El partido del expresidente Yoon pide perdón por la declaración de ley marcial que llevó a su destitución

Jang Dong Hyeok, líder del Partido del Poder Popular (PPP) de Corea del Sur, manifestó durante una comparecencia ante los medios que su partido ha optado por marcar distancia respecto al expresidente Yoon Suk Yeol tras los sucesos que llevaron a la imposición de la ley marcial en diciembre de 2024. El propio Dong Hyeok explicó que la decisión busca asumir plenamente la responsabilidad derivada de aquella medida, la cual estuvo a cargo del entonces mandatario y presidente del partido. Según publicó la agencia Yonhap, el máximo dirigente del PPP pidió perdón por los hechos y reconoció que la declaración de la ley marcial desencadenó una situación de "gran confusión entre la población" y "provocó mucho dolor a los miembros de este partido".

El dirigente opositor subrayó la magnitud de la crisis política originada a raíz de este acontecimiento y expresó que el PPP busca ahora "abordar errores y la responsabilidad dentro del partido", con el objetivo de propiciar "un nuevo comienzo que cumpla las expectativas de la población". Tal como detalló Yonhap, Dong Hyeok afirmó en su intervención que aceptar la responsabilidad resulta fundamental ya que el PPP era la formación gobernante al momento de la declaración marcial, remarcando que la respuesta de entonces fue "inapropiada". Añadió que el partido mantendrá "la mente abierta" y se encuentra dispuesto a colaborar con otras agrupaciones siempre que "coincidan en los valores de la democracia liberal" y trabajen para "prevenir un Gobierno autoritario" bajo la Administración del presidente Lee Jae Myung.

El informe reciente del consejo especial de investigación, dirigido por el fiscal especial Cho Eun Suk, señaló que Yoon Suk Yeol declaró la ley marcial con el propósito de asegurar su permanencia en el poder. Según consignó Yonhap, las pesquisas determinaron que los preparativos para la implantación de la ley marcial comenzaron hasta un año antes del decreto formal, el 3 de diciembre de 2024.

La investigación también expuso que el expresidente Yoon intentó agravar las tensiones con Corea del Norte a fin de justificar la imposición de la medida. Entre las acciones identificadas se incluyó el envío de drones con propaganda contra el régimen norcoreano, aunque estos actos no derivaron en una respuesta bélica directa por parte de Pyongyang, según reportó la agencia de noticias surcoreana.

El equipo de investigación especial sostuvo, además, que la declaración de la ley marcial respondió a la intención de impedir posibles intervenciones extranjeras. El informe resaltó que Yoon buscó evitar principalmente una injerencia de Estados Unidos, en un contexto en el que el país norteamericano atravesaba el proceso de transición presidencial de Joe Biden a Donald Trump.

De acuerdo con lo informado por Yonhap, tras la destitución de Yoon, el Partido del Poder Popular tomó la decisión de tomar distancia de su exlíder, quien actualmente enfrenta cargos relacionados con incitación a la insurrección y abuso de poder. Dong Hyeok reafirmó que la agrupación busca asumir un papel más transparente y responder a las exigencias de la ciudadanía que demanda responsabilidades claras a quienes estuvieron implicados en los sucesos de diciembre.

Durante su declaración pública, Jang Dong Hyeok recalcó que el PPP reconoce la gravedad de la crisis generada y se compromete a revisar sus procedimientos y decisiones, proponiéndose instaurar mecanismos que alineen mejor las acciones del partido con los principios democráticos. Además, sostuvo que la agrupación valora la posibilidad de acuerdos con otros sectores políticos para garantizar la estabilidad institucional y evitar futuros episodios similares.

El episodio de la ley marcial dejó una huella profunda en el panorama político surcoreano, al haber puesto en evidencia tensiones internas tanto en el partido como en la sociedad, según reflejaron distintas intervenciones recogidas por Yonhap. La reflexión pública promovida por la actual dirección del PPP forma parte de un proceso de rendición de cuentas en el que el partido busca reconstruir la confianza con su electorado y con el conjunto del país tras uno de los momentos más críticos de la política nacional reciente.