Se confirma el traslado de Canarias a la Península de "600 ó 700" menores migrantes en los últimos 6 meses

Torres indicó que los expedientes relativos a los menores llegados antes de la actual contingencia migratoria aún no han sido remitidos a la delegación del Gobierno, proceso necesario para concretar su traslado antes de marzo de 2026. Según informó Europa Press, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática explicó que, aunque la normativa exige que estos documentos se entreguen con al menos cuatro meses de antelación, hasta el momento las administraciones de Canarias, Ceuta y Melilla no han completado este trámite. Este retraso podría incidir en la distribución de los menores migrantes no acompañados que permanecen en estos territorios.

Durante una entrevista concedida a Radio Marca Tenerife, recogida por Europa Press, Torres confirmó que en los últimos seis meses de 2025 se gestionó el traslado de entre 600 y 700 menores extranjeros no acompañados desde Canarias hacia la Península. El ministro calificó esta operación como un avance histórico en la gestión migratoria del país, debido a la implicación de varias administraciones y la superación de diversas dificultades asociadas al proceso de reubicación.

El medio Europa Press detalló que la modificación legislativa impulsada por el Gobierno de España, y aprobada en el Consejo de Ministros, permitió acelerar la movilización de los menores migrantes que llegaron durante la reciente contingencia migratoria. Según la nueva normativa, los expedientes de estos menores debían completarse en un plazo de quince días desde su llegada para posibilitar su traslado fuera de Canarias; el ministro aseguró que este procedimiento se cumplió tal como lo establece la ley.

Por otro lado, Torres insistió en que aquellos menores que ya se encontraban en las islas, así como en Ceuta y Melilla, antes del aumento de llegadas vinculado a la contingencia, requieren un proceso distinto. El envío tardío o incompleto de los expedientes podría demorar su salida de estos territorios fronterizos, ya que la ley determina que deben estar reubicados antes de marzo de 2026, siempre que las administraciones territoriales remitan la documentación en los plazos estipulados.

El ministro reiteró la dificultad operativa que plantea este proceso, ya que intervienen administraciones estatales, autonómicas y locales. En este contexto, pidió colaboración a las regiones implicadas para agilizar la tramitación de los expedientes pendientes y así cumplir con los plazos legales. “Tiendo la mano para que Canarias, Ceuta y Melilla envíen los expedientes, lo que permitirá dar cumplimiento a la ley”, expresó el titular de Política Territorial, según publicó Europa Press.

Durante la entrevista, Torres también advirtió de la posibilidad de retroceso en estas políticas si, tras futuras elecciones, accedieran al gobierno sectores políticos que rechazaron la reciente reforma legislativa. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, el ministro sostuvo que “la amenaza” de que se derogue la modificación del artículo 35 es real si la ultraderecha asume una posición de poder o influencia en el Ejecutivo español. En ese caso, se pondría en riesgo la continuidad del mecanismo que facilita el traslado de los menores migrantes fuera de los territorios frontera.

Torres remarcó su distancia de posibles polémicas políticas, señalando que su prioridad ha sido la consecución de un proceso que muy pocas veces se había logrado de esta forma en la historia reciente. El titular de la cartera defendió el carácter legal y obligatorio de la norma que estableció la redistribución de los menores llegados en el periodo de contingencia y subrayó la relevancia del hito alcanzado pese a los riesgos de involución que, según remarcó, existen en el actual panorama político.

La información difundida por Europa Press contextualiza que, bajo el nuevo marco legal impulsado por el Gobierno, España intentó responder a la concentración de menores extranjeros no acompañados en puntos calientes de entrada migratoria como Canarias, Ceuta y Melilla. La reforma buscó un reparto más equitativo que evitara la saturación de las infraestructuras y servicios sociales de estos territorios fronterizos, una situación que recurrentemente ha generado tensiones y desafíos administrativos.

Torres defendió que, al margen del debate político, los mecanismos de solidaridad y responsabilidad compartida representan el camino para garantizar la atención y los derechos de los menores migrantes, avanzando en la descentralización de su acogida y permitiendo que otras comunidades autónomas contribuyan a la integración de estos niños y adolescentes.

La entrevista recogida por Europa Press subraya que, aunque el traslado de cerca de 700 menores constituye un logro según el ministro, la plena implementación de la normativa aún depende de la colaboración entre las distintas administraciones implicadas, especialmente respecto a los casos que permanecen pendientes por la falta de envío de los expedientes requeridos por ley.

El ministro concluyó manifestando que evitar que los menores migrantes permanezcan en condiciones de saturación en los territorios frontera constituye el objetivo principal de la estrategia gubernamental y reiteró la urgencia de continuar con este modelo de cooperación institucional, dado que la gestión de la migración de menores no acompañados sigue siendo un asunto complejo y sujeto a riesgos políticos futuros, según advirtió el propio titular de Política Territorial.