El Gobierno desmiente el caso de espionaje del ministro de Justicia: "Ha sido víctima de información falsa"

El ministro de Justicia de Colombia, Andrés Idárraga Franco, atribuyó a investigaciones realizadas durante su etapa como secretario de Transparencia la perpetración de acciones de espionaje en su contra y la de su familia. Según consignó el medio Europa Press, Idárraga vinculó la supuesta vigilancia ilegal con indagaciones sobre supuestos vínculos entre altos mandos militares, grupos armados ilegales y casos de desvío de armamento, así como a sus pesquisas sobre posibles hechos de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas.

En respuesta a estas declaraciones, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, negó rotundamente que organismos estatales o fuerzas militares hayan empleado el software Pegasus para operaciones recientes de seguimiento o vigilancia sobre Idárraga. "Ha sido víctima de información falsa", expresó Sánchez en una rueda de prensa citada por Europa Press, desmintiendo la versión difundida por el ministro de Justicia y asegurando que ningún seguimiento de ese tipo ha sido ordenado ni desde la cartera de Defensa ni por parte de ninguna fuerza bajo su mando.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Sánchez aclaró que Pegasus estuvo presente en Colombia solamente en el periodo comprendido entre 2021 y 2022, pero subrayó que desde ese año su uso se interrumpió completamente. Recordó también que el presidente Gustavo Petro advirtió sobre la utilización previa de ese software durante el gobierno anterior, encabezado por Iván Duque. En esa línea, el titular de Defensa sostuvo: "No está siendo utilizado por la fuerza pública" y "nosotros no utilizamos ese tipo de software", reafirmando así la postura oficial del Ejecutivo colombiano frente a las acusaciones.

Sánchez puntualizó ante los medios de comunicación que cualquier procedimiento de vigilancia o seguimiento por parte de organismos de seguridad necesariamente requiere la autorización de una orden judicial y debe cumplir con todas las etapas del debido proceso. Según reportó Europa Press, el ministro remarcó la existencia de controles legales que impiden actuaciones extrajudiciales en este tipo de operativos, con el objetivo de garantizar la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales.

Franco, quien fue designado ministro de Justicia en octubre de 2025, indicó en sus denuncias que su familia también habría resultado afectada por presuntas maniobras de espionaje originadas desde el interior del Ministerio de Defensa. Sus sospechas surgieron luego de obtener información sobre posibles represalias a raíz de investigaciones iniciadas en su gestión anterior, que involucraron tanto al Ejército como a estructuras consideradas criminales, como disidencias armadas de 'Iván Mordisco' y la guerrilla del ELN, según recopiló Europa Press.

Europa Press recordó que no existían registros de denuncias similares desde los episodios de interceptaciones ilegales atribuidos al desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que durante la administración de Álvaro Uribe (2002-2010) fue señalado por escuchas clandestinas a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. La denuncia reciente de Idárraga se convierte así en la primera de este tipo registrada desde entonces.

El medio europeo especificó que, a la par de negar el espionaje por parte de entidades estatales, Sánchez insistió en que el Gobierno colombiano está comprometido con el cumplimiento riguroso de los procedimientos legales. Además, enfatizó que toda intervención legítima sobre comunicaciones privadas debe ajustarse a una orden judicial previa y verificable.

El debate sobre el uso del software Pegasus en Colombia tuvo relevancia durante el cambio de administración, cuando el presidente Gustavo Petro informó públicamente que el gobierno anterior había empleado esa herramienta. No obstante, a juicio de los responsables del Ejecutivo actual, ninguna institución bajo control del Ministerio de Defensa utiliza Pegasus ni ha promovido operaciones de espionaje de tipo ilegal desde su llegada al poder.

Europa Press subrayó que la denuncia de Franco pone nuevamente en discusión las prácticas de inteligencia y vigilancia en el país, además de evidenciar la tensión generada en el seno del propio gabinete por las sospechas de prácticas irregulares. Las autoridades insisten en la existencia de filtros legales que buscan evitar la repetición de casos emblemáticos de interceptaciones no autorizadas, así como en la necesidad de mantener la transparencia en la gestión de información y operaciones de inteligencia.