enfatiza en que mantiene el respaldo de la ciudadanía. No obstante, advierte sobre la persistencia de amenazas, señalando la presión continua de Trump y la posibilidad de un ataque militar. Las autoridades subrayan que la violencia en las calles supera la de movilizaciones previas, aunque descartan una movilización ciudadana tan multitudinaria como la de 2022 o durante el Movimiento Verde de 2009, cuando la población reclamó libertades civiles tras la elección de Mahmud Ahmadineyad.

Según reportó Europa Press, hasta la fecha el gobierno no ha proporcionado cifras oficiales de víctimas mortales en el contexto de las protestas. Las autoridades comunican la muerte de 150 miembros de las fuerzas de seguridad en enfrentamientos con manifestantes armados presuntamente con armas traídas del exterior. Además, confirman la detención de dos agentes de inteligencia extranjeros sin detallar su nacionalidad ni la organización para la que trabajaban. La versión gubernamental sostiene que la violencia está focalizada en ciertas ciudades y provincias, sin extenderse nacionalmente.

En contraste, organizaciones de derechos humanos con sede fuera de Irán, como Human Rights Activists (HRANA), afirman que las protestas han alcanzado un carácter masivo y denuncian fuertes represalias por parte de las fuerzas de seguridad. HRANA sostiene que al menos 1.850 personas han fallecido, incluidos nueve menores de edad, y que más de 16.700 individuos han sido detenidos desde el inicio de las manifestaciones, como consignó Europa Press. Estas cifras contrastan con la postura de las autoridades, que minimizan la amplitud y el impacto de las protestas.

La cadena de acontecimientos, según consigna Europa Press, incluye señalamientos de Teherán sobre la supuesta distribución de armas entre los grupos involucrados en las protestas y una magnificación de la violencia cuyo objetivo sería sembrar las condiciones para una intervención internacional. Dentro del relato oficial, no se reconoce la existencia de un movimiento nacional por el cambio político, sino la manipulación de focos de descontento por intereses extranjeros.

Las autoridades insisten en que la situación difiere sustancialmente de episodios anteriores, como la movilización tras el deceso de Mahsa Amini o durante las protestas del movimiento conocido como Movimiento Verde. Mientras que los datos oficiales no especifican alcance ni número de víctimas civiles, los partes gubernamentales solo admiten la cifra relativa a las fuerzas de seguridad y la detención de personal extranjero acusado de injerencia.

Europa Press también indica que el Gobierno atribuye la situación actual al contexto de agresiones previas, responsabilizando a Estados Unidos e Israel de ataques dirigidos a infraestructuras estratégicas e interpretando las protestas como prolongación de dichas hostilidades. En ese marco, voceros oficiales refuerzan la retórica sobre la defensa nacional y la vigilancia ante intentos de subvertir el orden a través de protestas violentas estimuladas y equipadas por intereses externos.

En síntesis, la narrativa oficial sostiene la negativa a admitir un movimiento revolucionario de alcance nacional y recalca la influencia de gobiernos extranjeros detrás del actual ciclo de protestas y violencia. Desde la perspectiva gubernamental, se trata de fenómenos focalizados y provocados, que aprovechan el contexto económico y utilizan la violencia como instrumento de presión hacia un cambio político—todo ello sin reconocimiento formal de la magnitud de los daños humanos advertidos por las organizaciones de derechos humanos internacionales.