Igualdad incrementará la coordinación con CCAA donde existan más asesinatos machistas y pide a entornos que denuncien

De los casos examinados en el reciente comité del Ministerio de Igualdad, casi la mitad de las víctimas de asesinatos machistas eran mujeres extranjeras, todas ellas con hijos a su cargo. El ministerio identificó este dato como un elemento que incrementa la vulnerabilidad, señalando que el temor a repercusiones para sus hijos puede dificultar que estas mujeres salgan del ciclo de violencia. A partir de este análisis, la cartera dirigida por Ana Redondo anunció la intensificación de la coordinación con las comunidades autónomas en las que se constate un incremento en los homicidios por violencia de género, tal como difundió el medio Europa Press.

De acuerdo con el informe elaborado tras la reunión del comité de crisis, que revisó los asesinatos perpetrados durante los meses de noviembre y diciembre de 2025 y un caso específico de septiembre, el Ministerio de Igualdad pondrá en marcha un mecanismo especial de colaboración con las regiones con mayor repunte de estos delitos. La finalidad es analizar las causas junto a los gobiernos territoriales e identificar posibles áreas de mejora en el abordaje institucional, según detalló Europa Press. El documento recomienda ampliar la coordinación a diferentes niveles institucionales y territoriales, promoviendo un enfoque multidisciplinar para enfrentar las distintas realidades y riesgos.

El Ministerio solicitó expresamente la implicación activa de la sociedad, e hizo un llamado a quienes forman parte del círculo cercano de las víctimas para que denuncien cualquier situación de violencia de género que conozcan. Según el documento difundido por Europa Press, el informe subraya que la obligación de denunciar abarca tanto a las propias víctimas como a su entorno, y reitera que “no denunciar o no auxiliar a una víctima puede constituir un delito”. El estudio muestra que de los 11 feminicidios revisados por el comité, en solo dos se había interpuesto previamente una denuncia, una de ellas a partir de la actuación policial mediante el denominado “protocolo cero”.

Europa Press reseñó que el informe advierte una mayor probabilidad de que la víctima pueda salir del ciclo violento, y un menor riesgo de feminicidio, en los casos en que existe información previa en los sistemas policial, judicial o institucional. Por ese motivo, Igualdad urgió a fomentar la cultura de la denuncia y la colaboración ciudadana como medidas de prevención y reducción de riesgos.

El ministerio también instó a que las comunidades autónomas y entidades locales refuercen el abordaje interseccional en los servicios de atención a las víctimas. Esta recomendación apunta especialmente a atender las múltiples situaciones de vulnerabilidad que experimentan muchas mujeres, incluyendo condición migratoria, situación familiar o social, y otros factores que dificultan apartarse de la violencia o incrementan la peligrosidad de su situación, puntualizó Europa Press.

Una de las conclusiones del comité fue la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con asociaciones de migrantes y entidades de apoyo, con el objetivo de garantizar que todas las mujeres reciban información directa sobre los recursos y sistemas de asistencia disponibles. El informe también evidenció que de las 11 víctimas revisadas, cinco eran mujeres extranjeras y todas cuidaban a menores, un dato que la administración considera crítico para identificar perfiles de riesgo, informó Europa Press.

El análisis identificó un patrón en relación a las fases de ruptura en las parejas. Cinco de los once asesinatos se produjeron durante el proceso de separación, y en tres de esos cinco casos la convivencia seguía. Igualdad pidió prestar especial atención a estos contextos, ya que detectó que la fase de ruptura, sobre todo cuando continúa la cohabitación, representa uno de los periodos de mayor peligro para las mujeres. El ministerio recomendó centrar esfuerzos de protección y vigilancia en estas situaciones.

Otro elemento relevante señalado en el informe son los factores de salud mental, tanto en víctimas como en agresores. El documento considera el suicidio y la depresión como indicadores a incluir en las valoraciones de riesgo. De los casos estudiados por el comité, en tres el agresor se suicidó tras cometer el asesinato y en otros dos se produjeron intentos de suicidio, datos que llevaron a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, a desarrollar un estudio específico sobre la relación entre salud mental, suicidio y violencia de género. Europa Press reportó que dicho estudio tiene como objetivo mejorar los sistemas de detección y prevención, especialmente en el ámbito de la depresión.

En la revisión, el ministerio detectó también la existencia de situaciones de plurivictimización. Tres de las víctimas analizadas habían sufrido violencia de más de un agresor, lo que indica la necesidad de perfeccionar la formación en los ámbitos sanitario y social para reconocer y abordar estos casos. Europa Press detalló que Igualdad impulsa la capacitación de los profesionales para detectar estos escenarios complejos y brindar una ayuda más eficaz a las mujeres afectadas.

El informe del Ministerio insiste en que el refuerzo de la coordinación institucional y la implicación del conjunto de la sociedad resultan esenciales para mejorar la protección de las mujeres y reducir el riesgo de feminicidio. Las medidas recomendadas incluyen mayor formación de profesionales, estrategias adaptadas a cada territorio y colectivo, y un énfasis renovado en la responsabilidad social de denunciar y asistir cuando se detectan situaciones de violencia de género.