António Costa insta a Irán a frenar "la represión violenta de su pueblo"

Las consecuencias directas de los apagones informativos en Irán han complicado el trabajo de verificación y documentación de presuntas violaciones a los derechos humanos durante las recientes protestas, según indicó Human Rights Watch. El bloqueo del acceso a la información, que superó las 100 horas según la organización de monitoreo NetBlocks, ha obstaculizado la confirmación de reportes sobre asesinatos ilegítimos y otros abusos cometidos presuntamente por las fuerzas de seguridad. En este contexto de restricciones, surgieron denuncias sobre ejecuciones arbitrarias de personas detenidas, acusadas de “enemigos de Dios”, una calificación que en la legislación iraní puede acarrear la pena capital. Las organizaciones civiles han advertido que miles de personas habrían fallecido desde el inicio de las protestas, aunque la falta de conectividad impide corroborar estos datos de manera independiente.

De acuerdo con Human Rights Watch, la represión letal se intensificó notablemente a partir del 8 de enero, cuando en tan solo cuatro días se registró un aumento significativo en el uso de la fuerza contra manifestantes. La organización con sede internacional reportó “denuncias creíbles de asesinatos a gran escala” y señaló que fuerzas de seguridad han actuado con impunidad, bajo un “clima imperante de impunidad sistémica” que permitiría violaciones reiteradas al Derecho Internacional. Según consignó el medio, diversas instituciones de la sociedad civil en Irán y plataformas de medios informaron que el número de víctimas fatales podría ascender a miles, mientras que las autoridades locales continúan restringiendo el flujo de información.

En relación con la respuesta internacional, António Costa, presidente del Consejo Europeo, solicitó al gobierno de Irán poner fin de inmediato a la represión violenta que atraviesa la población. Según informó la agencia de noticias, Costa empleó su cuenta de la red X para emitir su condena y asegurar el respaldo de la Unión Europea a los ciudadanos iraníes que demandan derechos fundamentales, dignidad y libertad. Su declaración aparece en un contexto donde otros líderes europeos también condenaron públicamente las acciones de las fuerzas de seguridad iraníes contra quienes protestan. Las reacciones internacionales han generado tensiones diplomáticas, evidenciadas en la convocatoria realizada por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, a los embajadores de Reino Unido, Alemania, Italia y Francia, a quienes presentó imágenes que, en su perspectiva, muestran conductas violentas por parte de manifestantes calificados por el gobierno como “alborotadores”. También exigió la retirada de las declaraciones occidentales de apoyo a los manifestantes.

En ese escenario, el director ejecutivo de Human Rights Watch, Philippe Bolopion, subrayó la gravedad de la situación para quienes han sido arrestados en el contexto de las protestas. De acuerdo con datos del medio, cerca de 10.700 personas habrían sido detenidas, muchas de las cuales enfrentarían el riesgo de ejecuciones secretas y sin garantía de procesos legales adecuados, bajo acusaciones como la de “enemigos de Dios”, delito castigado con la pena de muerte en Irán. Bolopion urgió al Consejo de Seguridad de la ONU y al Consejo de Derechos Humanos a intervenir ante la escalada de violencia, además de advertir a los funcionarios y fuerzas de seguridad iraníes que podrían rendir cuentas ante instancias internacionales de justicia.

El origen de la inestabilidad social se sitúa en la disminución del poder adquisitivo de millones de iraníes, agravada por la depreciación histórica de la moneda nacional, el rial. Esta situación económica, sumada al recrudecimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos, ha amplificado el malestar social. El medio detalló que, además, las tensiones internacionales se incrementaron cuando Israel y Estados Unidos señalaron el programa nuclear iraní como motivo de preocupación, llegando incluso a desencadenar bombardeos en junio que provocaron más de 1.100 muertes, según los reportes disponibles.

La presión internacional y la documentación de los sucesos por parte de organizaciones como Human Rights Watch han puesto el foco en las acciones de las autoridades iraníes en respuesta a las manifestaciones. Según consignó el medio, persiste el temor entre la población y organizaciones civiles por la continuidad de las detenciones masivas, la práctica de ejecuciones arbitrarias y la opacidad informativa, en un contexto donde la violencia y el control gubernamental han ralentizado gravemente los esfuerzos de monitoreo y acompañamiento internacional.