Bustinduy ve "imprescindible" intervenir la vivienda ante la renta un 82% mayor de caseros que de inquilinos

El informe elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, presentado tras un encuentro con la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), indica que la diferencia de ingresos entre arrendadores e inquilinos alcanza los 23.638 euros, situándose la renta mediana de los propietarios en 52.449 euros y la de los inquilinos en 28.810 euros. De acuerdo con información recabada del Instituto Nacional de Estadística (INE) y difundida por el Ministerio, el 82% de brecha revela disparidades que, en algunos territorios, doblan la capacidad adquisitiva de los caseros respecto a quienes arriendan su vivienda. Tal como publicó el Ministerio y recogió el INE, estos datos sitúan el debate de la vivienda en el contexto de la crisis que atraviesa España, por lo que el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, considera “absolutamente imprescindible” intervenir el mercado de arrendamiento.

Según reportó el medio, Bustinduy manifestó que la raíz de la crisis habitacional reside en una estructura desigual de ingresos entre arrendatarios y propietarios, elemento que limita el acceso a la vivienda y profundiza la brecha social. El ministro subrayó que en ciertas comunidades autónomas el desequilibrio alcanza el doble de renta a favor de los caseros, alimentando lo que describió como una crisis “formidable” en materia de vivienda.

El medio detalló que el ministro Bustinduy expresó su rechazo a la reciente propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, relativa a la concesión de incentivos fiscales a los propietarios. Argumentó que no se deben emplear recursos públicos para “premiar” a quienes arriendan viviendas y que cualquier política en la materia debe orientarse a aliviar la situación de las familias trabajadoras. Sumar, la formación política liderada por Bustinduy en materia social, promueve una prórroga automática de los contratos de alquiler que vencen en los años 2026 y 2027. Según consignó el Ministerio, esta medida impactaría sobre 1,6 millones de personas el presente año y alcanzaría a casi 3 millones hasta el 2027.

Según abundó el propio Bustinduy en declaraciones recogidas por el Ministerio, la prórroga automática propuesta impediría aumentos abusivos en los alquileres, cifrando posibles subidas actuales entre un 30 y un 50 por ciento según la ciudad. El ministro explicó que la propuesta implica la extensión de todos los contratos en sus condiciones vigentes, protegiendo así a los inquilinos frente a encarecimientos abruptos y garantizando, en sus palabras, que “nadie pierde con esta fórmula”.

Sobre la legalidad de la propuesta, Bustinduy defendió su constitucionalidad ante lo que calificó como la gravedad de la crisis habitacional, y sostuvo que la solución pasa por “la protección del derecho de los inquilinos a seguir viviendo en su casa”, en detrimento de políticas basadas en beneficios fiscales para los arrendadores. El ministro insistió en que existe margen para negociar un decreto ley capaz de intervenir el mercado del alquiler con el objetivo de ofrecer soluciones a la población trabajadora, aunque remarcó que su ministerio y la formación Sumar no apoyarán el real decreto anunciado por Sánchez si mantiene los requisitos actuales.

El Ministerio basó sus conclusiones en los datos suministrados por la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024, hecha pública por el Instituto Nacional de Estadística. Según estos registros, la disparidad de ingresos entre caseros e inquilinos se acentúa de acuerdo con la comunidad autónoma, y acrecienta la urgencia de una intervención política que garantice la igualdad en el acceso a la vivienda.

Bustinduy remarcó en sus intervenciones la necesidad de concentrar la inversión pública en el apoyo directo a las familias arrendatarias, limitando la transferencia de beneficios hacia los propietarios y estructurando políticas que persigan el equilibrio entre las partes del mercado habitacional. El medio recogió que respecto al real decreto anunciado por Sánchez, el Ministerio expresó su negativa a apoyar el texto en los términos propuestos, apostando en su lugar por iniciativas legislativas que respondan, según las cifras publicadas, a la magnitud de la brecha constatada.

A lo largo de la comparecencia, Bustinduy insistió en la relevancia de una intervención estatal que limite la escalada de precios y refuerce el derecho de los inquilinos. El Ministerio planteó que, de aplicarse la prórroga automática, los contratos de arrendamiento continuarían bajo las mismas condiciones económicas, evitando subidas sustanciales y cuidando la estabilidad de quienes actualmente destinan una porción importante de su renta al pago del alquiler. Según la información del INE difundida por el Ministerio y recogida en la nota, la defensa de políticas orientadas a mitigar la desigualdad en el mercado de la vivienda se extiende en influencia y en impactos sociales en el corto y medio plazo.