Trabajadores de Petroperú anuncian movilizaciones y una huelga de tres días contra su privatización

El sindicato de trabajadores de Petroperú ha denunciado que los recientes cambios en la dirección de la empresa, sumados a una política gubernamental que acusan de abandono financiero deliberado, estarían conduciendo a la petrolera estatal a una situación crítica y, posiblemente, al colapso institucional. Ante este escenario, han decidido llevar adelante movilizaciones y una huelga en protesta contra las medidas de privatización impulsadas por el Ejecutivo. Según reportó el diario peruano 'La República', el paro nacional de 72 horas tendrá lugar en rechazo a los planes del Gobierno interino liderado por José Jerí, quien busca permitir la incorporación de capital privado en Petroperú y ha aprobado una partida superior a 60 millones de euros destinada a la desvinculación de trabajadores.

De acuerdo con 'La República', las acciones de protesta comenzarán el miércoles 14 de enero con manifestaciones que recorrerán la sede central de la empresa y el Ministerio de Economía y Finanzas en la capital, Lima. A estas movilizaciones en la ciudad se sumarán concentraciones programadas en otras regiones del país. Posteriormente, los trabajadores iniciarán una huelga general a partir del lunes 19 de enero, la cual incluirá a toda la plantilla de la petrolera. El Frente Sindical de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) ha explicado que la decisión de efectuar la paralización se tomó ante el avance de las reformas estructurales y la estrategia económica que, según alegan, favorecen la disminución del tamaño de la empresa y el recorte de sus áreas claves.

El Frente Sindical sostiene que el Gobierno presidido de manera provisional por Jerí, junto con la gestión de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, ha promovido desde el Estado condiciones que minan la salud financiera de Petroperú. Los dirigentes sindicales aseguran que la pérdida de confianza de los mercados y la reciente retirada del análisis crediticio sobre la compañía por parte de Fitch Ratings están directamente relacionadas con estas políticas. Según consignó el medio citado, Fitch Ratings justificó su decisión al afirmar que no disponía de información lo suficientemente robusta y verificable como para elaborar una calificación confiable de la empresa.

Las denuncias sindicales acusan que “esta incertidumbre no es casual ni inevitable; ha sido fabricada desde el propio Estado mediante una política sistemática de abandono y asfixia financiera”, argumentando que solo en los últimos años Petroperú ha tenido cinco presidentes, cuatro gerentes generales y ha enfrentado campañas negativas que, según ellos, buscan deteriorar deliberadamente la imagen de la petrolera estatal. La fragmentación directiva y las acusaciones de inestabilidad han acrecentado los temores sobre el futuro de Petroperú y la seguridad energética nacional, puntos centrales en las protestas planteadas por los trabajadores, tal como refleja 'La República'.

El decreto de urgencia que habilita la participación privada en bloques patrimoniales de la empresa, publicado por el Gobierno el 31 de diciembre tan solo dos horas antes del cambio de año, autoriza además un presupuesto de 240 millones de soles (equivalentes a 60,8 millones de euros) para financiar los despidos en el marco del plan de reestructuración. El documento legal incluye activos estratégicos como la Nueva Refinería de Talara, pieza clave para la operatividad de Petroperú. Integrantes de la coalición sindical han manifestado que la medida significará el desmembramiento de la compañía, al señalar que “Jerí prefirió el negocio de la privatización antes que defender la seguridad y soberanía energética del Perú”, según recogió 'La República'.

El Gobierno, en tanto, ha argumentado que el decreto fue redactado con la finalidad de preservar la seguridad energética nacional y garantizar el suministro estable de combustibles, especialmente para las zonas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, donde la compañía mantiene el control de más del 85 por ciento del mercado. De acuerdo con funcionarios estatales citados por 'La República', la inyección de capital privado y la reestructuración buscan evitar crisis de abastecimiento que afectarían a estas regiones dependientes del trabajo y la logística de Petroperú.

La coyuntura política nacional también repercute en los acontecimientos internos de la empresa petrolera. Jerí, quien asumió la presidencia en funciones hasta el mes de julio de 2026, reemplazó a Dina Boluarte, jefa de Estado desde diciembre de 2022 tras el frustrado autogolpe de Pedro Castillo, actualmente encarcelado y último presidente electo en las urnas. Tanto Boluarte como Jerí figuran como investigados en diversos procesos judiciales, situación que añade más incertidumbre al proceso de privatización y reestructuración de la principal empresa estatal de hidrocarburos de Perú.

Organismos independientes han expresado cuestionamientos respecto al nivel de transparencia financiera durante este proceso de apertura al capital privado y la consistencia de la información difundida por las autoridades. Tras la decisión de Fitch Ratings de retirarse del análisis crediticio de la compañía, la vigilancia sobre la gestión económica y la rendición de cuentas se ha endurecido, de acuerdo con los testimonios recogidos por 'La República'. Los empleados y sus representantes argumentan que la falta de claridad en los procesos y la multiplicidad de cambios de liderazgo agudizan la desconfianza sobre el manejo responsable de los recursos públicos y la viabilidad de Petroperú como empresa estratégica para el país.

En el trasfondo de estas movilizaciones y disputas políticas, los trabajadores y sectores sindicalizados resaltan la preocupación por el posible impacto que tendría una eventual privatización en la autosuficiencia energética nacional. Alertan que el traspaso de activos claves a privados podría provocar una pérdida de control estatal sobre el abastecimiento de combustibles y materias primas core para el país. El debate sobre el futuro de Petroperú y la apertura al sector privado seguirá sujeto al desarrollo de las negociaciones entre autoridades, sindicatos y actores económicos involucrados, en el contexto de un escenario político marcado por la inestabilidad y la conflictividad social.