Greepeace ve "perjudicial" para afrontar el cambio climático el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur

Las negociaciones entre la Unión Europea y el bloque de países sudamericanos Mercosur, que integran Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, continúan generando polémica debido a la preocupación de que el acuerdo comercial propuesto pueda afectar negativamente a la selva amazónica y dificultar las acciones globales frente al cambio climático, según expresó Greenpeace en declaraciones recogidas por Europa Press. La organización ambientalista criticó la inminente firma del tratado, alertando sobre su impacto ambiental y la falta de transparencia en el proceso de negociación, aspectos que han generado oposición tanto en América del Sur como en Europa.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planea viajar la próxima semana a Paraguay para formalizar la firma del acuerdo comercial con Mercosur. Esta acción se llevará a cabo aun cuando el Parlamento Europeo aún no ha manifestado formalmente su apoyo al tratado, un hecho que preocupa a organizaciones ambientales y a algunos sectores políticos. Representantes de Greenpeace consideraron que la Comisión Europea actúa como si el acuerdo ya fuera definitivo, aunque la ratificación aún depende de varios parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo, que conserva la capacidad tanto de aprobarlo como de rechazarlo, aunque no podrá introducir modificaciones al texto pactado.

Greenpeace consideró el acuerdo como un obstáculo para la transición ecológica y los esfuerzos internacionales dirigidos a combatir la emergencia climática. Lis Cunha, portavoz de Greenpeace en la Unión Europea, declaró que ningún eurodiputado progresista que defienda la protección de los bosques debería apoyar la ratificación de este acuerdo, al que describió como perjudicial para la selva amazónica. La portavoz subrayó que el tratado resulta impopular y que la Comisión estaría proyectando una imagen de confianza en Paraguay, mientras las objeciones persisten en el seno del Parlamento Europeo y en la opinión pública.

En la misma línea, Rómulo Batista, representante de la oficina brasileña de Greenpeace, advirtió que el acuerdo se ha negociado "sin participación social ni transparencia". Batista remarcó que el documento tiene consecuencias económicas, sociales, políticas y ambientales para la sociedad brasileña, la Amazonía y otros países del bloque Mercosur. Estas opiniones coinciden con las críticas expresadas por diversos sectores e instituciones a lo largo del proceso, especialmente en lo que se refiere a la protección de los ecosistemas y la consulta a la ciudadanía.

La decisión de avanzar hacia la firma del acuerdo recibió luz verde este viernes por parte de los 27 Estados miembro de la Unión Europea, con una mayoría calificada, en el marco de una reunión a nivel de embajadores en Bruselas. Según detalló Europa Press, esta aprobación antecedió a la formalización de salvaguardas destinadas a reforzar la protección del sector agroalimentario en Europa, acuerdos que se negociaron durante diciembre pasado. Tras la conclusión del procedimiento escrito, programada para las 17:00 horas de ese mismo día, la Comisión Europea quedó habilitada oficialmente para proceder a la firma del tratado.

Pese al avance, el visto bueno de los Estados miembro no fue unánime. Los gobiernos de Francia y Hungría expresaron su rechazo durante las deliberaciones, aunque no consiguieron bloquear el mandato final debido al sistema de mayoría calificada que regula estas decisiones. La posición de estos países refleja las divisiones internas dentro del bloque europeo en relación con los posibles efectos del acuerdo sobre la agricultura y el medio ambiente.

El medio Europa Press consignó que, junto con Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, participará en la suscripción del tratado con los países de Mercosur. La firma permitirá que el componente comercial del acuerdo entre en vigor de manera inmediata y provisional, hasta que concluya el proceso de ratificación completo en ambas regiones y se obtenga la aprobación definitiva de los órganos legislativos pertinentes.

El procedimiento de ratificación requiere el respaldo tanto del Parlamento Europeo como de los parlamentos nacionales de los países involucrados. Los eurodiputados tendrán la opción de aceptar o rechazar el acuerdo, pero no de modificarlo, lo que también ha sido motivo de debate y objeciones entre diferentes sectores políticos y sociales. Greenpreace advirtió que la forma en que se desarrolla el proceso puede limitar la participación democrática y la transparencia en la toma de decisiones sobre temas con consecuencias ambientales de gran escala.

La crítica principal de las organizaciones ambientales radica en que el acuerdo, tal como está formulado, podría incrementar la presión sobre los recursos naturales en la Amazonía, ya que facilitaría el comercio de productos agrícolas y ganaderos asociados a la deforestación y otros problemas ecológicos. Según reportó Europa Press, Greenpeace subrayó la necesidad de debatir públicamente los términos del tratado y sus posibles implicancias, enfatizando la importancia de involucrar a la sociedad civil y a expertos ambientales en la evaluación de sus riesgos y beneficios.

Los países sudamericanos que conforman Mercosur, junto con la Unión Europea, han negociado durante años los términos de este acuerdo, cuyo objetivo declarado es fomentar los intercambios comerciales y la cooperación estratégica. Las negociaciones han incluido discusiones sobre la protección de los sectores productivos europeos, especialmente en el ámbito agroalimentario, así como el establecimiento de mecanismos de salvaguarda frente a prácticas que puedan afectar a las economías locales y al ambiente.

El contenido del acuerdo y la premura en su aprobación han encendido el debate tanto en Europa como en América del Sur sobre los límites y responsabilidades en materia de comercio internacional, desarrollo sostenible y protección de los ecosistemas críticos, como la Amazonía. Según la información de Europa Press, la postura de los sectores críticos se basa en la demanda de mayores garantías para el respeto de los derechos sociales, ambientales y de participación en el proceso decidor.

El futuro del acuerdo depende ahora de los próximos pasos legislativos y políticos en ambas regiones, mientras sectores ambientalistas, sociales y algunos gobiernos nacionales siguen manifestando su preocupación y demandan que se consideren a fondo las consecuencias del tratado antes de su ratificación definitiva.