UPA cree que tras el acuerdo entre UE-Mercosur se abre un "escenario atractivo" para el comercio

La inclusión de criterios más estrictos en las cláusulas de salvaguardia y el reforzamiento de los controles fronterizos forman parte de los elementos destacados por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) tras el reciente pacto entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur. Según informó Europa Press, el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, afirmó que estas medidas responden a demandas históricas del sector agrícola y ganadero y garantizan que ningún producto importado a la UE contenga plaguicidas peligrosos, además de asegurar la aplicación de auditorías en países terceros para comprobar el cumplimiento de los compromisos pactados. Cano resaltó que este avance llegó tras la insistencia del sector durante las negociaciones y se traduce, en su opinión, en un acuerdo más equilibrado y ventajoso de lo que se preveía en sus inicios.

De acuerdo con Europa Press, la presión ejercida tanto en movilizaciones como a través de reuniones con representantes de la Comisión Europea fue fundamental para que los productores lograran incorporar diversas reivindicaciones al texto final del acuerdo. “La presión que hemos ejercido en las calles y en las reuniones con diferentes comisarios en estos últimos meses han dado sus frutos y hemos conseguido un mejor acuerdo del que había previsto en un inicio”, declaró Cano, valorando positivamente la respuesta de las instituciones ante las inquietudes del sector. Para la UPA, la aprobación del tratado por parte de los 27 países miembros de la UE marca el comienzo de una etapa que consideran “atractiva” para el comercio agrícola y ganadero.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, Cano contextualizó el pacto resaltando la complejidad geopolítica y comercial actual, donde resulta imprescindible regirse por acuerdos claros y reglas definidas. Subrayó la importancia del marco normativo común que brinda el acuerdo para las relaciones entre ambos bloques y la necesidad de establecer reglas comerciales justas que beneficien a los productores tanto europeos como sudamericanos. Cano consideró que la oportunidad que ofrece el pacto involucra el acceso a un mercado potencial compuesto por más de 270 millones de personas en los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), que, sumados a los ciudadanos de la Unión Europea, conforman la mayor zona de libre comercio a escala global.

Europa Press detalló que, desde la perspectiva del representante de UPA, España se encuentra en condiciones propicias para aprovechar el nuevo escenario comercial, dado el peso de sectores como el aceite de oliva, los vinos y los productos lácteos, donde existen similitudes lingüísticas y culturales que podrían facilitar las exportaciones. Cano subrayó que este escenario puede favorecer especialmente a algunos productos característicos del campo español, potenciando la presencia internacional de estas producciones.

No obstante, la organización agraria, según publicó Europa Press, expresó prudencia ante posibles impactos adversos en ciertos sectores sensibles como el de la carne vacuna, aves de corral, maíz, azúcar y miel. Cano advirtió que es necesario mantenerse alerta y exigió “vigilancia” por parte de las administraciones para activar, si es preciso, las cláusulas de salvaguardia incluidas en el acuerdo. Este mecanismo, considerado por UPA una de las conquistas del pacto, busca proteger a los productores comunitarios frente a posibles distorsiones del mercado derivadas de un aumento de importaciones procedentes del Mercosur.

Según consignó el medio Europa Press, el secretario general de UPA hizo hincapié en la relevancia del fortalecimiento de controles fronterizos en la Unión Europea y la implantación de auditorías externas en los países de origen, lo que permitirá verificar que los productos exportados cumplan las normas europeas, especialmente en materia de protección fitosanitaria, bienestar animal y condiciones laborales. Estas exigencias, defendió Cano, reflejan un avance en la reciprocidad, es decir, en la homologación de condiciones para todos los productores, lo que busca evitar prácticas desleales y garantizar la competencia equitativa.

A pesar de estos avances, Cristóbal Cano lamentó, según Europa Press, que el sector agrario haya estado en gran medida apartado de los detalles y procedimientos de la negociación, reiterando la demanda de mayor transparencia y diálogo por parte de las autoridades comunitarias en futuros procesos similares. El dirigente agrícola insistió en que la inclusión de las demandas del sector es el resultado de una presión constante y organizada, destinada a lograr unas condiciones de competencia equilibradas en beneficio de la actividad rural europea.

En relación con el contexto normativo, Europa Press reportó que Cano insistió en la urgencia de contar con reglas claras y duraderas que permitan a productores y exportadores planificarse en el medio y largo plazo. El responsable de la UPA consideró que el acuerdo con Mercosur debe servir de referencia para la formulación de futuros acuerdos comerciales internacionales, donde el respeto de estándares ambientales y laborales quede garantizado como parte esencial de los compromisos pactados.

Las declaraciones del secretario general de la UPA y los detalles proporcionados por Europa Press muestran que, pese a los retos y complejidades, se ha sentado una base que puede ofrecer nuevas oportunidades para el sector agrario europeo, siempre y cuando se vigilen los riesgos potenciales derivados del intercambio comercial con el Mercosur y se mantenga la firmeza en la aplicación de las reformas acordadas en el nuevo marco normativo.

El acuerdo, recalcó Cano en declaraciones reproducidas por Europa Press, supone “una oportunidad para agricultores y ganaderos, ya que permite un intercambio comercial con un amplio número de millones de habitantes, siguiendo la senda de la producción que tenemos y, sobre todo, tener reglas comerciales justas y que beneficien a los productores de ambos lados del Atlántico.” El líder agrario remarcó que continuará la labor de monitoreo y diálogo con las autoridades y organismos comunitarios para asegurar que la ejecución del acuerdo respete los intereses y necesidades del campo.