
Hazte Oír, organización que ha denunciado la supuesta implicación internacional de estructuras criminales vinculadas al régimen venezolano, sostiene que España debe impulsar una investigación exhaustiva incluso cuando los hechos presuntamente hayan ocurrido fuera del país. En el centro de esta querella apunta al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por una presunta colaboración con la estructura criminal dirigida por Nicolás Maduro. Según informó Europa Press, la Audiencia Nacional consultó a la Fiscalía sobre si el tribunal reúne la competencia necesaria para abordar el caso promovido por Hazte Oír, que alega la comisión en el extranjero de delitos graves presuntamente cometidos por Zapatero en coordinación con el gobierno venezolano.
El magistrado Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, resolvió la apertura de diligencias previas para esclarecer la naturaleza de los hechos. Mediante un auto, al que accedió Europa Press, Piña emplazó al Ministerio Fiscal para que emita un informe sobre la competencia de la Audiencia Nacional respecto a los hechos denunciados. El juez reconoce que las actuaciones previas muestran elementos que podrían apuntar a la existencia de infracciones penales, aunque destaca que la naturaleza específica y las circunstancias aún requieren clarificación. Por este motivo, dictó la instrucción de diligencias previas para la determinación de los hechos y el procedimiento judicial aplicable.
De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la denuncia presentada por la asociación incluye acusaciones por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Hazte Oír argumenta que la competencia recae en la Audiencia Nacional debido a que Rodríguez Zapatero, como ciudadano español, habría cometido supuestamente estos delitos fuera del territorio nacional. El colectivo también reclama la adopción de medidas cautelarísimas, entre las que se incluyen la retirada de su pasaporte, la prohibición de salida de España y la obligación de comparecencia semanal ante el juzgado.
La entidad pide, además, que el expresidente socialista declare en calidad de investigado y solicita la citación como testigos de figuras relevantes como el exministro José Luis Ábalos, el exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Europa Press indica que la asociación subraya la necesidad de que los hechos investigados en otros países, como Estados Unidos, no permanezcan sin examinar en instancias españolas. En su argumentación, Hazte Oír recalca que la posible existencia de una organización criminal orientada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales, junto con la implicación de quienes hayan facilitado su operativa e impunidad internacional, obliga a la jurisdicción española a actuar de manera firme en la investigación judicial.
Hazte Oír asegura que la supuesta intervención de Rodríguez Zapatero no se habría limitado a actividades políticas o diplomáticas, sino que habría contribuido de manera decisiva a fortalecer y facilitar las operaciones del régimen de Maduro a escala internacional. Según lo recopilado por Europa Press, la asociación sostiene que esta colaboración permitiría fortalecer la capacidad de acción de la estructura criminal, garantizar su cobertura exterior y asegurar la continuidad del régimen. Por ello, entienden que corresponde a los tribunales españoles investigar a fondo estos hechos y depurar, en su caso, las posibles responsabilidades penales.
La presentación de la querella y las diligencias acordadas marcan un paso inicial dentro del proceso judicial para determinar si los hechos denunciados cuentan con base suficiente y pueden ser juzgados en España. Al solicitar la opinión de la Fiscalía, la Audiencia Nacional busca esclarecer si el tribunal es el órgano adecuado para instruir una investigación que involucra delitos presuntamente cometidos más allá de las fronteras nacionales por un ciudadano español con destacada relevancia política. El pronunciamiento del Ministerio Fiscal resultará determinante en la evolución y alcance de la pesquisa.
Europa Press precisa que el juez Piña, en su resolución, condicionó la continuación del proceso a la identificación clara de la naturaleza y circunstancias de los hechos. Solo a partir de este análisis se definirá el procedimiento judicial aplicable. Mientras tanto, la petición de Hazte Oír de establecer medidas cautelarísimas refleja la gravedad de los delitos que atribuye al expresidente y la urgencia que la asociación percibe en impedir eventuales movimientos internacionales que pudieran obstaculizar la acción judicial.
La citación de testigos solicitada por la asociación incluye a personalidades políticas y empresariales que, según Hazte Oír, podrían aportar información clave sobre la presunta colaboración y el funcionamiento de la supuesta estructura criminal. Europa Press relata que este escenario abre la puerta a que diversas figuras públicas sean llamadas a declarar en caso de que el procedimiento avance tras el informe de la Fiscalía.
Las diligencias ahora abiertas buscan esclarecer si efectivamente existen indicios sólidos para iniciar un procedimiento penal contra Rodríguez Zapatero por las acusaciones de Hazte Oír. La Audiencia Nacional, como señala Europa Press, evaluará no solo la naturaleza de los delitos planteados, sino también la posible repercusión internacional de las investigaciones, dada la alegación de que los delitos presuntamente se cometieron fuera de España.
Este procedimiento se enmarca en una dinámica de controles judiciales sobre la actuación de figuras políticas españolas en el ámbito internacional, sometidas al escrutinio de los órganos jurisdiccionales cuando existen denuncias sobre su posible vinculación con actividades delictivas. Europa Press informa que la Audiencia Nacional optó por un análisis riguroso, solicitando al Ministerio Fiscal que delimite si el caso puede encuadrarse dentro de su competencia.
Hasta tanto la Fiscalía remita su informe, la causa permanece a la espera de que se defina si los hechos denunciados por Hazte Oír reúnen los elementos necesarios para abrir una investigación penal en España contra Rodríguez Zapatero e iniciar la correspondiente instrucción judicial.