Más de 50 muertos por las protestas antigubernamentales en Irán, según una ONG iraní

La interrupción de Internet implementada por el gobierno iraní durante las últimas jornadas ha traído a la memoria las protestas de noviembre de 2019, cuando una represión similar derivó en cientos de personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad. Según cifras difundidas por la ONG Iran Human Rights y citadas en medios internacionales, la represión de las movilizaciones actuales ha provocado ya al menos 51 fallecimientos, entre ellos nueve menores de edad, desde que comenzaron las manifestaciones en diversos puntos de Irán tras el agravamiento de la crisis económica y energética. La organización también señaló que el uso de la fuerza estatal ha escalado en los trece días recientes.

De acuerdo con Iran Human Rights, la cifra de muertes ha seguido en aumento cada día, mientras la respuesta oficial recrudece en tono y acciones. El director de la organización, Mahmud Amiri-Moghaddam, expresó públicamente que la desconexión de Internet en el país constituye una táctica de control social que dificulta la acreditación de abusos y evita el flujo de información internacional acerca del desarrollo de los acontecimientos. Iran Human Rights resaltó este punto en un comunicado, donde se indicó que las medidas actuales del gobierno repiten el patrón represivo registrado en situaciones previas de agitación social.

La cobertura de los hechos realizada por medios internacionales y retomada por la ONG ha detallado que las protestas surgen del progresivo deterioro en las condiciones de vida de la población iraní, en medio de una inflación creciente, fallas en el suministro energético y otras dificultades económicas que han sumido a amplios sectores en situaciones de precariedad. Manifestaciones y concentraciones se han extendido a múltiples ciudades del país, y han contado con una activa participación de jóvenes, según consignó Iran Human Rights, lo cual explica la presencia de menores entre las víctimas reportadas.

En respuesta a las movilizaciones, las autoridades judiciales iraníes han endurecido el discurso. Tal como consignó la agencia estatal y replicó Iran Human Rights, el jefe del aparato judicial, Gholamhosein Mohseni-Ejei, utilizó la palabra “alborotadores” para referirse a los participantes en las protestas y prometió represalias severas. Según la declaración de Mohseni-Ejei, las personas involucradas enfrentarán “castigos severos” bajo acusaciones de perturbar la seguridad nacional. Estas afirmaciones fueron distribuidas mediante órganos oficiales de prensa.

El servicio de Inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica también emitió una advertencia pública, en la que dejó constancia de que consideran “inaceptable” la permanencia de la protesta. En su declaración, el organismo acusó a los líderes y organizadores de ser responsables directos de las muertes registradas y afirmó que “la sangre de las víctimas recae sobre los autores intelectuales” de la movilización. El comunicado publicado por la agencia de noticias Tasnim, citada por Iran Human Rights, describe que la postura oficial busca “salvaguardar los logros del régimen” y garantizar la paz interna como líneas rojas inquebrantables.

Durante la jornada del viernes, el líder supremo iraní, ayatolá Alí Jamenei, se refirió directamente a lo que describe como una injerencia extranjera en la crisis. En un discurso emitido por la radiotelevisión estatal IRIB y reproducido por varios medios, el máximo dirigente iraní acusó al expresidente estadounidense Donald Trump de haber incitado los disturbios en territorio iraní, alineando los problemas internos con supuestos intereses externos contrarios al régimen. El discurso de Jamenei posiciona a Estados Unidos y a su anterior mandatario como responsables internacionales de la magnitud alcanzada por las protestas, según reportó la radiotelevisión local.

Mientras tanto, la reacción policial y militar no ha disminuido, según informaron distintos partes oficiales y organizaciones defensoras de derechos humanos, que mantienen vigilancia sobre el desarrollo de las acciones estatales frente a la protesta social. Iran Human Rights continúa denunciando la imposibilidad de acceso a canales de comunicación y la obstrucción al trabajo de la prensa y de observadores independientes, lo que limita la capacidad de registrar con precisión la evolución de la situación y el número de víctimas.

El contexto delineado por las fuentes locales y las organizaciones internacionales consultadas destaca cómo las movilizaciones han combinado el descontento por la situación económica con un rechazo a las restricciones impuestas en la vida pública y la censura ejercida por el gobierno, según las declaraciones recogidas y el análisis publicado por Iran Human Rights y la agencia Tasnim. Las autoridades han reiterado que la prioridad se centra en mantener la estabilidad del régimen y han advertido que ejercerán todo el peso de la ley para acallar los disturbios y restablecer el orden.