Bolaños dice que el Vaticano "empujó" el acuerdo sobre abusos pero el "entusiasmo de algunos obispos no es máximo"

En el marco de las visitas oficiales al Vaticano, ha quedado manifiesto un interés especial de la Santa Sede por contribuir a la creación de un plan conjunto entre el Estado español y la Iglesia para la reparación de víctimas de abusos sexuales cometidos en el ámbito eclesiástico. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha puesto de relieve este papel destacado del Vaticano, mientras todavía persisten obstáculos derivados del nivel de apoyo variable entre los obispos españoles hacia el pacto alcanzado. Según informó Europa Press, Bolaños señala que el entusiasmo de varios representantes eclesiásticos no se encuentra al mismo nivel que el de la jerarquía vaticana, lo cual influye directamente en la implementación de las medidas previstas.

Durante una entrevista concedida a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Bolaños repasó su experiencia directa con el Papa Francisco en distintos encuentros desde el año 2022. De acuerdo con el ministro, a través de dichas conversaciones y durante posteriores visitas a la Santa Sede, pudo constatar la implicación tanto del pontífice actual como de su predecesor. El Vaticano habría mostrado un compromiso decidido con el impulso del acuerdo, buscando la elaboración de medidas correctivas para quienes atravesaron situaciones de abuso, ocultamiento y desatención por parte de instancias oficiales de la Iglesia española.

El medio Europa Press detalló que la comisión pontificia creada con alcance internacional tiene como objetivo garantizar que dichas medidas correctivas tengan aplicación práctica efectiva, considerando las diferencias significativas entre diócesis y países. Bolaños afirma que “hay obispos que están comprometidos y otros que no tanto”, subrayando la diversidad de actitudes dentro del propio episcopado español frente al acuerdo sellado con el gobierno de España.

Al referirse específicamente a la actitud de los representantes eclesiásticos españoles, el ministro señaló que “la Iglesia española ha firmado el acuerdo y lo ha sometido a los órganos pertinentes para su valoración; sin embargo, el entusiasmo de algunos obispos no es máximo por este acuerdo”. Europa Press informa que, desde la perspectiva de Bolaños, la existencia de normas y baremos dentro del pacto constituye un cambio de actitud en la institución eclesiástica, que hasta la fecha no había asumido tales compromisos de forma tan explícita.

Entre los elementos destacados por Bolaños figura el alcance del Estado en el proceso. Según indicó, la tutela estatal del procedimiento busca equiparar los derechos de todas las víctimas, independientemente de la implicación particular de cada diócesis o del interés que demuestren los obispos en la aplicación del acuerdo. “El Estado estará encima para que las víctimas de este territorio también tengan los mismos derechos, que haya igualdad entre todas las que han sufrido el delito en cualquier momento”, declaró el ministro según publicó Europa Press. Argumentó, además, que la presencia estatal garantiza que la respuesta institucional no dependa de la voluntad específica de un representante, sino que se aplique de manera uniforme a nivel nacional.

En cuanto a la operación concreta del sistema de compensación para las víctimas, Bolaños admitió que la casuística es amplia y variable. Hay situaciones tratables con terapias psicológicas de corta duración y mínima inversión, según informó Europa Press, mientras otros casos implican daños de mayor gravedad que afectan a la vida diaria de las personas afectadas. Por este motivo, el ministro aseguró que la revisión se llevará a cabo individualmente bajo la responsabilidad del Defensor del Pueblo, con el objetivo de resolver cada solicitud a través del acuerdo entre la Iglesia Católica y la víctima. Cuando no haya conciliación, se prevé la formación de una comisión mixta en la que participarán tanto representantes del Estado, la Iglesia, las víctimas y las asociaciones vinculadas. Si de nuevo no se llegara a acuerdo, recaerá sobre el Defensor del Pueblo la decisión final, la cual, según aseguró Bolaños, será definitiva e inapelable.

Además de insistir en la importancia de que el Estado supervise todo el proceso, el titular de la cartera de Presidencia recalcó que no se restringirán los recursos necesarios para que el sistema funcione con rapidez y rigor. “No se va a escatimar en recursos para que este sistema de reparación a las víctimas de abusos pueda funcionar con agilidad y con justicia, porque es lo que se está haciendo, justicia”, informó Europa Press citando las palabras de Bolaños.

En relación con el ámbito político, Europa Press consignó que el ministro expresó su desacuerdo con recientes declaraciones de Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid. Argüello aludió en un pronunciamiento público a la posibilidad de “una cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos” ante la actual situación política en el país. Bolaños sostuvo, según reportó el medio, que la Iglesia católica debería mantener una postura neutral en cuestiones políticas, argumentando que su base social está compuesta por personas con preferencias diversas.

El ministro reconoció la existencia de diferencias considerables con la Conferencia Episcopal en temas de posicionamiento político, pero recalcó que, a pesar de las discrepancias, el gobierno ha demostrado capacidad de negociación y ha logrado llegar a un consenso en un asunto fundamental como es la reparación a las personas que sufrieron abusos. Según citó Europa Press, Bolaños valoró el entendimiento alcanzado, aunque resaltó que las declaraciones públicas del presidente de la Conferencia Episcopal se alinean con los postulados de partidos de derechas y ultraderecha.

Europa Press también informó que el acuerdo presentado implica la intervención del Estado como garante y supervisor para que las soluciones no queden supeditadas a factores individuales dentro de la Iglesia. El dispositivo contempla mecanismos de control y verificación, así como la participación de diferentes actores que aseguran transparencia y equidad en el trato a las víctimas. Ante la complejidad y diversidad de los casos a tratar, el sistema propuesto proyecta una atención diferenciada y exhaustiva para cada persona que haya enfrentado situaciones de abuso en el seno de la Iglesia, aplicándose independientemente del territorio o la diócesis en que sucedieran los hechos.

El procedimiento aprobado, según la información de Europa Press, prevé una secuencia clara en la resolución de los casos: inicialmente se busca el acuerdo entre la víctima y la Iglesia, en segundo término la intervención de una comisión mixta, y finalmente, cuando faltan consensos, la decisión recae sobre el Defensor del Pueblo como última instancia. Todo este proceso busca asegurar que las víctimas reciban el reconocimiento y la compensación adecuada, sin distinción territorial ni económica, apoyado en el firme compromiso del Estado español y la colaboración anunciada por la Santa Sede.