Al menos 544 muertos y más de 10.000 detenidos en las protestas en Irán, según el último balance de HRANA

El bloqueo de internet durante cuatro días consecutivos en Irán ha complicado la verificación y el flujo de información sobre las protestas que se extienden por las principales ciudades. Grupos como la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, han logrado recopilar un gran volumen de documentos gráficos provenientes de morgues en la región de Teherán, lo que ha contribuido al drástico incremento de la cifra oficial de víctimas mortales comunicada en las últimas horas. Según ha informado HRANA en su balance más reciente, al menos 544 personas han perdido la vida y otras 10.681 permanecen detenidas desde el inicio de las movilizaciones en protesta contra el Gobierno de Irán.

De acuerdo con los datos difundidos este domingo por HRANA en un comunicado, estas cifras reflejan un cambio sustancial en el recuento de fallecidos, que hasta el sábado ascendía a 116 personas. Esta diferencia se explica por la llegada de nueva documentación, así como por la dificultad general para recopilar información precisa en un contexto de restricciones al acceso digital impuestas por las autoridades. HRANA también ha señalado la existencia de “docenas” de muertes adicionales que actualmente se encuentran bajo investigación.

Las protestas en Irán comenzaron el 27 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán, motivadas originalmente por la abrupta devaluación de la moneda local, el rial. Sin embargo, estas reivindicaciones económicas han evolucionado en manifestaciones de mayor alcance político, extendiéndose rápidamente a otras ciudades relevantes del país, según difundió HRANA. El acceso a internet en la nación persa lleva interrumpido desde hace cuatro días, una medida que, según varias organizaciones defensoras de derechos humanos, tiene como objetivo dificultar el reporte independiente de lo que sucede en el país.

Mientras HRANA comunica un balance de más de 544 personas fallecidas, otras organizaciones presentan cifras diferentes. El Centro para los Derechos Humanos en Irán (IHRNGO), con sede en Noruega, ha reportado 192 muertos hasta la fecha, aunque matiza que “algunas fuentes hablan de más de 2.000 muertos”. La disparidad en los datos revela la complejidad para recabar información inequívoca en el marco de la censura gubernamental y los obstáculos técnicos. Además, IHRNGO ha hecho hincapié en que al menos nueve de los fallecidos eran menores de edad, lo que agrava el impacto social de la represión.

El deterioro de la situación se refleja también en las detenciones. HRANA contabiliza un total de 10.681 personas arrestadas desde el inicio de las protestas. Los medios estatales han confirmado la realización de detenciones masivas, refiriéndose a los manifestantes como “alborotadores”. En paralelo, la Fiscalía General ha declarado que todos los participantes de las protestas serán procesados bajo la figura de “mohareb”, es decir, enemigos de Alá, un cargo que puede conllevar la pena de muerte conforme al código penal de la República Islámica.

Las restricciones al acceso a internet dificultan la labor de monitoreo tanto de organizaciones locales como internacionales. Según consignó HRANA, la suspensión del servicio digital se implementó como parte de la estrategia de las autoridades para enfrentar las protestas, lo que ha limitado la llegada y difusión de información verificable. No obstante, la llegada de imágenes recientes provenientes de morgues permitió devolver cierta visibilidad a la dimensión de las pérdidas humanas ocurridas en la capital.

El director de IHRNGO, Mahmud Amiri-Moghaddam, alertó a través de declaraciones recogidas por el medio, sobre la posibilidad de que el número real de muertes sea aún mayor que el reportado actualmente. “Las muertes de manifestantes en los últimos días, en particular desde el corte a nivel nacional de internet, podría ser incluso mayor de lo que nos imaginamos ahora mismo”, advirtió, al tiempo que calificó la represión como “un crimen internacional contra el pueblo de Irán”. Amiri-Moghaddam también señaló la obligación de la comunidad internacional, conforme al derecho internacional, de emplear todos los medios posibles para poner fin a estas violaciones.

El bloqueo informativo ha recibido la condena de diversas asociaciones. HRANA enfatizó que la obstrucción del servicio de internet complica no solo la recopilación de casos, sino la capacidad de la ciudadanía y de los familiares de las víctimas para conocer el estado y el paradero de los detenidos. Este fenómeno se replica en los intentos por registrar el número real de fallecidos, con algunos reportes mencionando que los datos oficiales podrían estar por debajo de la realidad.

HRANA puso de relieve el desafío de dar seguimiento a la evolución de las protestas y las consecuencias directas de la falta de información en tiempo real. Destacó que la diferencia entre sus cifras y las proporcionadas por otras organizaciones responde, en parte, al acceso desigual de documentación y a los obstáculos para investigar dentro del país. Según informó el medio, las distintas fuentes no logran coincidir en los totales debido a la falta de transparencia estatal y a la represión sobre quienes intentan documentar los hechos.

Mientras las movilizaciones se mantienen vigentes en ciudades clave, la represión estatal ha implicado una escalada en las medidas coercitivas. HRANA ha insistido en que las condiciones de detención de los arrestados y la limitación al flujo de información pueden traducirse en mayores vulneraciones de derechos humanos en las próximas jornadas. La denuncia de la organización aborda también la preocupación de que la tipificación penal impuesta a los manifestantes incremente el riesgo de aplicación de sentencias capitales, en consonancia con las prácticas del sistema judicial local.

Los balances de HRANA, así como las alarmas emitidas por otros grupos como IHRNGO, coinciden en la urgente necesidad de monitoreo internacional y en la demanda de mayor presión diplomática sobre las autoridades iraníes. Las cifras notificadas evidencian el alcance del conflicto y la gravedad de la respuesta gubernamental a las protestas que, surgidas de una crisis económica, han evolucionado hacia reivindicaciones políticas de carácter nacional. La continuidad en la restricción del acceso a internet representa un reto para la transparencia y la protección de los derechos de los ciudadanos en el contexto actual.